En la ciudad de Santa Fe anunciaron un nuevo tarifazo en el trasporte público. Una nueva medida a favor de los empresarios.
Nuevo golpe al bolsillo de los santafesinos
En declaraciones a la prensa local, voceros de la municipalidad y de las empresas informaron sobre un aumento del boleto que regirá a partir del 8 de febrero. El nuevo cuadro tarifario llevaría el boleto de $28.90 a $42.35, es decir, un incremento cercano al 50%. Las tarifas diferenciadas también tienen incrementos del mismo porcentaje y pasarían a valer: centro a $33, jubilados a $23.50 y el escolar $18.80
Con la excusa de la pandemia, los empresarios argumentan que los números no cierran y presionaron para obtener el actual encuadre tarifario que regirá en los próximos días, y según sus opiniones se encontraba desfasada de la realidad.
Tras darse a conocer la noticia, las críticas a la gestión municipal comenzaron a expandirse. En las redes sociales vecinos y vecinas de la ciudad expresaron su malestar. A modo de respuesta y con cierto cinismo el intendente Emilio Jaton expresó: “No hagamos del servicio público de pasajeros una cuestión política”, desde el escenario de un acto oficial junto al gobernador Omar Perotti.
El nuevo golpe al bolsillo llega con el aval del gobierno nacional que habilitó llevar adelante la variación de tarifas. Semanas atrás el Ministerio de Transporte de la Nación ya había anunciado que en las primeras semanas del 2021 habría aumentos. Los mayores perjudicados serán los miles de trabajadores y sectores populares que hacen uso diario del sistema de transporte para trasladarse a sus puestos de trabajo, los hospitales locales y para recreación.
La iniciativa de aumento llega al mismo tiempo que se están dando otros tarifazos en todo el territorio provincial. La energía eléctrica, el agua, impuestos y patentes de automotores llegarían con aumentos considerables. En el caso de las patentes se trata de incrementos que oscilan entre el 50% y 80%.
Contra las ganancias de las privadas, los servicios como derechos
La crisis del transporte público no es nueva, a mediados del 2020 la falta de pago de los empresarios a los trabadores y las presiones por aumentos hicieron que durante más de 10 días no haya servicio de transporte en la ciudad. Pero la realidad deja en evidencia de que se trata de un negocio sumamente rentable para los empresarios.
En la capital santafesina dos empresas se reparten mes a mes las enormes ganancias y los subsidios. Se trata de Grupo Autobuses Santa Fe y ERSA, ambas constituyen un verdadero oligopolio que pone las reglas de juego con plena convalecencia de las autoridades municipales de turno. Son las mismas empresas que recibieron subsidios millonarios por parte del gobierno nacional en el año 2020, a través del decreto 276/2020 (Fondo Covid de Compensación al Transporte Público de pasajeros) donde la provincia de Santa Fe recibió 561 millones en 3 cuotas de 187 millones.
Las abultadas cifras en carácter de subsidio no han implicado una mejora del servicio. Las y los santafesinos deben esperar casi una hora el arribo de algunas líneas de transporte y además no garantizan llegar a todos los barrios. La promesa de agregar más líneas o más coches nunca fue cumplida y el gobierno municipal anterior y actual no les han exigido la apertura de libros contables, ni han presionado para que garanticen un buen servicio.
Desde el MST en el FIT Unidad rechazamos este paquete de tarifazos y consideramos que el problema de fondo es que durante décadas en nuestro país los servicios públicos no están concebidos como un derecho social, sino como un negocio privado, en donde unos pocos empresarios lucran con las necesidades básicas del pueblo. Si las empresas aducen pérdidas, ¿por qué no muestran los libros contables antes de seguir aumentando?
Desde la izquierda somos categóricos, la movilidad es un derecho y como tal debe estar orientada en dar un servicio público para cumplir las necesidades de traslado no por la ganancia de los empresarios, por eso proponemos rescindir los contratos con las empresas privadas, creando un transporte público estatal que funcione bajo control de trabajadores y usuarios. Ése es el único camino efectivo para asegurar servicios públicos eficientes, económicos y seguros.
Santiago Franco