Privados, burocracia y gobierno a la mesa. ¿Qué cambia el proyecto de reforma sanitaria?

Hay una nueva ronda en el debate sobre el sistema de salud. Otra vez lo introduce Cristina, esta vez en clave electoral. Sin embargo, pese al alboroto mediático con Belocopitt y la CGT, son más las coincidencias entre ellos que los matices. Veamos.

Fue en diciembre del año pasado cuando CFK lanzó la idea de “repensar” el sistema sanitario. Parte de un paquete de señalamientos para intentar revertir el desgaste del gobierno de Alberto por la crisis socio sanitaria. Habiendo sonado la campana de largada de la contienda electoral, nuevamente desde el ala “progre” del Frente de Todos, en el marco de otra serie de propuestas para maquillar y remodelar la fachada, insisten con la reforma de salud. Pero no es solo retórica electoral. La pandemia puso al rojo vivo los graves problemas estructurales de la salud, producto de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos y la necesidad de cambiar. Para el gobierno solo se trata de poner un poco de orden en un sistema que no da para más. Aunque todavía no consensuaron ningún proyecto de ley y, más allá de la puja sectorial, los privados y la burocracia tienen importantes acuerdos marco con el gobierno. En el AS Nro. 776 (28/1/2021) ya polemizamos con el proyecto “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024” apenas se conoció. Planteamos que sobra retórica progresista y faltan cambios en serio. Y que solo un sistema único permite enfrentar la contingencia pandémica y avanzar en una salud gratuita, universal e igualitaria. A la luz del nuevo debate reforzamos algunos de esos conceptos.

Más acuerdos que diferencias

Es natural que el sector privado que viene acumulando ganancias y acaparando más del 65% de la capacidad instalada del sistema haga olas cada vez que se insinúa alguna modificación del status quo sanitario. Lo mismo sucede con lo más granado del sindicalismo empresarial: los popes de la CGT, disputan cual botín los fondos de las obras sociales y son socios del sector privado. Daer y Belocopitt son dos caras de la misma moneda y pujan por sus intereses. Otro tanto sucede con las diferentes alas del Frente de Todos. Soberanía Sanitaria, el Instituto Patria y La Cámpora, son los autores de los ejes programáticos que presentó Cristina, y hablan de sistema integrado. La Corriente Sanitaria Nacional (Movimiento Evita, ISALUD, Vizzotti/Ginés), más ligados a los Gordos de la CGT y la defensa del actual status de las obras sociales, aparecen como más conservadores frente al “progresismo” K. Pero, apenas se profundiza el debate y se pasa de la retórica a las medidas que se adoptarían, los caminos se aproximan.

Primer acuerdo: no se estatiza nada. El gobierno, en todas sus vertientes, salió rápido a despejar toda duda. “Nadie está hablando de estatizar el sistema…nadie trabaja con ese objetivo, hay que redefinir cómo se financia”, (Santiago Cafiero). “Nadie habla de estatizar las prepagas” (senador Parrilli). “Es todo lo contrario… (se trata de) … sostener una situación complicada del sector privado… no se trata de enfrentar a un sector con otro sector, simplemente ver cómo nos organizamos”. (ministro Gollán). Teresa García (ministra de Gobierno provincial): “hay que sentar en una mesa a todos los actores de la salud, la pública, la privada, las obras sociales y los beneficiarios de las prepagas”. Yedlin, presidente de la comisión de salud de Diputados confirmó: “nadie está intentando cerrar el sector privado (…) la idea es no gastar de más”. Coherentes con la medida de Kicillof que, en plena pandemia, “auxilió” a las privadas de la salud con un convenio donde les transfirió 400 millones de las arcas del IOMA, queda claro que no piensan tocar ni uno solo de los intereses del sector privado.

Segundo acuerdo: a lo sumo una coordinación. Aunque los del sector más conservador, como Yedlin, afirman que “esta integración ya existe. Hay convenios públicos-privados y se puede mejorar”, la reforma propuesta por los K apenas apunta a que haya un rol más ordenador por parte del Ministerio nacional. Así como no se proponen superar la fragmentación vertical entre lo público y lo privado, tampoco pretenden avanzar en la fragmentación horizontal, al interior de cada subsector, sobre todo del sector público. Así como no hubo integración al sistema público de la Clínica San Andrés que, como varias otras fueron vaciadas y sus trabajadores despedidos, el gobierno tampoco movió un dedo por el Hospital Larcade que está siendo desguazado por la intendencia de San Miguel. Si hubiera siquiera intenciones de un sistema “integrado”, podrían dar una muestra de ellos provincializando los hospitales en crisis.

