Este artículo fue publicado originalmente en la edición mensual de Alternativa Socialista, editada el 10 de agosto.
Así se titula un libro del reconocido constitucionalista Roberto Gargarella. Y es muy cierto, porque todos los derechos se lograron con muchos años de luchas, huelgas, marchas, piquetes, es decir, protestas. Y también así se defienden los derechos si son atacados, y se amplían, si se puede. El gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich está atacando todos los derechos. Analizamos las causas de esa ofensiva represiva, en qué consiste y cómo resistirla.
El ajuste no pasa sin represión
Este sistema capitalista está en crisis y en decadencia. Para salvarse ataca todos los derechos: sociales, laborales, sindicales, previsionales, de género, ambientales y soberanos. Como es un ajuste de magnitud inédita, para poder imponerlo necesitan también un recorte inédito de los derechos democráticos, apuntando a que la gente se la banque callada y sin chistar. Al mismo tiempo, intentan un nuevo formato de régimen y se preparan, porque saben que el pueblo trabajador y la juventud responden y van a seguir respondiendo con luchas. Así, el mundo vive una polarización inusitada: en un polo el avance de la ultraderecha, que tiene la gran tarea de transformar regresivamente todo para darle aire al sistema capitalista, y en el otro polo, frente a este avance, crece la movilización de los explotados.
En efecto, la tendencia de los gobiernos y regímenes a un mayor autoritarismo represivo no es una cuestión nacional: es un fenómeno internacional porque en todos los países los planes de austeridad son similares en respuesta a la misma crisis capitalista. Además, la crisis agudiza la disputa por la hegemonía interimperialista, lo que lleva a una carrera de posiciones que se evidencia entre otras cosas, en el crecimiento del armamentismo.
En nuestro país, este ataque profundo dio un salto con el gobierno de Milei. Si bien no es nuevo, puesto que Menem utilizó por primera vez a la Gendarmería para represión interna y los gobiernos de Néstor y Cristina impulsaron y legitimaron las leyes “antiterroristas”, que en el marco de “la ley bases”, fueron utilizadas por Stornelli y Servini para la acusación inicial a los detenidos el pasado 12 de junio. Sin embargo, Milei va mucho más allá y en sintonía con otros gobiernos del mundo pretende avanzar en un peligroso cambio de régimen político.
Desde el inicio de su presidencia, el pasado 10 de diciembre, Javier Milei ha expresado un rechazo sistemático a la protesta social y a las organizaciones sociales y partidos políticos opositores, en especial a las expresiones de izquierda que son las que vienen denunciando y desarrollando un plan de lucha contra el ajuste en curso. Por esa razón, para Milei era clave impedir la protesta. En sintonía con esa idea, Bullrich presentó la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, titulada “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” y publicada en el Boletín Oficial con fecha 15/12/23 1. El mencionado protocolo fue cuestionado ante la Justicia por numerosas personalidades y organizaciones de la sociedad civil por resultar inconstitucional. Sin embargo, ninguno de estos procesos judiciales ha tenido resolución al día de la fecha.
Nuestra constitución consagra como derechos la libertad de opinión y de expresión, y de no ser perseguido a causa de esas opiniones. Asimismo, se enuncia el derecho de difundir esas ideas, de peticionar ante las autoridades y el derecho a huelga. Los artículos 14, 14bis y 19 de la CN (Constitución Nacional) enumeran un bloque de derechos que son la garantía del primer derecho, “el derecho a la protesta”. La existencia de este derecho permite la protección de todos los derechos consagrados en la CN, leyes nacionales o locales y habilita la posibilidad de obtener nuevos derechos.
El protocolo de Bullrich y Milei cercena de cuajo el derecho a la protesta y ataca al debido proceso legal y a nuestro derecho penal. Este avance del poder ejecutivo se asienta en la complicidad del Poder Judicial que, en vez de adoptar medidas para garantizar el derecho a la protesta, impulsa causas judiciales en el marco de detenciones arbitrarias en los operativos contra las movilizaciones populares que hubo desde el 20 de diciembre.
En la Argentina, con el proceso político y social que llevó a la caída de la dictadura genocida y por el Argentinazo de 2001, obtuvimos conquistas enormes a nivel democrático. Tal es así, que fuimos el único país del mundo en juzgar un genocidio cometido por el propio Estado y donde, además, se lograron amplios márgenes para la movilización popular. Por lo tanto, es especialmente en nuestro país donde necesitan liquidar esos logros, borrar la historia y nuestra memoria. Por eso también, hay una campaña ideológica y material contra los derechos humanos. Ver recuadro sobre negacionismo.
Un ataque en todos los frentes
Con el gobierno de Milei hay más criminalización a las luchas y una fuerte persecución a organizaciones sociales y políticas. La existencia del protocolo de Bullrich, junto con los operativos montados, intentan frenar y judicializar a los que luchan.
En las manifestaciones populares llevadas a cabo desde el 20 de diciembre de 2023, se desplegaron, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad, violentos y desmedidos operativos represivos contra las protestas pacíficas. Profundizándose el día 12 de junio de 2024 cuando se realizó en el Senado de la Nación el tratamiento de la denominada “Ley Bases”. Por orden de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se desarrolló un operativo totalmente desproporcionado y violento por parte de fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En esa jornada se desarrolló una cacería furiosa, con detenciones arbitrarias y masivas que condujeron a posteriores procesamientos indebidos e ilegítimos. Todo esto acompañado de intimaciones a las organizaciones a pagar el costo total de los fuertes operativos policiales. En el caso de la fecha mencionada en este párrafo, la suma es de 130.705.000 pesos, que el gobierno pretende que sean las organizaciones, entre ellas el MST, las que costeen ese monto.
El gobierno de Milei criminaliza la protesta social en un intento de transformar un derecho democrático y constitucional en un delito. Las declaraciones de todos los miembros del gobierno (y sus aliados como Jorge Macri) apuntan a marcar que quienes nos movilizamos somos “delincuentes” de quienes hay que proteger a las instituciones. A la vista, en videos y grabaciones se observa a un pueblo movilizado pacíficamente. Sin embargo, el gobierno, utilizando a los grandes medios para la divulgación de sus teorías, nos acusa de terroristas y delincuentes.
La criminalización de la protesta es solo un costado de este giro autoritario. Viene acompañada por más medidas de carácter represivo y de control social como la escalada de allanamientos a comedores y locales de orgas populares, en franca persecución, mientras el Ministerio de Capital inHumano que dirige Sandra Pettovello retiene más de 5000 toneladas de comida, negando desde hace meses la entrega de alimentos a comedores y merenderos. A pesar de varios fallos judiciales, el gobierno sigue apelando y no acata la entrega inmediata ordenada por la justicia.
Paralelamente, acaba de dictar el procesamiento de varios dirigentes piqueteros. Además, se ha otorgado más poder a la policía y mayor control social dando legitimidad al Protocolo Chocobar, que facilita el uso policial de armas de fuego por la espalda y sin dar la voz de alto, habilitando el gatillo fácil y la impunidad policial, por resolución 125/24. Mientras se presenta el proyecto de baja de edad de imputabilidad (ver recuadro abajo).
Se garantiza la “limpieza” porteña de gente en situación de calle, quienes son expulsados de los lugares públicos, al igual que los vendedores ambulantes, y se organizan razias en los barrios como Ciudad Oculta y Villa 31, entre otros.
La resolución de Bullrich 499/24 crea la “seguridad productiva” para habilitar el despliegue de fuerzas en zonas extractivistas para cuidarlas ante posibles protestas de asambleas ambientales y pueblos originarios, una nueva garantía del gobierno a la libertad de saqueo sobre nuestros recursos.
Junto con estas medidas, el pasado 13 de junio, se aprobó la Ley de Reiterancia en la Ciudad, denunciada por la legisladora Cele Fierro y el FITU, invirtiendo la carga de la prueba y agregando un tercer motivo para la prisión preventiva. Al peligro de fuga y obstaculizar la causa se agregan “los antecedentes”, facilitando el armado de causas si sos migrante, vendedor ambulante, pobre o luchador. Además, hay proyectos en curso de reformas penales anti derechos en el Congreso (ley “anti mafias”).
Por otro lado, Milei disolvió la AFI y con un decreto de necesidad y urgencia le otorga 100 mil millones de pesos de presupuesto a la nueva SIDE (Secretaria de Inteligencia del Estado). Dicha partida de dinero se otorga con carácter de “fondo reservado”, por lo que no se conocerá su destino, ni su uso. La SIDE está a cargo de Sergio Neiffert y de esa secretaria se desprenden cuatro organismos. Esta modificación no aporta transparencia, ni va contra el Estado. Fortalece el aparato represivo y reinstala un organismo de espionaje y corrupción que se usará, como ha ocurrido, contra quienes opinamos diferente.
