Hace unos días presenté un proyecto en la Legislatura provincial para reducir la edad jubilatoria de la docencia y el personal de salud a 53 años en el caso de las mujeres y 56 años en el caso de los varones. Se trata de una reparación histórica para aquellas y aquellos que han puesto todos sus conocimientos, su energía y su vida al servicio de la educación y la salud de todos los cordobeses y cordobesas.
Estos derechos, como tantos otros, estaban contemplados en la Ley 8024 y fueron arrancados por los sucesivos ajustes y recortes de los distintos gobiernos provinciales. En esto no hay grieta: el gobierno nacional actual cambió la fórmula afectando tanto el haber como la movilidad, lo que deja hoy a las jubilaciones nacionales en la vergonzosa suma de $23064. En el mismo camino, el gobernador Schiaretti recortó las jubilaciones el año pasado con una reforma bochornosa en plena pandemia, y Juntos por el Cambio -que ahora se rasga las vestiduras- cuando fue gobierno recortó un 20% los haberes.
¿Por qué hay tanto acuerdo en atacar a las jubilaciones?
La explicación debe buscarse en las recetas de los organismos de crédito internacionales y en los criterios empresariales con los que se toman las decisiones. Desde su lógica, los trabajadores somos una herramienta a la que quieren usar hasta que quede obsoleta y recién ahí descartarla para adquirir una nueva. Por eso la tendencia mundial es aumentar la edad jubilatoria y reducir derechos laborales. Usan como argumento el aumento en la expectativa de vida y la precarización laboral, lo que provocaría que los regímenes jubilatorios no puedan sustentarse y por eso exigen que sean los trabajadores, los que una vez más pongan el esfuerzo.
Pero nosotros y nosotras no somos un número y nuestras vidas valen. Y si son fundamentales para mover el mundo, también deben serlo para protegerlas y para valorarlas. Justamente esa es la idea que queremos debatir, no vamos a naturalizar que nos saquen hasta la última gota, no vamos a naturalizar que debamos morirnos trabajando y vamos a pelear para que las y los trabajadores tengan un tránsito digno a la vejez y puedan disfrutarla. Ese es el espíritu del proyecto y no sólo es necesario, sino que además es perfectamente realizable.
¿Por qué a docentes y trabajadores de la salud?
La pandemia nos permitió ver aún más lo esencial de sus tareas y lo ingrato que es el Estado con ellos. Pero sus labores son fundamentales y desgastantes desde siempre. Hay numerosos estudios que dan cuenta de los riesgos psicosociales que impactan en estos sectores, que hacen que se multipliquen los casos de síndrome de “burnout”, carpetas psiquiátricas y tareas pasivas. La situación actual no ha hecho más que empeorar, sobre todo teniendo en cuenta la precarización, los bajos salarios, el pluriempleo; es decir, la pérdida derechos y el maltrato al que son sometidos por el propio gobierno y que agrava aún más las condiciones en las que deben trabajar. A esto sin dudas hay que sumarle el deterioro en las condiciones de vida generales de la población: el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a los derechos básicos, todas problemáticas que impactan de lleno tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo, cuyos trabajadores y trabajadoras deben afrontar problemáticas que exceden ampliamente sus labores.
A este combo explosivo se sumó la pandemia, que directamente demostró que son tareas que no pueden hacerse a cualquier edad y en cualquier condición. Pensemos en el desgaste que puede tener una enfermera de 60 años que tenga por ejemplo 23 años de servicio y esté hoy en primera línea contra el virus. O una maestra que tiene 56 años y está hace 32 frente a alumnos, que en este contexto da clases virtuales y presenciales sin recursos para ninguna de las dos modalidades. Ni la enfermera, ni la maestra pueden jubilarse con la ley actual, aunque claramente les corresponde. Mucho más si pensamos que una policía se retira a los 51 años y puede hacerlo con 22 años de servicio.
¿Por qué la diferencia de edad entre mujeres y varones?
Además de ser extremadamente desgastantes, ambas tareas comparten otro denominador común: son labores altamente feminizadas, es decir la mayor parte de quienes las desempeñan son mujeres. Por sólo mencionar un dato, el 85% de las jubilaciones docentes corresponden a mujeres. A esto hay que sumar que, aunque peleamos mucho y conquistamos muchos derechos, el patriarcado lamentablemente no terminó, por ende la igualdad real sigue siendo un derecho a ganar y mientras tanto, las tareas domésticas y de crianza siguen recayendo sobre nosotras. Por lo cual, a la carga laboral debemos sumarle la carga que implica desarrollar todas las tareas de cuidado, que son muchas, extenuantes y no remuneradas. Tan es así, que la diferencia en la edad jubilatoria es una de las pocas cosas que este sistema patriarcal reconoce desde hace años como política de “discriminación positiva”. Si el agotamiento es mayor, el reconocimiento también debe serlo y por eso el proyecto propone que las mujeres de la docencia y la salud puedan jubilarse 3 años antes que sus pares varones, reconociendo esa desigualdad existente en sus tareas integrales.
¿Se puede?
Uno de los argumentos preferidos de los voceros del gobierno es una supuesta debilidad estructural de la Caja que se refleja en un abultado déficit. Los únicos responsables de ese desastre son ellos, que hace más de veinte años gobiernan y vienen metiendo mano sistemáticamente en la misma. De hecho, los cordobeses y cordobesas durante muchos años aportaron el 18% de sus salarios, muy por encima del resto de los jubilados nacionales, y esa diferencia de plata que fue a un Fondo Complementario, la dilapidó este gobierno sin rendir cuentas a nadie.
Por otro lado, no son los regímenes de docentes y salud los que desfinancian la Caja. De hecho, ambos son superavitarios porque tienen muchos más aportantes que jubilados. En el caso de la docencia hay 81713 aportantes y 37895 jubilados, mientras que otros regímenes como la policía o los magistrados tienen una relación más pareja entre aportantes y jubilados, además de que algunos cobran haberes mucho más altos. Por lo tanto, este proyecto es absolutamente realizable. Decir “no se puede” nunca cambió nada, hay que discutir qué es lo necesario y justo, y poner todo lo que haga falta para lograrlo. Hoy más que nunca, quienes le pusieron el cuerpo toda su vida a cuestiones tan fundamentales para el conjunto de la sociedad, deben empezar a recuperar derechos. Que los esenciales puedan disfrutar su vejez, es una responsabilidad que el Estado no puede eludir ni un minuto más.
Luciana Echevarría
Legisladora Provincial MST-FITU