En el Coloquio de IDEA, una suerte de escuela de cuadros de los CEOS y corporaciones, junto a los políticos burgueses, peronistas y de la derecha, la burocracia sindical ya es habitué en el staff permanente. Este año, estuvieron Gerardo Martínez y Ricardo Pignanelli y no fue casual: la reforma laboral dominó la agenda y el sinceramiento y aporte de ideas de estos traidores matriculados fue casi emblemático. Todo un signo de su decadencia y de la perentoria necesidad de una nueva dirección.
Recurrentemente, desde las patronales y los sucesivos gobiernos, más allá de estilos y formatos, vienen intentando barrer conquistas obreras logradas a sangre y fuego. Acá no existe grieta: del peronismo aggiornado a la derecha en su amplio abanico, todos asimilan el lenguaje del FMI y de la salida que busca la burguesía para que los trabajadores paguemos los platos rotos de la crisis. En sus discursos abundan los términos: productividad, polifuncionalidad, eficiencia, flexibilidad, innovación, eficacia, gestión, modernización de las relaciones laborales y los convenios. Léase, en todos los casos, reforma laboral.
Conocer la historia
Las conquistas laborales a lo largo de la historia estuvieron determinadas por la lucha de la clase obrera y la relación de fuerzas en cada período. Muchas de ellas se lograron institucionalizar a través de leyes generales, convenios y estatutos especiales. En 1902 y 1904 se desarrollaron las primeras huelgas generales en el país. Como consecuencia de ello: en 1904 se estableció el descanso dominical y en 1905 se reguló el trabajo infantil y de las mujeres. Desde el vamos, al ritmo de la lucha de clases, la burguesía y sus gobiernos, mediante medidas reaccionarias y represión pugnaron por arrebatar las existentes y evitar que surjan nuevas.
Recién en 1929 se estableció la jornada de 8 horas y en 1933 los empleados de comercio lograron la estabilidad laboral, indemnización contra el despido y vacaciones pagas por ley.
Durante el gobierno peronista, respondiendo a una situación económica excepcional del país y a un ascenso de las luchas obreras, se amplió la legislación laboral y se crearon los tribunales de trabajo, aunque nunca se legalizó el derecho a huelga. Los cuerpos de delegados e internas se multiplicaban por abajo y eran la expresión organizativa de un nuevo momento de la clase. Mediante huelgas, los trabajadores obtuvieron los convenios colectivos de trabajo con estatus legal, la mayoría abarcando a toda una rama económica. En ellos se establecieron escalafones, antigüedad y limitación del ritmo de trabajo. Si bien se estableció una gran fragmentación y desigualdades, se acumularon conquistas.
La tremenda rebelión del Cordobazo, justamente desencadenado por el cercenamiento de conquistas, como la extensión de la jornada a los sábados, abrió un nuevo período de luchas y direcciones clasistas y se recuperaron derechos. Por ejemplo, primero en la de Fiat en Córdoba y luego en Buenos Aires, eliminaron el premio a la productividad, incorporándolo al salario básico. Esta etapa de luchas obligó la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que le daba rango legal y general a los derechos existentes y consagraba la estabilidad laboral, aunque también aggiornaba otros y habilitaba las tercerizaciones.
La dictadura y la avanzada menemista
Ya durante el tercer gobierno peronista de los 70, la reacción para “bajar el costo laboral” se intensificó. El famoso Pacto Social firmado por la CGT y los patrones, establecía una política de contención salarial y prohibía negociar aumentos mediante convenios. Pero no contuvo nada. Hubo grandes oleadas de huelgas y nuevos dirigentes de base: para barrer luchadores y conquistas sobrevinieron la Triple A y luego la dictadura.
Con el tercer gobierno peronista, es bueno recordarlo, se generaron normas de flexibilidad: Ley de Prescindibilidad del Empleo Público para despedir empleados estatales y decretos que anulaban las cláusulas de los convenios laborales que pactaban la indexación salarial.
La dictadura cívico militar cercenó Ley de Contrato de Trabajo, se amplió la cantidad de horas extras que podía hacer un trabajador en un 60% y se clausuró la negociación colectiva.
Con la recuperación de las libertades democráticas, en pleno gobierno de Alfonsín se mantuvo la prohibición de negociar convenios laborales dictada por la dictadura. A fuerza de huelgas en 1988 se reabrió la negociación colectiva. Pero las burocracias negociaron cambiando derechos por salario. En los convenios firmados entre 1988 y 1989 hubo varios que incluyeron cláusulas de tercerización. Varios convenios colocaron premios por productividad.
Menem y De la Rúa (década de los 90) modificaron la Ley de Contrato de Trabajo y retiraron muchas conquistas mediantes leyes de “emergencia” y hasta una ley de Reforma Laboral, famosa por destapar la complicidad coimera de los legisladores burgueses. Se suprimió la estabilidad laboral al permitir contratos por tiempo determinado y establecer períodos de prueba. Con la excusa de la formación de los jóvenes, se crearon pasantías precarizadoras.
La ley de ART completó la reforma. Así como también la reforma a la normativa de las quiebras de empresas. En las llamadas PyMeS la flexibilización se hizo mayor.
También se atacó a los convenios. Fue célebre el de Fiat-SMATA, firmado en 1996, uno de los flexibilizados y un anticipo del de la Toyota de 2021. Cambiaba la jornada laboral y la empresa podía distribuir como quisiera las horas de trabajo, eliminaba las horas extras (con su pago suplementario) y establecía polifuncionalidad, salario según productividad con vales no remunerativos y vacaciones fraccionadas.