El gobierno de “la libertad” despliega una campaña ideológica, una verdadera “batalla cultural” contra las ideas que son opuestas, contra quienes denunciamos las injusticias y defendemos los derechos democráticos o levantamos los derechos de las minorías y disidencias. Los grandes medios son cómplices, pues ayudan a construir la demonización de luchadores que, con los discursos de odio que se legitiman, son víctimas de pintadas, rotura de placas conmemorativas, ataques a locales, etc.
Esta campaña ideológica es contra cualquiera que opine diferente. Incluso propios, a quienes defenestran en redes o terminan echando del gobierno. Asesores, ministros y funcionarios, que además de ser despedidos de sus cargos, son atacados y cancelados vía redes mediante la persecución de sus trolls adictos y pagos.
Ahora, cuentan con las ciberpatrullas, habilitadas por resolución 710/2024, donde se crea la UIAAS (Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad), un moderno sistema de espionaje cibernético. Esta unidad se creó con la idea de “investigar delitos y anticiparlos” en la internet profunda, pero en realidad solo será “una pesca”, como ya se anticipó desde varios portales, que atenta contra todo el Estado de Derecho y la propia Constitución.
Un escenario que muestra un ataque en todos los frentes, donde la protesta es parte de una lista de “nuevos delitos” en el cual se busca perseguir, procesar, aislar y condenar a ciudadanos, sólo por pensar diferente.
Para colmo, Milei mandó al Congreso un proyecto para reformar la Ley 24.059 de Seguridad Interior y, con la excusa del “terrorismo”, permitir actuar a las FF.AA. en la seguridad interna -o sea en la represión- sin siquiera declarar antes el estado de sitio. Una aberración al estilo dictatorial.
Unidad de acción y cambios de fondo
El gobierno pretende una transformación de fondo. De ese modo, intenta avanzar en más cambios en el régimen que, si bien aún no los consolida porque encuentra límites, siempre vuelve a la carga. Por eso, el ataque es en todos los frentes y resulta esencial el modo en que respondemos los luchadores a esta ofensiva.
Necesitamos una respuesta integral en un doble sentido. Por un lado, la movilización; desde la coordinación multisectorial independiente con el sindicalismo combativo, las asambleas barriales y la izquierda, fuimos parte de varias iniciativas y movilizaciones populares. Contra la reforma laboral, contra la Ley Ómnibus, en primer lugar, y la Ley Bases después.
Pero ante los avances represivos, la necesidad de la más amplia unidad para construir un frente de lucha por los derechos democráticos es clave. En la calle, cuando fuimos miles (como el 8M, el 24M y el 23A), no fue posible la utilización del protocolo de Bullrich. El ejemplo más cercano es el de los presos de la movilización contra la “Ley Bases”. En esa ocasión, se realizaron un abanico de acciones, en una amplísima unidad de sectores (desde la izquierda a sectores del peronismo), con organizaciones políticas, sociales y de DDHH, y con una agenda clave y multitudinaria: conferencia de prensa, petitorio y festival. Todo esto ayudó a liberar a 31 de los detenidos.
Aún exigimos la libertad de los dos que quedan y el cierre de todas las causas, pero es importantísimo seguir ante cada caso con este formato de unidad como así también preparar la autodefensa coordinada contra ataques fascistas.
En segundo lugar, necesitamos una respuesta a nivel jurídico. Se presentaron varias denuncias contra el protocolo de Bullrich. Sin embargo, la acción que más avanzó, que obligó a Bullrich a dar explicaciones y exigió adaptar el protocolo a los estándares internacionales (medida cautelar que no perduró), fue la acción de amparo presentada por Cele Fierro. Nuestra legisladora porteña del MST en el FIT Unidad y el CADHU (Centro de Abogados de Derechos Humanos), hizo la presentación el 18/12/23, a solo tres días de la publicación en el Boletín Oficial del protocolo. Dicha acción de amparo, expediente N°: 10514/2023, se encuentra pendiente de tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el pasado mes de marzo, habiendo agotado todos los recursos judiciales internos adecuados y efectivos, de conformidad con la legislación nacional vigente.
