A continuación, compartimos un artículo publicado Caro Dome de Juntas y a la Izquierda y el MST en enero del 2019 sobre las violaciones en manada. Con él, dar un aporte a los debates ante casos como el de la joven violada en Palermo.
Violaciones en manada. Una reacción feroz del patriarcado
El año nuevo empezó con la conmoción por la violación en grupo a una adolescente en un camping de Miramar. Otra joven fue atacada en Las Lajitas, Salta, por tres hombres. En La Plata otra chica denunció que fue abusada por siete tipos. En Valizas, Uruguay, el dueño de un camping denunció que a una joven la violaron tres hombres. Todo esto pasó en menos de una semana. No todos los acusados fueron presos ni todos los casos fueron investigados.
El denominador común de estos repudiables hechos fue el ataque sexual en patota, en manada. Según varias especialistas, es un intento de demostrar poder y virilidad entre varones, disciplinar a las mujeres y reaccionar -conscientemente o no- frente al avance de la lucha feminista. En tiempos en el que el movimiento de mujeres cuestiona los lugares tradicionalmente asignados a los géneros, la masculinidad hegemónica, representante del poder patriarcal, reacciona con actos de extrema violencia.
Esto también invita a cuestionar el modo en que los medios presentan tales noticias. El artículo de Clarín con su prejuicio (“una chica que no debió estar allí”) confirma la falta de protocolos y de perspectiva de género en el periodismo. Las notas con todo detalle y la reiteración a toda hora propenden más a difundir la violencia sexual que a prevenirla. Sobre una estructura subyacente de violencia fundada en la asimetría del poder patriarcal, los medios ofrecen modelos de violencia que habilitan su propagación.
También es cierto que, al calor de la nueva ola feminista y tras la denuncia de Thelma Fardín, que puso énfasis en la violencia sexual, muchas mujeres denuncian abusos y violaciones que antes estaban naturalizadas o silenciadas por la cultura de la culpabilización femenina, que supone como consentimiento entrar a una carpa con varones o tomar alcohol. Muchas cosas están cambiando y las denuncias pasan a ser más inmediatas y escuchadas.
Esta situación no está exenta de debates y también de campañas equivocadas que replican algunos grandes medios. Un argumento típico es el de presunción de inocencia de todo acusado: es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero es errado aplicar mecánicamente ese criterio a los casos de violencia de género, que no se limitan a aspectos jurídicos sino que expresan una realidad social muy concreta. Es que antes de presumir inocencia se debe tomar en cuenta que hay una estructura preexistente de desigualdad y violencia machista. Es un problema social extendido, en general desatendido por el Estado y desoído por la justicia.
No al aparato de descreimiento de la violencia sexual
Nos referimos con este término al conjunto concatenado de frases y argumentos que se despliegan ante una denuncia de violencia sexual, sea a nivel social, mediático o judicial. Además, nadie desconfía tanto de una denuncia de otra naturaleza: por ejemplo, cuando se denuncia un robo, a nadie se le ocurre preguntar por la conducta de la persona que fue robada, ni mucho menos se supone a priori que sea una mentira. Esta diferencia de actitud demuestra la naturalización de la violencia y el pacto social que sostiene al patriarcado.
Si bien en la Argentina no hay estadísticas sobre denuncias falsas, la cifra oficial de un país similar, como lo es el Estado español, indica que son un porcentaje ínfimo: apenas un 0,01% . Otro ejemplo diferente es el de los EE.UU., donde las falsas denuncias serían del 2% al 8% del total . De todos modos, en ambos casos es un porcentaje muy bajo comparado con la estimación de que no se denuncia un 65% de los abusos, que en su mayoría son intrafamiliares.
A ello se suma que las falsas acusaciones rara vez conducen a condenas indebidas y que en la mayoría de casos la justicia no encontró respuestas ni dictó resoluciones. En síntesis, todo indica que el número de abusos sexuales no denunciados supera con creces el número de hombres falsamente acusados.
