El día de hoy, cerca del mediodía en el Centro Cultural Néstor Kirchner, Sergio Massa en compañía de Marc Stanley, embajador estadounidense, presentará el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para el intercambio de información financiera automática entre ambos países.
Con este convenio, Estados Unidos brindará la información de los períodos fiscales hasta el 30 de septiembre del vigente año sobre cuentas individuales de ciudadanos locales, de sociedades integradas por argentinos que los ubique como beneficiarios de las mismas y de Trusts que también tengan integrantes locales. Según lo pactado, el acuerdo comenzará a regir a partir del 1 de enero. De esta forma, la AFIP y su homónimo estadounidense, la IRS, suministrará la información detallada con fecha de origen del 30 de septiembre de 2021. Si hubo alguna irregularidad tiempo atrás, festejarán los evasores.
Como todo en este gobierno, se presenta con un doble discurso para favorecer a los más acaudalados del sistema, en este caso a quienes evaden el fisco fugando capitales y abriendo cuentas o sociedades en el principal paraíso fiscal de los capitalistas argentinos: Estados Unidos. El ministro de Economía, quien quiere vender este acuerdo como un paso para cortar con tal maniobra de enriquecimiento, a la par, ofrece un blanqueamiento para los capitales fugados. En una nota radial con Radio con Vos, dijo: “Vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso argentino trate la normativa para que entre 1 de enero y el 30 de diciembre los argentinos que no exteriorizaron bienes tengan oportunidad de hacerlo. Quienes no lo hagan serán sujeto de sanciones, no solo tributarias, sino también penales”.
Mientras el gobierno trata de estigmatizar y eliminar 300.000 programas sociales de menos de $ 30.000, a la vez y conjuntamente con el “dólar soja 2” promueve un blanqueamiento de los capitales fugados. Así, todo dólar que se encuentre en Estados Unidos y sea de algún empresario local volverá sin penalidad alguna. Más allá del proyecto que ingrese en el Congreso, ya en el Presupuesto 2023 se estipulan posibilidades de blanqueo de capitales, por ejemplo, atadas a la ley llamada «de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina» promulgada el pasado 22 de agosto. Con ella el gobierno benefició a sectores dedicados a la especulación inmobiliaria, y con un blanqueo podrían destinar lo declarado para comprar y acaparar aún más inmuebles usados, cuando antes solo era posible comprar unidades nuevas o en construcción.
Más allá de esta particularidad, la medida que beneficia al sector mencionado, a empresarios industriales y de toda rama, también se da en el marco de las menguadas reservas locales, necesarias de reforzar para cumplir lo pactado con el FMI. De esta forma, más allá de que el encargado de Hacienda haya dicho en declaraciones a Radio con Vos que “planteamos en Estados Unidos con mucha firmeza que Argentina necesitaba que Estados Unidos dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas en ese país”, lo cierto es que el gobierno hace una peregrinación y todo tipo de concesiones para recaudar dólares con el fin de pagar la fraudulenta deuda macrista que se renegoció este año.
Según se estima, los datos del acuerdo con el IRS y el gobierno argentino contarán con una base imponible de unos USD 100.000 millones. Sin embargo, de ese monto la recaudación tributaria que se piensa solo rondaría los USD 1.000 millones anuales. Como se viene demostrando, este gobierno es fuerte con los que menos tienen, aplicando un ajuste sin escalas, pero blando con los fugadores seriales, principalmente, responsables de la crisis económica actual.
Como sostenemos desde el MST en el FIT-Unidad, es necesario terminar con la contra reforma económica establecida por la última dictadura. Con la Ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos, y la Ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras, la banca privada permite este tipo de maniobras de fuga de capitales. Desde ese entonces para acá, ninguna de los gobiernos ha modificado estas perversas leyes que atentan contra los recursos de la población más pobre y el conjunto de los trabajadores.
Nacionalizar la banca es lo único que permitiría ponerle fin a este instrumento de saqueo, ya que con una banca única de carácter pública y estatal, con control de sus trabajadores y sus usuarios se podría destinar los recursos existentes para lo realmente necesario: terminar con la crisis social por medio de la creación de trabajo genuino. Este gobierno mostró no tener intenciones de avanzar un ápice en este sentido, más bien la bandera de la independencia económica es algo que pisotea día a día respondiendo a los mandatos del Fondo.