El gobierno quedó envuelto en una nueva licitación amañada que costará cerca de un 20% más, por productos de menor calidad.
Claroscuros en el PAMI
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) vuelve a ser noticia. La semana pasada, exfuncionarios del gobierno denunciaron una trama de privilegios, cargos fantasma y corrupción que involucra a Sebastián Pareja —principal armador de Karina Milei— y a Esteban Leguizamo, actual titular del organismo.
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Esta semana, el escándalo se profundiza. Diversos sectores apuntan a una licitación arreglada en uno de los contratos más onerosos del Instituto: la provisión, almacenamiento y distribución de pañales para afiliados.
En el acta de apertura de sobres del concurso público, solo apareció la oferta de Urbano Express, que finalmente fue adjudicada. Otras tres empresas del sector —Lenterdit, Italpañal e Hisan— se habían presentado, pero desistieron de ofertar.
Según denuncias, el PAMI diseñó un proceso licitatorio exprés (coincidente con el nombre de la empresa ganadora), que incluyó modificaciones abruptas en los requisitos técnicos y logísticos del servicio.
Los cambios, sumados a los plazos ajustados, dificultaron la preparación de propuestas competitivas.La empresa adjudicada ofertó $466.554 millones, donde la mayor parte del costo corresponde al valor de las unidades absorbentes, que no son producidas por Urbano Express, sino adquiridas a otras firmas especializadas para luego ser distribuidas a los afiliados.
Respuesta oficial
El vocero presidencial y candidato porteño, Manuel Adorni, brindó este lunes una conferencia de prensa para responder a las acusaciones. En ella defendió el nuevo esquema de entrega domiciliaria de pañales y aseguró que el cambio permitirá un ahorro anual de $5.000 millones.
Adorni publicó en redes sociales: “Le hemos puesto fin a todo esto: implementamos una licitación pública, con entrega directa y un ahorro de $5.000 millones. Sí, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo”.
Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, redobló la apuesta declarando: “Vinimos a cambiar el sistema de salud, aunque a la casta no le guste”.
¿Ahorro o sobreprecio?
Pese a las declaraciones oficiales, el proceso sigue bajo sospecha. Expertos del sector señalan que el nuevo esquema representa un sobreprecio de al menos un 20%, con productos de menor calidad y menor diversidad en relación con los ofrecidos en sistemas anteriores.
La certeza es que los perjudicados siempre son sus afiliados que ya reciben un servicio pésimo y ahora con la motosierra y los curros liberales mucho más.