lunes, 14 octubre 2024 - 09:45

Tierra para vivir. Grave causa armada en La Matanza

En el día de hoy, se reafirmó la carátula de intento de homicidio agravado en la causa armada a Rafael Crespín, vecino del barrio La Nueva Unión en Rafael Castillo y activista del Polo Obrero.

En el día de ayer, jueves 5, Edenor junto a la Policía Bonaerense se presentaron en el barrio La Nueva Unión para desmantelar las instalaciones de luz que los vecinos habían instalado. Luego, ante las quejas de los vecinos, la Bonaerense reprimió y llevó detenidos a dos vecinos de la toma y dos vendedores ambulantes. Por la presión de los vecinos, que realizaron un corte en Carlos Casares durante varias horas, liberaron a tres detenidos, quedando Rafael Crispín, activista del Polo Obrero detenido. Le imputan la caratula de intento de homicidio agravado. Numerosos vecinos y filmaciones desmienten esa versión.

Brigada de Edenor y la PBA en el momento de desmantelamiento de los postes de luz puestos por los vecinos del barrio La Nueva Unión.

Estamos ante un hecho de suma gravedad: el intento de criminalizar y judicializar la protesta social, en este caso, la pelea por tierra para vivir. Las familias de La Nueva Unión llevan 11 meses resistiendo atropellos y provocaciones de la policía y el municipio. 22 veces la policía ingresó en el predio a hostigar a las familias. Por supuesto, es una orientación política. Espinoza intenta preparar condiciones para hacer en Rafael Castillo lo que el gobierno nacional y provincial hicieron en Guernica. Con esa hoja de ruta, han comenzado a emitir órdenes de desalojo en varios barrios de La Matanza. La causa de Rafael se enmarca en esa decisión política del gobierno de Fernando Espinoza y el camino que marcó el gobierno nacional.

Hoy, desde las primeras horas de la mañana estuvimos vecinxs, organismos de derechos humanos y organizaciones frente a la fiscalía de San Justo. Fue a lo largo de esta jornada también, donde el fiscal ratificó la caratula y negó la posibilidad de que Rafael saliera en libertad. Cabe destacar también que el juez de garantías correspondiente, el juez Banco, es el mismo que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos por el caso de Luciano Arruga. No podemos permitir que la causa siga su curso, de suceder sería un grave antecedente para las luchas que vienen.

Durante el 2020 hemos tenido que enfrentar en las calles la represión a trabajadores feriantes, a vecinos en lucha contra la contaminación, intentos de desalojos en centros culturales, casos de gatillo fácil y por supuesto el amedrentamiento a las familias sin casa por parte del gobierno de Espinoza. En la crisis que atravesamos, sin grietas, los gobiernos provinciales, locales y el gobierno nacional respondió salvando a las empresas, y destinando, en el mejor de los casos migajas a los trabajadores y los sectores populares. Por eso junto a la libertad de Crespín, necesitamos seguir exigiendo el no pago de la deuda, para multiplicar partidas presupuestarias para trabajo y viviendas genuinas, salud y educación. También, fortaleciendo las luchas y a la izquierda, que es la única que lucha por este programa y quiere que gobiernen los trabajadores y los sectores populares.

Desde el MST hemos acompañado y nos hemos puesto a disposición de próximas acciones. ¡Libertad a Rafael Crispín! ¡Basta de causas armadas! ¡Tierra para vivir!

Ana Paredes Landman

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