Acompañando el discurso del presidente en el que se determinaron las nuevas restricciones para intentar aplanar la exponencial curva de contagios de Covid-19 que estamos sufriendo, se anunciaron dos medidas: un refuerzo de emergencia por única vez de $ 15.000 por familia que cobre la AUH, y una pequeña extensión y aumento en el monto del REPRO. En momentos en que la mitad del país está por debajo de la línea de pobreza, tales medidas resultan absolutamente insuficientes. Tan insuficientes, como los miserables $ 6.500 del bono por tres meses otorgado al personal de salud en el último mensaje de respuesta a Larreta.
Morir de Covid o morir de hambre
Cuando los periodistas preguntaron a los compañeros de las organizaciones sociales -entre ellas nuestro MST Teresa Vive– que se movilizaron el pasado 18 de abril en forma masiva reclamando que se regularicen las partidas de alimentos para los comedores, cuál era el motivo por el que se exponían y si no tenían miedo de contagiarse del virus, contestaron que el abandono en que los sumían las políticas del gobierno los obligaba a tener que movilizarse cuidando todos los protocolos necesarios, pero con un riesgo cierto de poder contagiarse, o quedarse en sus casas y morir de hambre.
Es que la cifra del 42% de pobreza -que para muchos analistas es incluso superior- basada por un lado en la falta de trabajo y la precariedad del mismo y, por otro, en el aumento vertiginoso de la inflación, en particular del precio de los alimentos como expresa el índice general del 4,8 % de marzo y el 13% acumulado del primer trimestre, plantea con mayor agudeza esta contradicción impuesta a la población pobre de nuestro país.
Frente a las nuevas y obligadas restricciones son los pobres, los desocupados, los trabajadores informales y precarizados los que están más desprotegidos. Lo invertido en asistencia social para pasar estas semanas de aumento de contagios es sustancialmente menor a lo que se gastó en los primeros meses de cuarentena en el 2020.
El refuerzo para las familias beneficiarias de la AUH, de la AUE y los monotributistas de las categorías A y B (con ingresos mensuales menores a $ 35.000) con hijos menores a cargo, calculados en un millón de familias para el AMBA, le significará al Estado el desembolso de $ 15.000 millones; en tanto el IFE, una ayuda socialcompletamente insuficiente que se pagó a 9 millones de trabajadores en tres tandas de $10.000 cada dos meses, significó una erogación estatal de $ 90.000 millones por tanda. Ahora, cuando más se necesita, el gobierno invierte ¡6 veces menos plata! Y la ayuda llega a ¡9 veces menos beneficiarios!
El aumento en el precio de los alimentos genera cada vez más pobres
La disparada de la inflación de los últimos 3 meses del 13%, casi la mitad del 29% anual que proyectaba Guzmán con el objetivo de que se firmen paritarias a la baja, y la consecuente disparada delos niveles de pobreza e indigencia, han lanzado a la secretaria de Comercio, Paula Español, a una serie de negociaciones con los empresarios de la alimentación. Estas incluyen amenazas incumplidas por parte de la funcionaria, tales como hacer valer la Ley de Abastecimiento o cerrar las exportaciones de carne.
Mientras Español hace fuertes declaraciones a tono con la campaña electoral ya lanzada, agigantadas por los empresarios que no quieren ceder ni un pequeño margen de ganancia, así como también por los medios opositores que se horrorizan frente a tamaño “intervencionismo” estatal, los exportadores se están llenando de plata con el aumento del precio internacional de las carnes y cereales que exporta nuestro país. Las grandes empresas de la alimentación hacen todo tipo de maniobras para eludir o reducir sus márgenes con productos involucrados en “precios máximos” o “cuidados” que solo se encuentran en supermercados -un 34% de la distribución de alimentos-, y muchas veces solo en pequeños stocks que no abastecen la demanda. Ahora se habla de un acuerdo sobre 100 o 120 productos de primera necesidad, cuyos precios estarán congelados hasta las elecciones, los cuales corresponderían a razón de 2 productos por empresa.
Si nos remitimos a las experiencias anteriores, al igual que sucede con los precios de la carne u otros productos de primera necesidad, resulta difícil que de estos acuerdos con empresarios que vienen realizando todo tipo de maniobras, se logre frenar sustancialmente el alza de los precios.
