El miércoles 4 de mayo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema publicó el Informe Estadístico 2021 con cifras sobre denuncias, personas afectadas, áreas con mayor protección y otros datos. Hace falta presupuesto urgente para aplicar la Ley 26.485, combatir la violencia de género y proteger a sus víctimas.
La OVD fue creada en 2006 por la Corte Suprema de la Nación para facilitar el acceso a la justicia a personas que atraviesan situaciones vulnerables por violencia dentro del hogar. Durante todo el año pasado, atendieron 8.741 casos. Es un 18% más que en 2020, un promedio de 24 por día, o sea una denuncia por hora.
El 41% de esos casos fueron derivados por las fuerzas de seguridad, el 16% concurrió de manera presencial, 11% fueron recomendados por abogades y 6% por otras personas. El 26% restante de denuncias provino de las líneas telefónicas 144 y 137, de la propia justicia, el sistema de salud y otras derivaciones.
Más de una denuncia en el año
De los casos atendidos, el 93% sólo denunció una única vez. Pero en el 7% restante, o sea 574 casos, tuvieron que denunciar más de una vez en el mismo año. El 81% de esas personas que concurrieron en forma reiterada son mujeres. Entre las 11.579 personas afectadas, el 78% son de sexo femenino y el 22% varones.
Entre los 2.595 varones afectados, el 66% son niños y adolescentes de 0 a 17 años. En cuanto a las mujeres, el grupo más afectado fue el de las adultas entre 18 a 59 años (56%), frente a sólo un 6% de hombres de igual edad. Hubo 19 personas afectadas que manifestaron una identidad de género distinta a su sexo biológico.
Género, edad, vínculo, tipo de violencia
La proporción entre niñas y niños afectados es casi igual en los grupos de hasta diez años. A mayor edad crece el número de mujeres afectadas por cada varón, llegando a un máximo de casi 14 a uno en el grupo de 22 a 29 años. Luego la proporción decrece a medida que aumenta la edad: entre 40 y 49 años es de ocho mujeres por cada varón y para las adultas mayores tres por cada uno.
De las 9.522 personas denunciadas, el 77% son varones y un 23% de mujeres. El grupo más denunciado es el de varones entre 22 y 49 años (59%). El vínculo de pareja es el más usual entre la persona afectada y la denunciada, con un 49% de los casos, seguido por el vínculo familiar en un 34%. Entre las 1.975 niñas y adolescentes afectadas, el 75% son familiares de la persona denunciada, mientras que en los 1.698 niños y adolescentes el 86% son hijos.
La violencia psicológica estuvo presente en el 97% de las evaluaciones, seguida por un 55% de violencia simbólica, 52% física, 30% económica y patrimonial, 13% social y 10% sexual.
Tipos de violencia según la edad
Entre las niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años), la violencia más usual, luego de la psicológica, fue la física: 42% de los casos. En el grupo de personas adultas y mayores, la violencia simbólica afecta en promedio a un 60% de los casos y la física a un 52%.
De los 8.741 casos atendidos, casi todos tienen derivación a la justicia civil, en menor medida a la justicia penal o al fuero penal contravencional porteño y más de un tercio al Consejo de Niñas, Nilños y Adolescentes, incluido un sector a la justicia de menores. Las principales medidas de protección ordenadas fueron: 75% prohibición de acercamiento, 70% prohibición de todo tipo, 24% prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes, y 6% prohibición de ingreso a domicilio.
Algunas conclusiones
Según la proporción entre varones y mujeres afectadas, nosotras en promedio somos 3,5 veces más. La situación se agrava porque 6 de cada 10 mujeres tenemos un nivel socioeconómico bajo o medio-bajo, lo que a menudo impide salir de la situación de violencia.
En las denuncias, 6 de cada 10 personas agresoras son varones de entre 22 y 49 años; y 9 de cada 10 personas denunciadas en vínculos de pareja son también varones. Entre las mujeres adultas que denuncian, de 18 a 59 años, 6 de cada 10 fueron víctimas de violencia física. De las 9.032 mujeres afectadas, sólo 50 fueron ubicadas en refugios que dependen de la Dirección General de la Mujer bonaerense y 900 recibieron un botón antipánico. En 7 de cada 10 casos derivados a la justicia nacional civil se dictó una perimetral, pero es sabido que igual ocurren femicidios.
Si bien resulta obvio que la mayor parte de la violencia es machista y que la víctima es mujer, de los datos surge con claridad que los dispositivos de protección que establece la Ley 26.485 anti-violencia de género no se efectivizan en la realidad. El dictado de ESI es muy escaso, siendo una herramienta clave para la prevención. Los casos de violencia doméstica son más que las denuncias. Casi no funciona el patrocinio jurídico gratuito. Las perimetrales no tienen control de cumplimiento y los botones antipánico ponen la responsabilidad en la víctima. Las casas-refugio son muchas menos que el mínimo que recomienda la ONU. Y el subsidio del Programa Acompañar ($ 39.000 por sólo seis meses) es absolutamente insuficiente para lograr una real autonomía.
Ante esta grave situación, el rol concreto del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no pasa de ser un mero discurso y lo mismo ocurre con sus pares provinciales. A pocos días de un nuevo 3J, es urgente unir fuerzas para exigirle al gobierno mayor presupuesto para encarar toda esta problemática. Leyes hay, lo que falta es plata y voluntad política de asignarla.
Iara Saldungaray