El derecho a la jubilación es parte de las conquistas obreras logradas con la lucha y que el capitalismo en crisis transforma en variable de ajuste
En el siglo XIX sólo podían jubilarse los militares y los jueces, poco tiempo después se agregaron los maestros. Fue recién en el 20/9/1904 que se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados de la Administración del Estado. A partir de allí y hasta 1967 producto de las luchas, se fueron creando sucesivas cajas de pensiones por gremios (ferroviarios, bancarios, periodistas, comercio, etc.). En ese año se fusionaron en 3 (Privados, Públicos y Autónomos). Dos años después se reducirían a 2 (Empleados en relación de dependencia y Autónomos). En el año 1991 en pleno auge del neoliberalismo, bajo el gobierno de Menem se crea la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) y en 1994 se produce un tremendo avance sobre el viejo sistema de reparto solidario, para crearse un nuevo sistema denominado de «capitalización», más conocido por todos como el de las AFJPs, creadas, dirigidas y administradas por los grandes bancos y aseguradoras, que cobraban exorbitantes comisiones para administrar los millonarios fondos de los trabajadores. En paralelo se transfirieron varias cajas de jubilaciones provinciales a la Nación (Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza son algunos ejemplos de esta transferencia).
Este sistema de capitalización empezó a hacer agua, más y más trabajadores que tenían sus fondos en la AFJPs se empezaron a jubilar y se desnudó la estafa que representaba, cuando los jubilados llegaban a cobrar menos de la mitad que en el sistema de reparto y varias AFJP entraban en quiebra.
Fue en 2007 cuando por ley se dejó la libre elección de los trabajadores al sistema de reparto (público-estatal) o de capitalización (privados). En 2008 se volvió a unificar el sistema en uno único, nuevamente estatal y de reparto. A pesar de lo complejo de su historia y las magras jubilaciones que se pagan en el país (no llegan a U$S 160), el argentino es uno de los más completos y de mayor cobertura en toda Latinoamérica. Sobre todo si se lo compara con otros sistemas privados como el chileno en donde sobre datos de 2020, el 80% de las pensiones no llegan a la mitad del salario mínimo del país, así hayan aportado 30-35 años (datos de la Fundación Sol).
A este sistema solidario, estatal y de reparto en 1958 bajo el gobierno de Frondizi (quién había ganado las elecciones con el apoyo de los votos de Perón por entonces exiliado y proscripto) se le agrega la primera ley de movilidad de las prestaciones jubilatorias, conocida como la Ley del 82% móvil. Aunque por múltiples motivos (bajos salarios de los trabajadores, desfinanciamiento de la Caja por parte de gobiernos, informalidad laboral que supera el 40%, etc.) son muy pocos los trabajadores que se pueden jubilar con el 82% móvil (funcionarios judiciales y jueces, consulados, Conicet y Universidades y algunas cajas provinciales). El resto de los trabajadores reciben en la actualidad una suma muy inferior, incluso menor al 55% del sueldo en actividad, al punto tal que hoy más del 70% de los jubilados cobra la jubilación mínima que asciende a $ 60.124, que representa 1/3 de la canasta básica para jubilados de $ 166.000. Por eso la lucha por alcanzar el 82% móvil para todos es histórica y, curiosamente, fue Cristina quien en 2010 directamente vetó por decreto, un proyecto del Congreso que pretendía restablecerlo. El argumento de CFK fue que eso implicaría la quiebra del Estado porque no preveía el financiamiento, sin embargo tuvo que conceder una ley de movilidad jubilatoria con un sistema de actualización, que quiso tirar abajo Macri en 2018 junto a una reforma más global, pero fue derrotado en las jornadas de movilización frente al congreso del 14 y 18 de diciembre. Fue Alberto apenas asumido quién liquidó esta movilidad de las jubilaciones cuando por primera vez podría superar a la inflación, para sumergir nuevamente a los jubilados en la miseria.
Es que en realidad, como ya explicamos toda la burguesía está de acuerdo en liquidar los beneficios jubilatorios. Debaten en la forma de avanzar con el ajuste, una de ellas es aumentar la edad jubilatoria en 2-5 y hasta 10 años, aprovechando el aumento de la expectativa de vida alcanzado en las últimas décadas para más súper explotar a los trabajadores, en lugar de permitir que tengan mayor tiempo de descanso. Pero también implica otros ajustes mayores, como la privatización parcial o total del sistema que como hemos visto lleva a catástrofes como las de Chile. En JxC Larreta habla de reforma previsional para lograr equilibrio fiscal sin definirse, Macri directamente promueve volver al sistema de las fracasadas AFJPs. Además ambos pretenden la eliminación de los regímenes especiales de jubilación llevando a todas al mínimo. Para llegar al extremo de los libertarios de Javier Milei que con su «plan motosierra» piensan no sólo privatizar las jubilaciones, sino también cerrar el Banco Central y apropiarse del FGS de la ANSES y dejar a millones de jubilados sin ningún tipo de asistencia.