La jueza María Servini realizó varios pedidos de información sobre la represión del 12 de marzo, en la que distintas fuerzas de seguridad actuaron contra los jubilados que se manifestaban pacíficamente.
Preguntas sin respuesta
Luego de casi dos meses de aquella masiva movilización en defensa de los jubilados, reprimida salvajemente por orden de Patricia Bullrich, la Justicia comenzó a investigar las irregularidades del operativo.
La investigación está encabezada por la jueza María Servini, quien solicitó información a las distintas fuerzas de seguridad involucradas en el operativo del 12 de marzo.
En el caso de la Policía Federal Argentina (PFA), deberá informar si se inició algún tipo de sumario interno o investigación sobre lo ocurrido frente al cine Gaumont, donde un efectivo de la fuerza dejó caer un arma, hecho registrado por las cámaras de C5N. Una imagen más que impactante, en un escenario donde el gobierno intentó instalar hasta último momento que había manifestantes armados.
Sin embargo, pese a la enorme cantidad de detenidos, ninguno de ellos portaba armas. Otra operación impulsada por la ministra de (in)Seguridad para justificar la brutal represión contra jubilados indefensos.
La misma fuerza deberá explicar cómo actuó tras detener a dos chicos de 12 y 14 años, que se encontraban en Plaza de Mayo buscando un transporte para volver a sus casas luego de salir del colegio. Integrantes de la PFA los demoraron en la vía pública, les inmovilizaron las muñecas con precintos y les negaron la posibilidad de comunicarse con sus familias. La Policía recién notificó la detención a las 20:47. La jueza penal juvenil Laura De Marinis sobreseyó a los adolescentes y calificó el procedimiento como ilegal.
Por otro lado, Servini también solicitó información a la Policía de la Ciudad sobre cómo se actuó durante el operativo y si se inició un sumario administrativo “en relación al camión hidrante desde el cual provendrían provocaciones a los manifestantes: ‘Vengan zurdos… vengan zurdos’”.
La jueza insistió en saber si “se ha formado legajo alguno en relación a la responsabilidad de agentes de la Policía de la Ciudad en la marcha del 12 de marzo de 2025 por la comisión de algún delito” y, en tal caso, pidió que se brinden precisiones.
La investigación también apunta a los responsables del disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que dejó en estado crítico al fotógrafo Pablo Grillo, así como al ataque con tonfa y gas pimienta contra la jubilada Beatriz Blanco.
A la ministra Bullrich se le solicitó que informe quiénes estuvieron presentes en la Dirección General de Operaciones al momento de la represión, así como las “directivas impartidas con relación a los procedimientos desplegados por las fuerzas de seguridad”, en particular las órdenes que autorizaron el uso de “armas menos letales”.
Buscando al “barrabrava”
El accionar sucio de las fuerzas de seguridad ese día también quedó evidenciado en las numerosas detenciones arbitrarias. La jueza Karina Andrade, quien otorgó la libertad a los 114 detenidos y luego fue denunciada por el gobierno, explicó: “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y el lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos, el delito se informaba después”.
Además, señaló: “Nótese que hasta las 22:17 horas aproximadamente, el tribunal había sido informado de catorce detenciones, y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
En su resolución, Andrade remarcó que “respecto de las detenciones informadas, se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”.
Un cruel objetivo
Pasados casi dos meses de aquella represión, los jubilados que se manifiestan en el Congreso son reprimidos cada miércoles, casi como un acto ceremonial de Bullrich y sus fuerzas.
Los argumentos que esgrimió la ministra se demostraron falsos y cayeron uno por uno: no había barrabravas entre los jubilados. Quienes actúan como barrabrava de la casta son los que golpean a los adultos mayores sin ningún remordimiento.
Un gobierno que miente para justificar la represión contra quienes trabajaron toda su vida por migajas representa intereses ajenos al pueblo. Por eso, con la movilización en las calles, debemos reclamar que tanto Bullrich como Milei se tienen que ir.