Tarifazos. Anuncian nuevos en luz y gas

Un documento de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, con la excusa de mejorar los criterios para la segmentación tarifaria ratifica que el 80% de la población sufrirá este año aumentos del 42,7% en las tarifas de gas y luz para responder a la exigencia del FMI de reducir los subsidios a la energía. Más allá de las internas entre funcionarios kirchneristas y albertistas, ambos ya firmaron el aumento del 20% en las tarifas de marzo, cuyas boletas empezarán llegarán a todos los hogares y ahora deberán avalar los próximos aumentos. Hay que romper con el Fondo y terminar con el negocio de las grandes empresas de la producción, transporte y distribución, estatizarlas y ponerlas bajo control de sus trabajadores y usuarios.

El informe que aporta nuevos criterios para eliminar los subsidios al 10% más rico de la población, en realidad sirve para ocultar, tras esta segmentación insuficiente, que ya han descargado un tarifazo y que con él terminarán avalando las audiencias públicas virtuales para analizar las tarifas de luz y gas para los próximos 10, 11 y 12 de mayo. La inmensa mayoría de la población trabajadora y las clases medias pagarán un 42,7% de aumento en total a partir de junio –con el 20% de aumento de marzo incluido- durante este año.

Este porcentaje surge de aplicar una ley que plantea que los aumentos tarifarios no deberán exceder el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. En el 2021 este coeficiente fue del 53,4% y por eso cuando lleguen las boletas de junio, los aumentos serán del 42,7%. Cuando lleguen las facturas, muchos aumentos paritarios pactados a la baja y en cuotas no habrán alcanzado ese porcentaje. Ni hablar en el caso de los trabajadores informales. Otro durísimo golpe a los ingresos populares.

En las dos primeras audiencias públicas se tratarán los precios del gas a nivel nacional y de la electricidad para el AMBA. En la tercera se debatirán los criterios para reducir los subsidios. Estas audiencias no tienen ningún poder para alterar la decisión del gobierno, son meramente consultivas. Aunque los funcionarios K de Energía ya firmaron el primer aumento y tendrán que firmar el que se prepara para junio para que este último se concrete, están pidiendo que Martín Guzmán dé la cara en las audiencias. Un juego al que nos tienen acostumbrados: protestan, dicen estar en contra, pero conservan sus cargos en el gobierno ajustador ¿Renunciarán antes de firmar este nuevo tarifazo exigido por el FMI?

Los trabajadores con tarifa social

Se calcula que representan un 10% de los usuarios. Ya sufrieron el primer aumento del 20% de marzo, ahora se anuncia que sólo sufrirán un aumento adicional del 6% en las tarifas de electricidad quienes sean usuarios de Edenor y Edesur.

Este segmento está integrado por: personas que viven en barrios identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. También los beneficiarios de planes sociales, inscriptos en el monotributo social, empleadxs del servicio doméstico, pensionados vitalicios, titulares del Seguro de Desempleo, titulares de pensión a la discapacidad y veteranos de la guerra de Malvinas.

Quedarán excluidos los propietarios de dos o más inmuebles, sean titulares de un auto de menos de diez años de antigüedad, o tengan más de un suministro a su nombre. O sea, que muchos que se han quedado sin trabajo quedan afuera.

Una imprecisa segmentación para el decil más rico

Al primer criterio del ENRE y el CONICET para eliminar totalmente los subsidios para los habitantes de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas del Gran Buenos Aires, ahora se le suma un criterio de ingresos, a saber: tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales ($ 314.000), tener 3 o más inmuebles registrados, tener 3 o más autos con una antigüedad menor a 5 años, tener aviones o embarcaciones de lujo.

En su afán de fortalecer los argumentos del ministro de Economía para reducir los subsidios, el estudio presentado por Santiago López Osornio, un hombre relacionado con  Guzmán ha precisado que el reparto de los subsidios viene beneficiando a los sectores más ricos. Por ejemplo, los que tienen un ingreso anual de $ 3.200.000 recibieron subvenciones por $ 73.000 anuales o un promedio de $ 6.000 al mes. Los que tuvieron ingresos por debajo de los $ 206.180 al año recibieron apenas $ 45.000 anuales de subsidio o $ 3.700. Para completar este cuadro de desigualdad, los subsidios representan para el decil más alto apenas un 2,2% de sus ingresos y para el decil más bajo un 21,5%.

Con estos números a la vista, resulta que el costo de la eliminación de los subsidios para el decil más alto apenas va a afectar en un 2% sus ingresos. Ni hablar para los que ganan mucho más que el piso de $ 314.000 mensuales.

¿Por qué no se les cobra a estos sectores ricos una tarifa que represente mucho más que el 2% de sus ingresos? Por ejemplo, un precio de la energía que represente el 21,5% del total de lo que ganan, como es lo que representa el subsidio de la tarifa para los más pobres.

Para una energía abundante y barata, nacionalizar las empresas con control de trabajadores y usuarios

Las inaceptables exigencias del FMI para reducir al máximo los subsidios a la energía recaerán fundamentalmente sobre el 80% de la población, ya que la famosa “segmentación” para los usuarios de sectores de altos ingresos no compensa las necesidades del recorte, son un duro golpe a la mayoría de la población que no puede llegar a fin de mes en el cuadro de una altísima inflación.

Este nuevo ataque ha puesto también en discusión por qué un país que tiene inmensos recursos energéticos, que logró por muchos años el autoabastecimiento, ahora en medio de la crisis económica mundial fogoneada por la invasión rusa a Ucrania debe importar combustibles a precios recargados y descargar estos desajustes sobre la sufrida población trabajadora. Desde el MST en el FIT-U sostenemos que es necesario rechazar estos tarifazos impuestos por el Fondo, parar esta nueva sangría de los ingresos populares. Hay que nacionalizar de inmediato las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de energía, con control de sus trabajadores y usuarios. En el camino de desarrollar un plan energético que reemplace los combustibles fósiles por energías no contaminantes.

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