lunes, 15 julio 2024 - 18:42

Soria. Un nuevo ministro, la misma Justicia

Ayer, a más de diez días de la renuncia de su predecesora en el cargo, Marcela Losardo, Alberto Fernández manifestó que designará como nuevo ministro de Justicia al actual diputado nacional por Río Negro, Martín Soria.

Luego de varios días de especulaciones, tires y aflojes, y trascendidos respecto de quién ocuparía el puesto, ayer Fernández informó en una entrevista a Canal 9 el nombre de su nuevo ministro.

Se sabe hace ya varios meses, desde el inicio del mandato de Fernández-Fernández, que existen muchos tironeos internos respecto de diversos temas dentro del gobierno del Frente de Todos. Con las fluctuaciones de la semana pasada se evidenció que en el ámbito de la justicia también se expresan esas disputas internas de poder.

Un vistazo a su trayectoria

Martín es hijo de un importante dirigente del PJ, Carlos Ernesto Soria, cuyo extenso prontuario incluye que encabezó la Secretaría de Inteligencia cuando fue presidente Duhalde. Ese aparato encubrió el asesinato policial de Maxi y Darío en 2002 y alentó la versión de que las protestas en Avellaneda eran de un “grupo de infiltrados que querían atentar contra las instituciones”[1].

Sin juzgar al hijo por el padre, cabe recordar que el propio Soria hijo, al asumir como diputado en 2019, juró por la memoria de su padre y lo recordó así: “Aunque tu ausencia física siga siendo un espacio imposible de llenar, tus valores, tu prédica y sobre todo tu acción, siguen marcando nuestro camino”[2]. Lamentamos alertar que si el flamante ministro sigue ese “camino” no habrá mucha justicia que digamos.

Si bien siempre estuvo vinculado a la política a través de su padre, en 2019 Martín Soria inició su breve trayectoria en el Congreso. Antes fue intendente de Fiske Menuco (General Roca), en Río Negro, de 2003 a 2011. Por ese cargo recibió una imputación judicial, denunciado por recibir dinero de “aportes involuntarios” de un sector de su gabinete. Causalmente, días antes de que conocerse su nombramiento ministerial, la justicia lo sobreseyó de todos los cargos.

Su popularidad en las filas del kirchnerismo duro surgió a partir de sus posturas en redes sociales y denuncias judiciales sobre las reuniones entre el juez Gustavo Hornos y Mauricio Macri antes del procesamiento de Cristina.

Cambiar algo para que todo siga igual

Como venimos expresando en sucesivas notas, el gobierno nacional inició una fuerte embestida contra el Poder Judicial, sobre todo a partir del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. Luego también lo hizo Cristina cuando declaró en una de sus causas. Y a eso se suma el coro oficialista de quienes reclaman una reforma judicial feminista, pero que utilizan la crítica al obvio carácter patriarcal de la justicia para tapar la responsabilidad que le cabe al gobierno y su inoperante Ministerio de Mujeres. Fernández le atribuye a la justicia responsabilidades que sin duda tiene, pero lo hace para ocultar las propias: las del Ejecutivo y las del Legisaltivo donde tiene mayoría propia. A su vez las reformas judiciales que plantea el gobierno (descentralizar Comodoro Py, crear nuevos juzgados o cambiar la integración del Consejo de la Magistratura donde pactan las designaciones de jueces) no van a eliminar de raíz el lawfare, ni la connivencia con la corrupción ni la justicia adicta al poder empresarial y político de turno.

Cambiar de verdad es ir hasta el hueso

Esta justicia no va más. Está claro que no va a investigar de manera imparcial las causas de corrupción ni menos aún a sí misma. Para eso hace falta una comisión investigadora independiente, una CONADEP de la corrupción. Además, el concepto debe ser democratizar de verdad.

Lejos estamos de una justicia autónoma, que sirva de contrapeso en una genuina división de poderes. Para que eso realmente ocurra no puede ser el poder político quien designe a los jueces y fiscales. Sin la elección directa por voto popular, limitación de sus mandatos, eliminación de sus privilegios y también su remoción si incumplen con sus deberes, todo seguirá igual. Sólo que esta vez favorecerán más a un sector político que al otro, pero nunca al pueblo trabajador.

También hace falta implementar los juicios jurados populares, que son una forma de intervención social. Por ejemplo, para impedir que se beneficie a violadores, femicidas, genocidas y curas pedófilos, como ocurrió hace pocos días en Caseros. Desde el MST en el FIT Unidad seguiremos alerta y organizadxs, proponiendo los cambios de fondo que hacen falta para tener un sistema judicial democrático, con participación social e independiente del poder político.

Catalina Coles


[1] https://www.lanacion.com.ar/politica/el-jefe-de-la-side-se-alejaria-de-su-puesto-pero-todavia-no-tiene-sucesor-nid411207/

[2] https://twitter.com/SoriaEnAccion/status/1366368913899012103

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