Este aumento que ha cobrado una particular aceleración en los últimos meses no para de crecer. Según una reciente investigación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), mientras la suba de la inflación de los últimos cuatro años, de marzo de 2017 a marzo de 2021, fue de 310,6%, los alimentos crecieron un 335%. Una importanciadiferencia del 25% entre la inflación general y el aumento de precios de los alimentos.
El director de este instituto, Nadín Argañaraz, señaló además que “la caída promedio de salarios reales entre el año 2017 y 2020 estuvo en el orden del 19%. Los trabajadores más afectados fueron los informales, con una caída real que se aproxima al 25%, hasta fines del año pasado”(1).
El ajuste pasa también por la baja en la asistencia alimentaria
El gobierno se ha jactado en el aumento de la asistencia alimentaria para asistir a los sectores más pobres de la población, que están obligados a asistir a comedores populares o a recibir bolsones de alimentos por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, detrás de esta propaganda se esconden grandes mentiras.
Así lo describe Mónica Sulle, una de las protagonistas de la reciente movilización que mencionamos, coordinadora del MST Teresa Vive:“Esta gestión que se autodenominó ‘contra el hambre’ la verdad es que es una vergüenza, porque han hecho el ajuste a través de no entregar la comida. Les echan la culpa a los proveedores que no les venden aceite, no les venden distintos productos que son básicos a la hora de poder responder a las necesidades de la gente. Uno puede ver en el resumen de un remito que te llega, productos tales como kilos de arvejas secas, membrillo, cacao que mandan en proporción junto con la leche y el azúcar. O sea, te mandan para un merendero, no para un comedor. Te mandan para comer arvejas, polenta y fideos; o sea, la nada misma. Nos preguntamos a dónde va a parar toda la plata que dice el Ministerio de Desarrollo que invierte en las partidas para alimentos de los comedores populares”.
El ajuste para pagar la deuda
A las enormes ganancias empresarias surgidas del aumento de los precios y la baja de los salarios, se suma la necesidad del gobierno de “achicar el déficit fiscal”, en buen criollo, achicar el gasto social para acumular los dólares necesarios para pagar la fraudulenta e impagable deuda externa. Acá no hay grieta: medios, políticos y empresarios opositores reivindican los “esfuerzos” de Guzmán por llegar a un acuerdo con el FMI.
Parte de esa política ha sido no proveer en el presupuesto de este año, remitido por el Ministerio de Economía, ninguna partida especial para cumplir con gastos necesarios de la pandemia. Por eso liquidaron el IFE, abrieron toda la economía y habilitaron las clases presenciales sin los debidos protocolos. Mantuvieron un altísimo nivel de contagios, que es la nueva base sobre la que trepa la brutal disparada actual.
El ajuste para pagar la deuda llevó al gobierno incluso a liquidar subsidios a los empresarios afectados por la primera cuarentena, como el pago de parte de los sueldos a través de los ATP. Lo que ahora es reemplazado por apenas un pequeño aumento de la extensión del REPRO a pequeñas empresas y negocios gastronómicos, aumentando su monto de $ 12.000 a $ 18.000. Un pequeño volumen de dinero comparado con la erogación de 2020.
La web Dos florines titulaba en un artículo del 13 de noviembre pasado: Sin IFE ni ATP, el Gobierno prevé una caída real del gasto público del 10% en 2021. También el economista Martín Tetaz, en su artículo Inflación: precios locos y velocidad, publicado en Clarín el 19 de abril de 2021, afirmaba: “…si el IFE+ATP y la caída en la recaudación le costaban un cuarto de millón por mes, hoy el bono de $ 15.000 a AUH y monotributistas del AMBA, más los REPRO le insumirá $ 35.000 millones (asumiendo que el auxilio de $ 18.000 llega a 300.000 salarios mensuales)”.