Por esta realidad de injusticia, el primer paso que proponemos es creerle a la denunciante, ya que partimos del hecho demostrado -no meramente supuesto- de que la violencia de género es una realidad extendida, naturalizada y silenciada; y que gracias a la lucha feminista se denuncia con más frecuencia. La respuesta a ese primer paso es apoyar a la denunciante, acompañarla y separar de inmediato al denunciado del espacio que compartan, sea cual fuere. Es una restricción perimetral social, protectiva de la denunciante.
A su vez la investigación debe ser rápida y esta es otra de las banderas a levantar en la lucha anti-violencia. En realidad, la investigación más rápida conocida fue la que terminó con la condena a Nahir Galarza por haber matado a su novio. En cambio para la mayoría de las mujeres violentadas la justicia llega tarde o nunca llega. Por eso nuestra acción de movilización, incluido el escrache si lo hay, es a fin de presionar para lograr justicia. Y apuntamos al poder judicial porque con la condena social no alcanza: las instituciones del sistema, que suelen encubrir al violento, necesitan ser puestas en cuestión y transformadas profundamente.
Al mismo tiempo, el proceso judicial incluye el derecho a defensa de todo acusado, porque la denuncia no equivale a condena automática. Se trata de una garantía básica de procedimiento, donde además las penas deben ser acorde al grado del delito cometido y si mayor es la desigualdad de poder, si más asimétrica es la relación, más dura debe ser la condena. La lucha por justicia debe integrar medidas de cambio en el sistema judicial, que junto a su carácter de clase tiene uno de género: es burgués y patriarcal.
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¿Punitivismo o no? Nuestra propuesta
Tal como lo reflejamos en notas previas, la respuesta punitivista que se centra en la pena individual del acusado, confiando en que las instituciones del sistema resuelvan el problema, es limitada y a menudo errada. Desde ya, es indispensable que ante cada abuso sexual se imparta una condena concreta. Pero desde nuestra perspectiva revolucionaria, el problema no se limita a una cuestión moral e individual. Y además, las cárceles argentinas están lejos de ser una solución a cualquier problema, no sólo a los de género.
A ello se suman dos errores opuestos pero simétricos: por un lado, hay sectores que descontextualizan y usan a su conveniencia oportunista algunas frases de Rita Segato para criticar todo escrache o denuncia social; por otro lado, hay un sector del feminismo centralmente punitivista que plantea el escrache como principal y a veces única medida de acción.
Es preciso superar ese falso dilema y apuntar a elaborar métodos colectivos de lucha y transformación social. A nuestro entender, el debate debe escapar al simplismo escrache sí o no, sino en cómo proponer denuncias que sean efectivas. Una denuncia social, pública, puede ser útil para el primer punto, separar al denunciado , y debe ir acompañada de la exigencia de justicia, a través de la acción colectiva. Así sucedió con el caso de Cristian Aldana, el cantante de una banda de rock, cuyo escrache ayudó a acelerar las denuncias cajoneadas por la justicia y animó a otras mujeres a denunciar, evidenciando una conducta sistemática y sostenida por parte del abusador.
Por eso, tal como sostuvimos en notas anteriores, el escrache puede servir para la búsqueda de justicia, no para reemplazarla ni sustituirla. La conquista de justicia tiene un mayor impacto social, simbólico y político, porque significa un quiebre al interior de las instituciones del sistema, acostumbradas a proceder de otra manera. Es un golpe al poder patriarcal porque lograr justicia es una forma de decir nunca más.
Pero la respuesta punitiva no es la única ni la misma para todos los casos, como si todo diera igual. Es central poder leer bien la diferencia entre las relaciones entre casi pares y las grandes asimetrías de poder. Saber diferenciar dónde se puso en juego un poder o si son escenas sintomáticas entre niñes o adolescentes (cuya complejidad exige otros modos de abordaje y requiere de acompañamiento para cambiar la conducta sexual).
