sábado, 13 julio 2024 - 00:29

Pilar. Justicia por Priscila, el Estado es responsable

El 8 de mayo nos enteramos del lamentable deceso de Priscila Maite Vechara, una compañera travesti de 25 años de edad. Ella era trabajadora sexual de la zona roja de Pilar. En 2019 había sido ferozmente atacada por un transeúnte, que le propinó fuertes golpes por todo el cuerpo y cabeza.

En aquel momento fue socorrida por compañeras de la zona y vecinos del lugar. Aquella vez, como en la mayoría de estas situaciones, cuando se acercó el personal policial Priscila fue maltratada, estigmatizada y discriminada por los efectivos que, por supuesto, no respetaron su identidad de género. Luego se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia correspondiente, ya que el efectivo insistió en que la realizara sin antes ser asistida por los médicos.

La presión de sus compañeras trans, que en ese momento la estaban asistiendo y acompañándola, logró que la llevaran al Hospital Sanguinetti de Pilar, en donde quedó internada. Entre otras lesiones, los golpes recibidos le provocaron grandes hematomas y heridas cortantes en la cabeza.

Priscila nunca pudo recuperarse completamente: entraba y salía del hospital permanentemente. Su gran anhelo era recuperarse y obtener un trabajo genuino para poder vivir su vida digna y tranquilamente como cualquier otra persona. Como es sabido, existe un decreto presidencial del año pasado que dispone el cupo laboral trans. Pero como muchxs otrxs, ella no pudo acceder a ese beneficio, ya que en Pilar el cupo volvió a quedar cajoneado, sin llegar al 1% del personal.

La creación de la nueva Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, como siempre, determinó a dedo quienes podían acceder a un puesto de trabajo, utilizando el cupo trans pero sin ser trans. Priscila, como muchas otras compañeras, seguían a la espera sin ser llamadas.

Este año ella vuelve a quedar internada en el Hospital Sanguinetti ya con un grave cuadro de neumonía. Hacía dos meses que estaba internada y solo sus compañeras la visitaban. La Secretaría de Mujeres no respondió a las necesidades básicas que Priscila tenía en tal estado de vulnerabilidad. Para no hacerse cargo de ella la derivaron a Formosa, de donde ella es oriunda, para que fuese internada. Así, cual si fuera un paquete indeseable se la mandaron a la familia, la misma “familia” que la había expulsado al enterarse de su identidad de género y orientación sexual.

En Formosa Priscila fue desatendida, maltratada y violentada en el hospital por su identidad de género. Tampoco respetaron su nombre, contra toda la normativa vigente que establece que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado”[1].

Cabe recordar que la probabilidad de vida de una persona trans es de 35 a 45 años. Priscila se fue muy joven en la espera de repuestas del Estado.

En lo que va del año ya llevamos 20 compañeras travestis y trans asesinadas por crímenes de odio y/o en espera de respuesta del Estado. Hoy lloramos la pérdida de otra compañera muy joven, con muchas posibilidades de vivir. Hacemos responsable al Estado por la falta de respuestas, porque mientras están sentados eligiendo con el dedo a quién le dan acceso al trabajo, salud, educación o vivienda, la mayoría de travestis y trans sigue totalmente vulnerable y sin acceso a los derechos más elementales. Mientras tanto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación hace un lavado de cara para calmar al colectivo LGBT+ diciendo que “hay inclusión”. Pero la cruda realidad demuestra todo lo contrario: las compañeras trans mueren, son violentadas, sus derechos son atacados, sin acceso al trabajo, educación, salud y vivienda.

Por eso exigimos justicia por el abandono de Priscila y hacemos responsable al Estado. Junto con ello, seguimos preguntándonos: ¿Dónde está Tehuel? ¡Aparición con vida ya!

Mónica Aguirre


[1] Ley 26.743,art. 12.

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