Tercer acuerdo: la plata la siguen poniendo los de abajo. Además de la fragmentación, el sistema está desfinanciado. Los presupuestos públicos vienen a la baja año tras año. Un dato duro de la realidad, corresponsabilidad de todos los gobiernos. Sin embargo, nadie plantea un shock en la oferta de servicios, con un drástico aumento presupuestario y una financiación desde rentas generales. Sectores de la burocracia, que disputan más por las arcas de las obras sociales y sus privilegios que por el salario, incluso se entusiasman y han salido abiertamente a apoyar, como Moyano, que ve en la reforma “más recursos para las obras sociales que están pasando situaciones complicadas”. El proyecto ni siquiera suprime la desregulación impuesta en los años 90 y, desde ya no supone ningún impuesto a la riqueza para financiar el sistema. Por el contrario, el eje del proyecto es una de las viejas recomendaciones del Banco Mundial que propone ajuste presupuestario y vías de financiamiento alternativas como la autogestión y el arancelamiento, camino a la privatización. Una de esas vías es el tan mentado “recupero” de obras sociales y prepagos.

Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados (a las obras sociales y los privados). Es decir, el trabajador seguirá pagando varias veces por su atención: el impuesto con el IVA, la cuota de la obra social, coseguros, pago directo de algún insumo faltante y… tal vez también un bono de cooperadora. Nada es nuevo. El concepto es que se gasta demasiado y mal, no que el Estado no invierte en salud y los privados y burócratas se llenan los bolsillos. Los hospitales SAMIC, como el Garrahan, el Cruce y otros, son un modelo bancomundialista defendido por todas las variantes del PJ y sus aliados.

Cuarto acuerdo: el equipo de salud sin reconocimiento salarial ni laboral. Con salarios de hambre, precarización y desgaste prematuro por la alta exposición al riesgo que suponen el proceso de trabajo y las condiciones laborales, el equipo de salud es la variable de ajuste por excelencia. Siendo el sistema de salud mano de obra intensiva, nunca vamos a tener “salud para todas y todos”, si no se reconoce y cuida a sus trabajadores. No lo contempla el proyecto K y, por supuesto, en esto coinciden patronales privadas y gobiernos. La burocracia, como en los demás sectores del movimiento obrero y más aún ahora que se integra al frente gobernante, también es socia en este rubro. La discusión del sistema de ART directamente está ausente sin aviso del proyecto.

Barnizando el viejo modelo

El proyecto que propone crear un SNISA (Sistema Nacional Integrado de Salud de la Argentina) es muy inferior al SNIS de los años 70 que fracasó completamente porque justamente no proponía ninguna estatización. Aquel modelo, pese a estar enmarcado en la retórica del “socialismo nacional” de la izquierda peronista de entonces, no se propuso romper los marcos de la sacrosanta propiedad privada ni de los privilegios sindicales. La burocracia de ese entonces lo rechazó y el sector privado no aceptó el convite. Esa experiencia debería llamar a la reflexión a quienes tienen expectativas en que se puede avanzar a una integración aun en tiempos de aggiornamiento peronista y crisis capitalista. Hoy no hay espacio para las medias tintas progresistas, mucho más cuando es más el doble discurso en los medios que las medidas concretas que, en esencia, no superan la lógica capitalista y terminan abonando al pacto social. Cuando el verso deja paso a la cruda realidad, el posibilismo K. nos dice que no da la relación de fuerzas, sin proponerse ni en los papeles apelar a la movilización para enfrentar a las corporaciones del llamado complejo médico industrial. “Celebro que empecemos a discutir sobre el sistema de salud. Es algo que venimos diciendo todos quienes estamos en este sector, que observamos que la actividad requiere una reformulación … nunca hemos escuchado la palabra estatización”. Lo dijo el ladero de Belocopitt, Barbagallo, secretario de la Unión Argentina de Salud (UAS). A buen entendedor…

Datos contundentes

El llamado gasto total en salud representa el 9,4% del PBI, pero el sector estatal recibe una inversión que apenas supera el 2,7%. El resto, refleja el botín de los jerarcas sindicales y las ganancias de los privados. El sector público forma el 80% del recurso humano en salud, atiende el 90% de las emergencias y casi a la mitad de la población… pero representa solo el 28% del llamado “gasto” total.

En el 2004 las camas hospitalarias privadas eran 60.697, representando el 47% de la oferta disponible y luego se continuó incrementando en forma sostenida alcanzando en el 2011 un total de 67.293 y alcanzando el 50% del total. Actualmente su capacidad instalada es cercana al 60% y absorbe casi el 57% del recurso humano. Es imperioso sumar la totalidad de estos recursos privados que hoy atienden a no más del 10% de la población con capacidad de pago, a un sistema único, estatal, universal y gratuito.

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