Táctica y estrategia
Las luchas crecientes obreras y populares terminaron con el Argentinazo de 2001, una histórica semiinsurrección que hizo estallar por los aires el modelo neoliberal de la década de Menem y De la Rúa.
Evitaron que se consolide el plan burgués para barrer con los derechos laborales. Se recuperaron conquistas, entre ellas las paritarias y se reflotó la vigencia de convenios. También se disputó la tasa de ganancia de las empresas y el superávit que tuvo el estado en crecimiento durante el período de los K, consecuencias del mismo argtentinazo. Pero el gobierno K, apenas bajó la marea insurreccional, habilitó a la burguesía con la complicidad de la burocracia, para que trate de recuperar terreno. La vieja dirigencia desplegó su rol de contener y dividir las peleas. El sector que se hizo empresarial durante el menemato, como los popes de la CGT fue el más servil. También prestó servicios quienes posaban de críticos, como Moyano y la CTA que fueron degenerando al compás de su rol prebendario del Estado.
Un nuevo intento de la reforma laboral integral, con una ley global, volvió a la carga con el gobierno de Macri y fue derrotada, una vez más, con las gigantescas movilizaciones de 2017.
Con el gobierno del Frente de Todos y en plena crisis capitalista mundial, vuelven a la carga con los intentos de reforma. Cambiaron las tácticas, pero no la estrategia. Ahora es apelar al convenio por empresa y al rol de la burocracia para flexibilizarlo en el sector privado.
Cuestionar y reformar los estatutos especiales como los de trabajadores docentes y en el sector salud donde se lograron leyes de carrera progresivas.
Quieren liquidar la ultraactividad, enorme conquista que todavía persiste en varios convenios: la prórroga automática mientras se negocia uno nuevo, manteniendo los derechos a favor del trabajador. Las patronales la consideran un privilegio, un factor que induce al conflicto y advierten que no existe en los países del “primer mundo” donde avanzó la flexibilización. El Coloquio de IDEA tuvo a la reforma laboral como eje de su agenda. Y a la burocracia como sus facilitadores de primera línea.
Los acuerdos directos entre empresas y gremios, la incorporación precarizadora a las empresas de beneficiarios de planes sociales con período de prueba ampliado y la eliminación del régimen de multas laborales vigente, serían los primeros pasos tácticos hacia la nueva reforma.
Volver a la carga
Con un notable deja vu noventista, ha cobrado fuerza esta campaña por la reforma laboral reaccionaria. Para poner a tono a la Argentina con la receta burguesa para la crisis mundial y avanzar en la pendiente normalización capitalista. Y el clima electoral la coloca como uno de sus ejes de debate. La llegada de Massa al gobierno del Frente de Todos le imprimió un giro conservador y un plan de ajuste y entrega con medidas de corte clásico. La derecha de Juntos por el Cambio, viendo que el gobierno le robó la agenda, le exige más. Y su sector más reaccionario con el propio Macri y Patricia Bullrich habla sin tapujos de implementar los tópicos que se discutieron en el coloquio de IDEA. Milei y sus secuaces directamente comparten tribuna con Cavallo y el hermano de Menem.
Todos coinciden en bajar el costo laboral, a expensas de los trabajadores, de su salario relativo, su salario social y demás derechos. Y resurge con fuerza la idea de una reforma integral, aunque son conscientes de que les va a costar implementarla por el clima de conflictos. La pelea del SUTNA, además de colocar el salario, reflotó el debate por recuperar aspectos del convenio como la “hora al 200%” que perdieron cuando el sindicato era dirigido por Waseijko de la CTA T. Pero la novedad es la verdadera confesión de parte de la burocracia sindical.
¿Pignanelli marca el camino?
Tanto Ricardo Pignanelli, secretario del SMATA, como Gerardo Martínez compartieron cartel con empresarios y políticos patronales. “Cedimos”, dijo el traidor de los mecánicos, cuando le preguntaron cómo se alcanzó el acuerdo de hace dos años con la patronal de Toyota, presentado aquí como modelo flexibilizador. Entre sarcasmos y anécdotas, no pudo con su genio y criticó la pelea del SUTNA, preocupado por las ganancias de los patrones metalmecánicos. Después de confesar su matriz traidora al afirmar que “A la empresa no le puedo sacar más de lo que puede pagar”, reconoció que no le impusieron el acuerdo implementado en la planta de Zárate. Sino que fue él quien viajó a la casa matriz y se lo ofreció a la máxima conducción de la corporación.
Justificando que “El gran desafío es que la gente vea el futuro”. Bueno, en el SMATA hace un tiempo que sus dirigentes salen de viaje de negocios. Omar Dragún, histórico dirigente del SMATA Córdoba, habría viajado a la casa matriz francesa de la Reanult, para hacer una entrega llave en mano. Ese personaje fue quien firmó el acuerdo a la baja de la RenaultNissan, cuando gobernaba Cristina K.
Los cambios regresivos en el convenio de la Unión Ferroviaria, el de los petroleros de Vaca Muerta y el de varios bancos privados, son otros casos testigo que analizaron los popes empresarios y se recomiendan para modernizar las relaciones laborales en clave capitalista.
El buchón de los servicios y secretario de la UOCRA, Gerardo Martínez, redondeó el lamentable rol propatronal de esta burocracia: “ustedes representan intereses y nosotros también. Nadie lo pone en tela de juicio. Es el sistema capitalista. Necesitamos sindicatos transparentes y sanos”.
Un dato no pasó desapercibido: el presidente del coloquio Daniel Herrero, capo de Toyota y quien firmó el acuerdo flexibilizador con Pignanelli. Suficiente ilustración.