El caso nos conmueve, nos confronta con lo insoportable. Involucra cuestiones morales profundas y supera el límite de lo humanamente figurable. En un juicio que fue materia de debate público, las asesinas merecen la condena recibida: cadena perpetua. El debate es cómo prevenir el maltrato y la violencia infantil.
La Ley Lucio establece nuevos talleres y capacitaciones al personal de salud, se supone que con presupuesto suficiente. Pero los conceptos y contenidos sobre violencia contra las infancias y adolescencias, los dispositivos de abordaje y hasta algunos mecanismos de actuación ya están explicitados en tratados internacionales, leyes nacionales, provinciales y hasta el Código Civil.
¿Entonces? Es evidente que las carencias y las penosas condiciones reales de las escuelas y hospitales públicos, y de las áreas estatales de asistencia a la niñez, desbordan largamente dicha normativa o directamente la vuelven humo.
Un panorama grave
No cabe duda sobre la perversión o psicopatía de las dos asesinas. Sobra bibliografía científica e investigación. En el IG de “Mamá y Pediatra”, por ejemplo, los testimonios constatan que la violencia y el maltrato infantil son un problema estructural. Y en la mayoría de los casos, la pobreza multiplica la vulnerabilidad.
Los medios describieron los abusos y torturas a Lucio, repudiables desde todo punto de vista. Y justamente esa condición perversa de las victimarias nos advierte que ser progenitora no es igual a ser madre y que gestar tampoco es igual a maternar. Maternar implica un rol de contención, cariño, escucha, y eso es una construcción. Naturalizarla impide pensar que una progenitora pueda ser tan violenta. Por eso cabe preguntar si esa concepción estereotipada de la maternidad no es lo que operó como sesgo por parte de la jueza cuando decidió darle la tenencia a la progenitora, ignorando las condiciones reales.
Concebir a la mujer como “naturalmente” buena cuidadora es nodal en la ideología patriarcal capitalista y forma parte del ideal de crianza de la familia nuclear moderna. Pero maternar no es un acto biológico sino político, que no toda persona está en condiciones de asumir. La lucha feminista a favor de que la maternidad sea deseada es justamente a favor de las infancias.
Las políticas públicas, la justicia y la ley -en un sentido fundante, como el pacto de no dañar– son clave en la estructura psicológica de la relación intrafamiliar y en el entorno sociocultural. Es un factor de protección, que destaca la importancia de las instituciones de apoyo, el Estado y la red de protección. En ese punto, la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes[1] plantea la co-responsabilidad entre familia, Estado, instituciones y la sociedad civil para el resguardo, protección e integridad de las infancias, bajo el principio del interés superior del niño o niña. Pero la distancia entre la ley y las prácticas parece ser una de las grandes fallas.
Sobre las fallas para prevenir
Una pregunta frecuente es sobre el rol de la escuela y el hospital ante el caso de Lucio. ¿Por qué no hubo informes o denuncias previas? ¿Estaba lo suficientemente escolarizado Lucio como para que la autoridad escolar tome parte? ¿Hubo omisión? ¿Qué hacía el personal de salud cuando Lucio era enviado por sus propias victimarias a tal o cual hospital o salita?
Todo indica que fallaron las alarmas, lo que abre el debate sobre cómo se trabaja en esas instituciones. A nadie escapa que las escuelas y hospitales atajan en forma directa la crisis social. Implica discutir la capacitación, la especificidad, las competencias en cada caso, y también, cómo puede ser que los Equipos de Orientación Escolar actúen siempre desbordados, con falta de personal y de recursos. Y aunque a veces la escuela aplica correctamente los protocolos, eleva los informes, articula las derivaciones y hace las denuncias, en realidad los organismos de protección local -que reciben todos los casos de vulneración de derechos- están vaciados, con personal precarizado, mal pago e inestable, sin planta fija.
De hecho, en los presupuestos nacionales, provinciales y locales hay recortes en las áreas de protección a la niñez. Tras las negociaciones de Massa con el FMI, UNICEF presentó en una comisión del Congreso un informe sobre cómo impacta el proyecto de Presupuesto 2023 en los programas destinados a la niñez en la Argentina: la reducción interanual es del 0,2% del PBI. A valor real, es un recorte del 8 al 15%[2]. Esto viola el artículo 72 de la Ley de Protección Integral, que dispone la intangibilidad de esos fondos y prohíbe las rebajas presupuestarias.
Junto a ese esquema de ajuste, el paradigma de protección integral está en tensión con el viejo modelo tutelar. Pues en varios sectores sociales y del Estado, incluidas las iglesias, persiste una concepción privada de la crianza. Así lo refleja el lema “con mis hijos no te metas”. Esta concepción coloca a las infancias en el lugar de objeto y propiedad de sus madres y padres, dificultando la intervención de agentes externos: escuela, hospital, etc. Enfrentar esa idea retrógrada y fomentar la ESI es crucial.
No fue violencia de género
Repudiamos la campaña de la derecha en las redes y algunos medios. Decir que “a Lucio lo mató el feminismo” es tan absurdo como decir que a Fernando Báez Sosa lo mató el rugby. Ello sólo confirma los niveles de ignorancia de quienes se embanderan en discursos de odio y violencia hacia las mujeres y personas LGBT. Días atrás, un hombre entró al Maricafé de Palermo al grito de “justicia por Lucio” y amenazó de muerte a todo el público…
Tales ideas niegan la realidad: la lucha de las madres protectoras contra el abuso sexual y el maltrato infantil, la lucha contra el falso Síndrome de Alienación Parental, la articulación con las áreas y asociaciones de derechos de la infancia, son temas que impulsan más que nadie las feministas.
En el infanticidio de Lucio, la querella pidió agregar el agravante por odio de género. Es una chicana. ¿Qué sería el odio de género en un caso así? El odio a la mujer se llama misoginia y el odio al varón misandria. Para ser considerados un agravante, deben ser parte de una estructura que favorezca el rol del/a victimario/a. Pero no fue así: ni vivimos bajo un régimen misándrico ni la condición femenina de las asesinas o su orientación sexual como lesbianas les dio ventaja alguna.
Por su origen y definición, el concepto género existe sólo en el marco de un contexto social determinado. Como hoy la desigualdad estructural va mayormente en perjuicio de las mujeres y diversidades sexuales, el agravante de género castiga la violencia contra esas personas. El concepto violencia de género existe para mostrar la raíz político-social de esa violencia.
El caso de Lucio no marca la jerarquía del género femenino sobre el masculino -hecho irreal y que el feminismo no propone-, sino la jerarquía del adulto sobre el niño, del poder que se ejerce sobre las infancias y que si se usa con violencia se convierte en impunidad. Desde ya, la violencia contra las niñeces la ejercen tanto mujeres como varones, por cierto estos últimos en mayor proporción.
La violencia contra las infancias es sistemática. Nuestra lucha es entonces por aumento presupuestario en las áreas de niñez y aplicación efectiva de la Ley 26.061. Y también por cambios de fondo en la justicia y en todo este sistema social tan injusto basado en la explotación, la opresión y la violencia, que siempre nos indigna más cuando va contra la niñez.
[1] En 2006, esta ley reemplazó el antiguo sistema de patronato basado en un paradigma de tutelaje.
[2] https://www.unicef.org/argentina/media/15586/file/An%C3%A1lisis%20del%20presupuesto%202023%20con%20foco%20en%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf