«Somos trabajadoras del Estado garantizando derechos, no prestando servicios». Tal es la consigna que levantan las trabajadoras precarizadas del Ministerio de la Mujer en Córdoba, la cual también podríamos usar para reflejar la condición de precarización que atraviesan las trabajadoras de SeNAF.
Desde agosto de este año las trabajadoras de SeNAF se movilizan denunciando el vaciamiento del organismo a cargo de la defensa de derechos de niños, niñas y jóvenes; contra los traslados de los presos adultos de la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido) al Complejo Esperanza y la precarización laboral de quienes deben cumplir con este trabajo esencial. Es así que perciben un sueldo miserable que ronda entre los $ 7.000 y $10.000, ejerciendo en condición de monotributistas.
La única respuesta que han recibido son traslados compulsivos, al igual que despidos sin causa como lo expresa una trabajadora de SeNAF en una entrevista con Periodismo de Izquierda: “He sido despedida el 30 de octubre, sin causa, me obligaban a trasladarme a una de las residencias del SeNAF. Pedí por escrito que se me notificara, y reconocieran mis derechos laborales, a lo cual se negaron y el mismo día 30 me comunican a través de un llamado telefónico, todo por vía informal(…) que el 30 era mi último día laboral”. Es inmediata la exigencia al ministro Julián López de abrir los canales de diálogo y desvincular al secretario José Piñero de SeNAF, quienes cínicamente desconocieron la situación.
Prácticas idénticas se observan en el Ministerio de la Mujer, cuyas trabajadoras son la primera línea de defensa frente a la violencia machista. Es sabido que el aislamiento expuso a muchas mujeres a confinarse con su agresor, lo que ha llevado a un aumento a la línea telefónica del 0800. Pero esto no se tradujo en aumento salariales ni de personal, sino en sobrecarga laboral de trabajadoras precarizadas que ejercen en condición de monotributistas; es decir que sus salarios no son parte de una discusión paritaria, no cuentan con obra social, jubilación, licencia entre otras. Y al ser consideradas “prestadoras de servicio” pueden ser despedidas sin causa ni indemnización, causando inestabilidad económica.
No quedan dudas de que el gobierno provincial es enemigo de los derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables.
Ana Nieto