El pasado 7 de marzo Alberto Fernández anunció, con un mensaje grabado desde la quinta de Olivos, una serie de medidas que el gobierno buscaría llevar adelante para intentar “controlar” la situación que se vive en Rosario. La escalada de violencia que atraviesa esa ciudad por parte de las bandas vinculadas al narcotráfico tiene una profunda raíz en la complicidad político-judicial-empresarial, que junto con las fuerzas represivas del Estado generaron las condiciones de lo que hoy se vive allí.
Alberto Fernández dijo al comienzo de su mensaje que “el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro. Requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en las fuerzas de seguridad, en la justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, expansión y fundamentalmente su impunidad”.
Ahora bien, el presidente parece estar cercano a una respuesta al reconocer que la política de los partidos tradicionales, las fuerzas de seguridad y la justicia son cómplices (o incluso los verdaderos ideólogos) de estas bandas. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta de fondo que esboza Alberto para solucionar esto? ¡Enviar más efectivos de las fuerzas de seguridad, reuniones con los jueces y los políticos cómplices y responsables! Menudo favor les hace a estas bandas criminales para garantizarles su impunidad. Son las mismas recetas que ya han fracasado y siguen profundizando este conflicto, que día a día sigue llevándose vidas de inocentes.
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En primer lugar, el ministro de seguridad Aníbal Fernández viajó a Rosario donde compartió un acto con autoridades locales y una conferencia de prensa de la que tuvo que retirarse al no poder responder una pregunta de una periodista local. La visita del ministro lleva consigo 400 nuevos efectivos de las fuerzas federales, que se suman a los ya enviados, siendo estos un total de 1400.
¿Acaso sumar más efectivos policiales solucionará esto? Está claro que no, estas bandas mafiosas funcionan en clara complicidad con la policía, gendarmes y distintas instituciones que perpetúan (y aseguran) el accionar y el poder de las mafias. Reprimiendo, para salvar la ropa, solamente al narco menudeo en los barrios, ampliando la violencia a los sectores populares no involucrados con el negocio.
Como si esto fuera poco, rebrotó la iniciativa de enviar militares a los barrios. “He decidido que el Ejército argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución. Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia”, fueron las palabras del presidente para intentar justificar una medida que a todas luces tiene pinta de fracaso, como ya lo hizo durante la pandemia, que de una posible solución.
Entre otras medidas, se incluyen la colocación de cámaras de reconocimiento facial y una instalación de la UIF (unidad de Información Financiera) en Rosario. Todas medidas cosméticas que siguen sin apuntar a una investigación exhaustiva de las redes mafiosas que manejan el negocio de lo ilegal, que se encuentra protegida por políticos, jueces y policías.
Es hora de poner en pie un plan alternativo a las medidas tomadas una y otra vez, que no solo son impotentes en soluciones; sino que garantizan la continuidad del funcionamiento de las bandas criminales. Pero estas medidas nunca van a llegar de la mano de los responsables de la situación, es por eso que desde la izquierda planteamos una serie de políticas para poder combatir verdaderamente a estas bandas criminales.
Celeste Fierro, referente del MST y del Frete de Izquierda Unidad, exclamó: “El problema es de fondo, hay que desarticular ese triángulo de impunidad. Tomar medidas integrales para terminar con este delito económicamente organizado: terminar con el negocio millonario de los puertos privados y la Hidrovía por donde pasa la droga, hay que estatizarlos bajo control social. Las fuerzas saben dónde está cada búnker, cada narco, son parte del problema. Por eso, las investigaciones tienen que ser de forma independiente, con organizaciones especializadas y vecinos del barrio. Políticas públicas de integración real para la juventud abandonada por el Estado, ya que se aprovechan de eso para usarlos como «soldaditos del narco».