Asimismo, dado que es necesaria la intervención de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), presentamos una denuncia contra el Estado argentino en ese organismo, encabezada por Cele Fierro, Alejandro Bodart, Luciana Echevarría y Mariana Chiacchio, en función de que no se encuentra garantizado el debido proceso, la violación a los derechos humanos por el propio Estado argentino y la demora en el tratamiento de los amparos presentados contra la Resolución 943/2023, sin que exista una razón válida.
Además de dar estas respuestas en la calle y en la justicia, es necesario avanzar en la discusión del proyecto político para lograr el cambio estructural que se necesita. El sistema capitalista no va más y es cada vez más un sistema de ajuste y entrega. Por eso necesita más represión. Si esos avances de la ultraderecha triunfan, hay peligro de fascismo. Por eso, como estrategia, es necesario derrotarlos y construir una alternativa política para luchar por el socialismo y un gobierno de los trabajadores.
Genocidio: ni negacionismo ni impunidad
Este gobierno avanza de modo integral en su intento, no solo de transformación del régimen, sino en borrar cualquier derecho democrático conquistado. En ese sentido, encarna el negacionismo sobre lo juzgado a la dictadura, negando los 30.000 y negando el genocidio mismo. El objeto de este discurso aprovechar el rechazo social que generó la utilización política de la bandera de derechos humanos, la cooptación partidaria de organismos y figuras de la lucha contra la dictadura para demonizar la condena popular al genocidio. Eso provocó desgaste, abriendo la puerta a la campaña reaccionaria de Milei. Por eso desde EMVJ, siempre levantamos la necesidad de la independencia de los organismos de derechos humanos de todo gobierno y Estado.
Villarruel va más lejos y ya no es solo la “teoría de los dos demonios” sino que es la reivindicación directa a la dictadura. Esto es acompañado por medidas concretas: despidos en secretarías de DDHH, el desguace de políticas públicas de memoria, despidos en CoNaDI, el desfile militar el 9 de julio, nombrar hijos de milicos en DDHH y amenazar con la revisión de las leyes reparatorias a ex detenidos y exiliados.
Las medidas siguen. Luis Petri desmanteló el área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura, entre los cuales se encuentra la apropiación de bebes y el servicio penitenciario pasó a la órbita del ministerio de Seguridad, a cargo de Bullrich.
También hay provocaciones: el acto de la Armada, para reivindicar la dictadura se realizó en la ESMA, así como la repudiable visita de diputados de LLA a genocidas y la posterior intervención a la Universidad de las Madres.
Más que nunca, son 30.000, fue genocidio, apertura de todos los archivos 1974 -1983, cumplimiento de las leyes reparatorias. Más que nunca contra la impunidad, no a las domiciliarias, adonde vayan los iremos a buscar.
Ningún pibe nace chorro
El 12 de julio se presentó en el Congreso un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil que lleva las firmas de Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo Francos y Javier Milei. “El que las hace las paga” proclama con gran cinismo la ministra.
El gobierno se apoya en la falsa idea instalada que los niños, niñas y adolescentes inciden mucho en el delito. Pero si vemos las estadísticas, esa incidencia es mínima. En 2023 se iniciaron 1.060.542 investigaciones penales en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 23.846 corresponden al fuero de responsabilidad juvenil: apenas un 2,2%. En delitos graves el porcentaje es aún menor.
En el derecho internacional de los derechos humanos rige el principio de progresividad, que prohíbe volver a instancias anteriores a la protección de un derecho. Es decir, sólo se puede ampliar esa protección, mientras que el proyecto de Milei y Bullrich pretende lo contrario.
Por otro lado, discutir la baja de imputabilidad y cuál sería la edad pertinente (si los 13, los 14 o los 15) sin cuestionar las condiciones en las que viven gran parte de los niños, resulta una postura realmente hipócrita.
Libertad a lxs presxs por luchar y cese de las persecuciones
Debemos seguir con la campaña por la libertad de todos los presos, entre ellos, Daniela y Roberto, y el cierre de las causas por los presos de la Ley Bases.
Libertad a los presos Mapuches por defender sus tierras. Libertad a Milagro Sala, presa política del gobierno de Jujuy. Anulación del juicio a defensores ambientales en Santa María de Punilla.
Demos continuidad a estas campañas con petitorios, festivales uniendo todos los sectores para conseguir estos objetivos y derrotar el plan de Milei. Asimismo, tenemos que repudiar la criminalización de los movimientos sociales y la izquierda, en particular de Eduardo Belliboni y otros compañeros del PO.