lunes, 15 julio 2024 - 04:43

Nuevo capítulo en el sainete por la coparticipación. Fernández pagará con bonos a Larreta

En un giro sorpresivo, luego de reunir a 14 gobernadores y calificar la resolución de la Corte que le obliga a aumentar los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires como una aberración jurídica, alegando no disponer de fondos para pagarla y denunciar una dictadura judicial, el gobierno aceptó cumplir el fallo del tribunal supremo y pagar el aumento con bonos del Estado. JxC se dividió, Larreta reclama el efectivo diario, Bullrich afirma que ganaron. Mientras, el blue se fue a $ 346 y la “diferencia” la paga la población trabajadora con más impuestos para pagar a una policía –de Ciudad o de Provincia de Bs. As.-muy eficiente para reprimir, totalmente inútil y cómplice del de la creciente inseguridad.

En medio de la pelea en las alturas, con denuncias penales de JxC contra los funcionarios gubernamentales por incumplimiento de la resolución de la Corte que ordenó subir la coparticipación de la CABA al 2,95% de los fondos coparticipables, y pagarla con trasferencias diarias y automáticas del Banco Nación, sumado a una extendida guerra mediática y recusación del gobierno a los jueces del alto tribunal, Fernández aceptó el fallo de la Corte y anunció que pagaría a la Ciudad con bonos TX31.

El retroceso gubernamental reemplaza su decisión de enfrentar y desconocer lo resuelto por la Corte con el apoyo de la oposición de JxC. En tanto, el diputado K Leopoldo Moreau sigue denunciando que existe una maniobra antidemocrática destinada a boicotear el funcionamiento del Congreso (la última sesión fracasó por falta de quórum) y gobernar por fallos de la Corte. El cambio de Fernández, cuyo nuevo decreto lleva la firma del ministro K De Pedro, es interpretado como una línea media para contentar en la interna al kirchnerismo y los gobernadores del PJ y a su vez evitar las causas penales que se le venían encima.

El argumento que esgrimen los habitantes de la Casa Rosada para negarse a pagar es que no está contemplado el desembolso de más fondos líquidos en el Presupuesto 2023 votado en el Congreso, y mientras se vota una nueva ley que habilite esta erogación lo que están disponibles son los bonos ofrecidos.

La oposición de JxC reaccionó dividida frente al giro gubernamental. Mientras Larreta la rechaza por violar la forma de pago impuesta por la Corte, tiene además que retroceder en su promesa de eliminar los impuestos extraordinarios a las tarjetas de crédito que pagan los que operan en la CABA y otros tributos que pensaba bajar; Patricia Bullrich en cambio salió con un claro “ganamos” ante el retroceso de Fernández.

Cuando la disputa parece pasar a febrero- feria judicial mediante- parecen primar las voces que desde distintos sectores políticos y del empresariado, incluso desde la embajada yanqui, llaman a calmar la aguas en esta pelea super estructural que tiene un fuerte componente electoral además del financiero, pero que paraliza el normal funcionamiento de los mecanismos acordados por la clase capitalista para dirimir sus diferencias: eso que llaman el respeto a la “división de poderes”, o mejor dicho, el respeto a los márgenes de violación del mismo para poder administrar los negocios del poder.

En rigor la Constitución actual permite que cuatro jueces votados por nadie, los miembros de la Corte, declaren una ley total o parciamente anticonstitucional, como han hecho con la Ley 27.606 que fija la actual coparticipación, y que de hecho legislen reemplazando la voluntad de los legisladores electos por el voto popular.

Es un poder votado por nadie, surgido de los acuerdos políticos entre gobierno y oposición. Un “contrapoder” que como afirman los constitucionalistas, puede alterar la decisión de otro que, equivocado o no, gobierna por el voto popular.

En poco tiempo los supremos han resuelto tres causas en línea con las posiciones de la derecha opositora. Se hicieron los distraídos con una brutal violación a los derechos humanos como lo es a la continuidad de la prisión de la dirigente social Milagro Sala. Declararon inconstitucional la ley que regía desde hace 15 años la conformación del Consejo de la Magistratura, restituyendo un formato que les resulta más favorable. Y ahora pasan por encima de una ley del Congreso y determinan un aumento para la Ciudad de Buenos Aires, administrada por el presidenciable de JxC.

