Mientras desde el gobierno continúan con el acting de la fallida “ficha limpia”, sale a la luz una nueva trama de corrupción dentro del programa.
Hilos de corrupción
Al igual que en la ocasión en que Lourdes Arrieta reveló información interna sobre los mecanismos del gobierno para realizar una visita a los genocidas de la dictadura presos en la cárcel de Ezeiza, fue el fuego íntimo el que expuso el entramado de corrupción. La figura central de este hecho es Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y diputada suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. En sus recientes declaraciones, apuntó contra Sebastián Pareja, armador bonaerense cercano a Karina Milei, y contra uno de sus colaboradores, Juan Osaba, quien, según Aguirre, osó pedirle “un millón de pesos de mi sueldo por mes y que firmara papeles ilegales”.
Los aportes, de los cuales se desconoce si nutrían las arcas del partido de gobierno o de sus altos jerarcas, se realizaban en efectivo y se entregaban en “un sobre, una vez por mes”. Según el relato de Aguirre, “lo que decía Juan Osaba era que, según los sueldos, se iba a pedir del cinco por ciento en adelante”.
La exfuncionaria también afirmó que el presidente “en campaña siempre le respondía”, pero “cuando asumió y comenzó a encontrar esta corrupción en el PAMI, nunca más le contestó”.
Sobre el rumbo judicial, Aguirre sostiene: «Hice la denuncia correspondiente, que ahora está en manos del juez Ramos Padilla. Pasó un mes y nunca nos llamaron. Entonces volvimos a ratificarla, nos trataron mal y nos dijeron que ellos nos llamarían, pero nunca lo hicieron. Entonces pedimos ayuda al único senador de La Libertad Avanza que me escuchó. Juan Osaba, en su momento, me dijo: ‘Vos denunciá, pero los medios de comunicación y la justicia los manejamos nosotros’»
La diputada suplente enfatizó: “La motosierra se usó para el pueblo, no para la casta, porque la siguen teniendo dentro del gobierno. Y ahora, en 2025, quieren poner a Adorni. Tienen a Scioli. ¿De qué cambio nos habló el presidente?”.
En Caleta Olivia también denunciaron un mecanismo de recaudación. “Le pidieron el 10 % a una médica. Viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguízamo antes de realizar la denuncia, le comenté sobre esta situación y él me dijo que no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente”, declaró Sergio Torres, ex titular del PAMI en esa localidad.
Torres también señaló que las vías de excepción se manejaban desde la sede central con discrecionalidad: “Cuando volví a Santa Cruz, pasé a estar ‘freezado’, y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las autorizaciones solamente las puede aprobar Leguízamo”.
Esteban Leguízamo, junto a Carlos Zamparolo —número uno y dos del organismo, respectivamente—, son señalados como engranajes de la sede central que manejan los hilos y trazan este lineamiento de corrupción dentro del organismo, que dice tomar decisiones en las oficinas territoriales, aunque todo se digita centralmente.
Como si fuera poco, detrás de estas denuncias se esconde un cúmulo de negocios aún mayor, que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que las irregularidades se han multiplicado en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación financiera de sus empresas está al límite.
Un mal estructural
La situación que se revela dentro del PAMI no escapa a la realidad de todos los sitios donde el gobierno tiene libertad para nombrar y despedir. Sin ir más lejos, el caso Libra hizo público que Karina Milei era la recaudadora de coimas necesarias para acceder a reuniones con el presidente, lo que demuestra su sucio proceder.
Como en tantos otros casos, aquí la justicia es cómplice y mira para otro lado, mientras quienes dijeron que venían contra la casta unifican todos los mecanismos podridos de la vieja casta política.
La corrupción, como mal estructural de este sistema, se amplifica durante este gobierno que promociona estafas a los ojos de todos sin tener ninguna consecuencia. Mientras tanto, se desfinancian programas y servicios, como es el caso del PAMI.