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La ministra de Capital Humano vuelve a los reflectores por una denuncia de delitos cometidos en la compra de alimentos.
Aguas turbias
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada en una causa que investiga malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Esta surge de una denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero sobre una situación del 8 de febrero de 2024, donde la ministra firmó una resolución para transferir $14 mil millones al programa de compras de alimentos, transferencia que no se habría concretado.
El traspaso de dinero se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de arroz, fideos y leche en polvo, entre otros. Además, se indica el pago de una comisión por parte del Estado de un 3 % por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante para la adquisición de un millón de unidades de cada producto.
La causa judicial está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal federal Franco Picardi, quien impulsó la investigación en febrero de 2025 y solicitó medidas de prueba a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la transferencia y licitación.
Se investiga si la ministra excedió el monto habilitado de compras sin la firma del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. También, el monto de las comisiones que cobró el PNUD en concepto de “costos”.
Por ello, el fiscal también apunta a “indagar todos los aspectos relacionados con la transferencia de aquellos fondos al PNUD y con el pago realizado en concepto de gastos de gestión (420 millones de pesos), a fin de verificar si las asignaciones y la utilización de los fondos se ajustaron a lo dispuesto por las normativas legales aplicables”.
No es la única causa judicial que atraviesa el ministerio. Además de la compra de alimentos, Capital Humano firmó un convenio con la OEI para realizar contrataciones de personal, que se sospecha se usó para pagarle a funcionarios del propio ministerio.
Este último caso está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la justicia federal de Comodoro Py, en la fiscalía de Ramiro González.
Capital inhumano
Los desvíos de fondos no son el único elemento criminal de Pettovello y su ministerio; la demagogia de su disputa con las organizaciones sociales, combinada con el cuento del déficit cero, provocó una política que constituyó un verdadero crimen social, donde preferían que la comida se pudriera en galpones antes que enviarla a los comedores.
Alimentos que no solo no se enviaron a los comedores populares, sino que tampoco fueron utilizados para ayudar ante catástrofes como la ocurrida en Bahía Blanca en 2023.
Está claro que esta justicia adicta al poder de turno no investigará profundamente a la ministra ni al funcionamiento de Capital Humano, más aún si el juez a cargo de la causa es Ariel Lijo, quien fue parte de la maniobra del gobierno nacional para colocar jueces en la Corte Suprema por decreto.
No obstante, que deban “hacer de cuenta” que investigan demuestra las irregularidades que existen en un ministerio que hizo suyo un discurso contra la corrupción persiguiendo a las organizaciones sociales, evidenciando la hipocresía que recorre cada una de sus oficinas.
En un momento de pulverización de ingresos en los sectores populares, la política hambreadora del Capital (in)humano compone un verdadero crimen social que hay que enfrentar y denunciar, hasta tirar abajo el plan motosierra y a todos sus artífices.