Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, dio a conocer que el gobierno a partir del 1 de enero suspenderá los congelamientos de tarifas de los servicios de luz y gas. En una misma semana Alberto batió récord, además de financiar las ganancias de las petroleras, ahora da vía libre para que los usuarios paguen un 43% del costo de servicios deficientes.
El tarifazo, según explicó el funcionario, se dará a partir de dejar sin efecto el decreto que había establecido Macri en 2019 y se venía prorrogando. Sin importar que las empresas como Edenor, Edesur y otras del resto del país perciban subsidios millonarios de parte del Estado, el gobierno da luz verde a un nuevo aumento. Para el próximo año, en el presupuesto se estima que $805.855 millones (el equivalente al 2,2% del PBI) serán destinados para subsidiar los sectores de gas, electricidad y transporte. De ese total, el 77% se otorga para los dos primeros.
Sin importar las onerosas sumas, las empresas mantienen los servicios en un estado deplorable. Los cortes en el servicio son una constante que se reitera a lo largo y ancho del país. Y, gobierno tras gobierno, no tienen ningún tipo de sanción y control. El dinero ingresado por subsidios, como los que reciben por el pago de las boletas, cobran el destino que le imprime Nicky Caputo, la fuga de capitales.
Con este tipo de medidas podemos afirmar que el FMI ya empezó a levantar la cosecha de su visita hace unos días. En este marco el secretario de Energía dijo «Vamos a ir a un esquema focalizado de subsidio. La idea es que el que pueda pagar se haga cargo de lo que vale realmente la energía«. Pagar tendrían que hacerlo estas empresas, pero lejos de eso el “Aporte solidario” sigue sin salir, a pesar de la insuficiencia que significa.
La estrategia de Fernández, dejando de lado su doble discurso donde habla de defender los derechos de los sectores más desprotegidos, sigue siendo favorecer a los más ricos. Todas las exigencias económicas recaen sobre el pueblo trabajador, el país tiene números de un 40% de pobreza que va en alza, se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo en todo el país, en los meses de abril y junio, y se impone este nuevo tarifazo.
Contra las ganancias de las privadas, los servicios como derechos
Muy lejos estamos de poder afirmar lo que el propio Alberto ratifica. No existe ningún plan de soberanía energética en el país. Lo que si existe es un régimen totalmente dependiente que se profundiza día a día. De llevar a cabo dicho plan, se lo debería trazar con perspectivas que no tengan como parámetro la rentabilidad de las empresas, sino entendiendo a la energía como un bien social y derecho humano.
Pedir la auditoría de los libros contables sería lo primero que se tendría que solicitar. De esta forma se podrían rastrear todos los ilícitos de los dueños de los servicios públicos. Y así, en vez de más aumentos para ellos, se establecerían multas a pagar con su patrimonio para devolver peso por peso por todos los fraudes cometidos.
Contra la era de privatizaciones menemista que ningún gobierno “nacional y popular” revirtió, hay que avanzar en la estatización de estas firmas que lucran con un derecho, sin indemnizarlas y cumplir con un férreo control social de parte de los trabajadores del sector y los usuarios. En cuanto a los subsidios que hoy se utilizan para aportar a los bolsillos de los grandes empresarios, tienen que volcarse en un plan para avanzar en una reconversión energética. Energías renovables hacen falta para sustituir los modelos de las represas hidroeléctricas en pos de alcanzar una convivencia equilibrada con el medioambiente.
Estas pueden ser algunas de las ideas que colaboren en pensar otro plan energético y económico que deje de afectar a los trabajadores de a pie, que no paran de perder ingresos por la avaricia de las grandes empresas y un gobierno que les cede.