El gobierno retrocedió intentando maniobrar, ahora acepta pagar. Para ganar tiempo dice que solo tiene bonos, pero si ya aceptó pagar la mayoría de los analistas sostiene que va a terminar abriendo la billetera. Mientras, los gobernadores que apoyaron la pelea de Alberto no han emitido opinión cuando escribimos estas líneas y Cristina habla en Avellaneda esta noche.

La vice, recientemente renunciante a su candidatura presidencial, probablemente hable como viene haciendo contra estos jueces contra los que ya hizo denuncias terribles. Seguramente seguirá con su juego de mostrarse como si no tuviera nada que ver, aunque es la vice presidenta y el kirchnerismo maneja ministros, altos funcionarios de la administración y suculentas cajas del Estado.

Mientras, el ciudadano de a pie pasa unas fiestas bastante tristes porque no hay un peso. La realidad de esta Navidad demostró un baja en el consumo, que no puede explicarse porque el festejo de la copa mundial se llevó toda la alegría disponible y la pirotecnia tradicional.

El blue, con la excusa de la crisis política se fue a $ 346 y la perspectiva- fuerte sequía mediante- en el marco del tremendo ajuste pautado con el FMI parece ser peor. La crisis por arriba desarrolla sus nuevos capítulos, discutiendo quién se queda con una tajada de los impuestos que paga y seguirá pagando la gente.

Lo peor es que la disputa no es para ver quién tiene más plata para levantar hospitales o centros de salud, para aumentar los alicaídos sueldos de los docentes o mejorar las miserables jubilaciones o planes sociales abonados por el Estado nacional o el de la Ciudad. No. Son fondos destinados a pagar a la policía de Larreta o Kicillof, un aparato que ha demostrado ser totalmente ineficiente para combatir el delito, porque convive y es parte de él, y que solo sirve para reprimir a los trabajadores y sectores populares cuando cuestionan el poder de la casta de empresarios y políticos que gobierna este país.

Es que la historia de las disputas por la coparticipación federal está teñida no de fuertes discusiones para ver cómo se desarrolla el país; sino de peleas y transas políticas, totalmente arbitrarias y discrecionales. La coparticipación actual es parte de un sistema impositivo totalmente regresivo en el cual es la mayoría trabajadora la que paga más y la cúpula de ricos y empresarios la que paga menos. Un sistema que como proponemos desde el MST en el FIT-U hay que dar vuelta para generar otro con impuestos progresivos a los que más tienen y de fuertes rebajas para la mayoría de la población.

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¿Y la seguridad jurídica?

Uno de los grandes argumentos sostenidos por la burguesía para poner paños fríos a la disputa es que de no respetarse las resoluciones de la Corte Suprema se afectaría la seguridad jurídica ¿Con que confianza invertirá su dinero un capitalista extranjero si no sabe si los fallos de los jueces se cumplen? La inseguridad haría subir los precios de los intereses que paga la deuda argentina, etc. ,etc.

Este sacro santo principio para los capitalistas que nos gobiernan, es como muchas de sus mentiras: un argumento de ocasión. No hubo seguridad jurídica para evitar el pago de una deuda claramente fraudulenta como es el crédito de 45.000 millones de dólares contraído por Macri con el FMI que con tantas penurias estamos pagando. No hay seguridad jurídica para consagrar los más elementales derechos a vivir en una vivienda digna o siguiera comer todos los días que están contemplados por la Constitución. Sí es necesario para continuar con este sistema que se garantice la sacro santa propiedad privada, aunque esta sea producto de la explotación, la usura o el robo descarado.

Por eso hace falta un cambio de fondo. Un cambio que termine con este sistema político y judicial al servicio de los grandes capitalistas y usureros del país, y lo reemplace por otro donde la gente pueda elegir y reemplazar a los jueces, revocar los mandatos de los gobernantes y legisladores si no cumplen con sus promesas. Un cambio que reemplace el actual dominio de la casta por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

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