Justamente, estos ajustes son una de las razones -junto al saldo favorable de la balanza comercial y la renegociación de vencimientos de la deuda- de que el déficit fiscal del último trimestre fuera el más bajo de los últimos 6 años. Un 0,5% del PBI, que lo acerca bastante a la meta perseguida por Guzmán, pactada con el Fondo, de llegar a un déficit de 4,5% del PBI. Según Ecolatina, las “recientes medidas económicas de contención de la segunda ola tienen un costo del 0,13% del PBI. Esto puede modificarse, sobre todo, si vuelven los programas amplios como el IFE o el ATP, o si la dinámica de actividad se agrava y golpea fuertemente la recaudación” (2).
La necesidad de ajustar el gasto es lo que lleva a que, en momentos donde lo que está planteado es “cerrar todo” para evitar el colapso del sistema de salud y bajar la curva de contagios, los trabajadores, y dentro de ellos los informales o cuentapropistas, sean los más perjudicados. Viéndose obligados a concurrir a sus trabajos formales o informales a riesgo de contagiarse y llevar el contagio a sus familias; mientras los empresarios, para sostener sus márgenes de ganancia y el gobierno para cumplir con el Fondo, se niegan a aportar lo necesario para parar la epidemia.
Los que acumulan las riquezas que produce toda la sociedadno tienen reparos cuando se trata de aumentar sus dividendos. Así, mientras los empresarios del agronegocio ayer recibieron un precio récord de la soja al cotizarse a 541,5 dólares la tonelada y se registra el ingreso de unenorme caudal de divisas al país,mientras los bancos y las financieras siguen ganando pese a las consecuencias de la pandemia; los planes del gobierno son seguir controlando el gasto para pagarle al Fondo y mezquinando algún control, algún acuerdo parcial con los empresarios.
En sus planes de trabajo para desocupados y pobres los funcionarios del Frente de Todos esconden, detrás de su discurso progre, sus verdaderos planes. Sulle nos cuenta así los planes para darle trabajo a la gente: “En torno a los planes Potenciar Trabajo, en este momento están dando de baja a gente que no controlan para generar nuevas altas que se adapten a sus necesidades. Es gente que se queda sin nada. Están tratando de mostrar, con un refuerzo en este plan llamado Nexos que reúne alrededor el 10 o 15 % de los actuales beneficiarias, y exige jornada de trabajo completa por la duplicación del monto del plan que actualmente entrega $ 10.400, que hay gente trabajando informalmente. Es lo que dijo Arroyo en Catamarca y volvió a reafirmar hace unos días, que es lo que dice Cristina de que ‘hay que transformar los planes sociales en trabajo’, pero un trabajo con total precariedad. Hay que recordar que Cristina en el programa social Argentina Trabaja, mandaba a trabajar para los intendentes con un salario de hambre a los compañeros que debían realizar solamente tareas comunitarias como contraprestación. Es una política que las organizaciones sociales no vamos a permitir”.
Medidas sociales de emergencia para enfrentar la crisis
Recientemente la dirigente del MST en el FIT-U, Cele Fierro, quien reclamó la expropiación del laboratorio mAbxience para obtener las vacunas necesarias y exigió la unificación del sistema de salud, luego de criticar a Larreta por negarse a suspender las clases, señaló: “Si para contener hay que cerrar, entonces hay que cerrar. Pero cerrar poniendo lo que hay que poner. Porque ahí también entran en juego las y los trabajadores y con trabajos informales, que necesitan tener ingresos y no acordar, como hizo la burocracia el año pasado, aceptando las suspensiones o las reducciones de salarios. Es necesario un ingreso universal de emergencia, distinto al IFE del año pasado que fue de miseria”.
Es necesario entonces un IFE de $ 50.000. Que se cierren todas las actividades no esenciales y un verdadero aumento de salariosque, empezando por los trabajadores de la salud, lleve los ingresos de todos los trabajadores y jubilados hasta cubrir la canasta familiar, imponiendo un congelamiento general de precios. Un programa de emergencia que obtenga los fondos necesarios de dejar de cumplir con los pagos de la deuda y de fuertes impuestos a las grandes empresas.
- Artículo Los alimentos subieron 335% en cuatro años: cuanto perdieron los salarios, publicado en Economía y Política, 18/04/2021.
- Artículo El déficit fiscal del primer trimestre fue el más bajo en 6 años: 0,5% del PBI, publicado en Economía y Política, 20/04/2021.