El gobierno por medio de un decreto, publicado en el Boletín Oficial, limitó el derecho a huelga al ampliar el número de actividades consideradas como esenciales.
Con el decreto de necesidad y urgencia 340/2025, el gobierno reafirmando su perfil anti obrero, decide una vez ir en contra de un derecho fundamental para los trabajadores. Como un reflejo del famoso DNU 70/223, Javier Milei, nuevamente intenta aplicar elementos de una reforma laboral encubierta.
En esta ocasión, el gobierno amplió la cantidad de actividades, ahora consideradas como “esenciales”, y además, creó la categoría de“trascendentales”. A partir de este decreto, los sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones, se encuentran obligados a incrementar el mínimo en su funcionamiento en caso de encontrarse dentro de un conflicto gremial. Para los entendidos como trascendentales, tienen que garantizar un piso de prestaciones del 50%. En el caso de los esenciales, ese mínimo se encuentra en el 75%.
Una situación que pone en riesgo el cumplimiento de un derecho que, conquistado a base de luchas de la clase trabajadora, se encuentra consagrado hasta en la Constitución Nacional. Producto de este cercenamiento al derecho a huelga, contemplado en el artículo 14 bis, es que el decreto se convierte en algo absolutamente inconstitucional.
Las nuevas actividades, ahora consideradas como esenciales pasan ser:
- Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos
- La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
- Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
- La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
- Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
- El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
- El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
Como lo muestra el listado publicado en el Boletín Oficial, son muy pocas las actividades que quedan exceptuadas de considerarse como esenciales. Con la implementación del decreto, el gobierno de Milei intenta mostrar el tipo de camino que quiere profundizar. Gobernar solamente por medio de decretos, también deja un mensaje claro para los trabajadores, al intentar hacer desaparecer una de las herramientas más potentes que tiene la clase. El ajuste más grande del mundo, junto con las reformas estructurales que el Fondo Monetario exige implementar con su nuevo programa, necesita de este perfil autoritario.
A principios de su gestión, el gobierno ya intentó poner en marcha una reforma laboral por medio del decreto 70/223, el cual, según la justicia, fue considerado como inconstitucional. Pero la movilización de todos los sectores obreros fue la clave para terminar presionando y que consiga tener ese desenlace.
Hoy la dirección a seguir debe ser la misma. Ante tamaña amenaza, las centrales obreras ya tendrían que estar convocando a un paro general y un plan de lucha, para pararle la mano a este movimiento del gobierno libertario. Pero en su lugar, por ahora la CGT y las CTAs solo actuarán en los marcos institucionales de la justicia. Es más, siguiendo la misma lógica en todo este tiempo de gobierno libertario, Héctor Daer, se reunió con Guillermo Francos para entablar las primeras negociaciones frente a esto.
Como lo demostraron todas las movilizaciones masivas al inicio de esta gestión y las sucedidas en desarrollo de la misma, todas las medidas del gobierno quedan estériles frente a la masividad. Con este aviso de Milei, hay que romper con la quietud impuesta por las direcciones sindicales burocráticas. Y poner en pie un proceso de movilización que termine con este gobierno anti obrero, ajustador y represor, donde la hoja de ruta es impresa por el FMI.