A ello se suma la campaña punitivista del gobierno nacional, que busca bajar la edad de imputabilidad, legalizar el gatillo fácil y la mano dura como única respuesta del aparato represivo del Estado. Esa política ya fracasó. Vivimos en una cultura donde los varones fueron criados para disciplinar a las mujeres, existiendo a veces poca distancia entre un abuso y un micromachismo o entre una conducta abusiva a ser erradicada y la consolidación de modos sistemáticos de violencia. Ante ello la respuesta punitiva no es transformadora de la sociedad, no propone una educación que cuestione lo establecido ni lleva al varón a reconocer su machismo como paso necesario para deconstruirse, cuestionar sus privilegios y proponer herramientas con conciencia crítica.
Las medidas que hacen falta
Hasta hace poco, la relación género-derecho sólo estaba a debate en agrupaciones feministas. El efecto dominó después de la denuncia de Thelma instaló el tema en la sociedad y dio consenso para la votación casi unánime de la “Ley Micaela”, que prevé la necesaria formación en perspectiva de género para todos los estamentos del Estado. Sin embargo, dicha ley es insuficiente porque se da dentro del mismo aparato estatal de una sociedad que sigue siendo patriarcal y capitalista y, por ende, así lo son todas sus instituciones.
Gracias a la larga lucha feminista, la normativa argentina de género es avanzada y rica. Pero la aplicación suele fallar. La educación sexual integral es ley. La ley anti-violencia machista es bastante completa e incluye un artículo pionero sobre violencia laboral. El término femicidio se incorporó en 2012 y reemplazó al perimido crimen pasional en el inciso 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal. Y desde fines de 2016 existe una ley porteña contra el acoso sexual en espacios públicos (acoso callejero). Sin embargo, la violencia machista está lejos de resolverse y la justicia habitualmente sigue jugando en contra.
En lo inmediato, es necesario exigir el cumplimiento efectivo de cuatro leyes nacionales vigentes:
• Ley 26.150 de educación sexual integral. La ESI es insustituible para formar en el autocuidado y la prevención de los abusos desde la primera infancia. No se aplica.
• Ley 26.485 anti-violencia machista, que contempla casi todos los dispositivos necesarios para la asistencia integral. No se aplica por falta de presupuesto.
• Ley 27.210 de patrocinio jurídico gratuito, para que ninguna mujer víctima de violencia de género desista de denunciar o litigar por carencias económicas. Aún no se implementa por falta de fondos.
• Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para dar prioridad a la escucha judicial a las propias víctimas.
La interpretación de dichas leyes merece un nuevo paradigma social, que cambie rápidamente las formas de entender las cosas. Eso se dificulta en una institución como la justicia, que fue creada para mantener el statu quo. En el fuero penal, el 80% de los jueces designados son hombres. En la Corte Suprema nacional hay una sola mujer. De los 12 juzgados federales de Comodoro Py sólo uno está a cargo de una jueza. Y las mujeres también somos minoría en las instancias revisoras.
• Queremos tribunales con paridad de género. Que se designen más juezas, fiscales y defensoras mujeres es un requisito sine qua non si realmente se quiere cambiar y dotar de perspectiva de género a la justicia.
• La democratización es vital para poner fin a esta justicia adicta y dependiente del poder político. Queremos que los jueces y fiscales sean electos por voto popular, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño.
• Implementar los juicios por jurados populares en todas las provincias, con paridad de vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Este mecanismo participativo figura en la Constitución nacional desde 1853, pero se aplica poco y nada.
• Los jueces se deben considerar servidores públicos, sin privilegios: que ganen como una directora de escuela y estén obligados a utilizar la escuela y el hospital públicos. Equidad tarea-salario en todos los escalafones, transparencia en el desarrollo de la carrera judicial y formación en género y derechos humanos.
Al calor de las luchas por justicia, la movilización feminista y popular puede y debe imponer estos avances en la perspectiva estratégica de un cambio social e institucional de raíz contra este sistema capitalista y patriarcal.