sábado, 1 octubre 2022 - 01:59

Nuestra visión. Evolución de la pandemia y vacunación obligatoria

Con más de 8 millones de infectados desde el inicio y más de un 1.100.000 en los últimos 14 días, Argentina asiste a la ola de contagios más importante desde que se inició la pandemia. Lo mismo sucede en diversos países del mundo donde se discuten cierres o aperturas de fronteras, espectáculos y economía en general. Si bien esta nueva ola mundial por Ómicron está siendo mucho menos letal que las anteriores, el peligro de estrés de los sistemas de salud y una escalada en la mortalidad siguen siendo un peligro por diversas causas. Aquí como en todos lados los gobiernos centran la discusión en cómo mantener la economía abierta, el valor de los cierres o restricciones, los testeos y sobre todo si la vacunación debe o no ser obligatoria. Aquí nuestra opinión.

Con más de tres millones de nuevos casos diarios (casi el triple de la ola anterior) la nueva ola protagonizada por la variante Ómicron afecta a casi todo el planeta. Los principales países del mundo, sobre todo en Europa se han visto sobrepasados en consultas, teniendo que multiplicar los testeos y nuevamente sobrecargar al personal de salud. Esta variante es la más contagiosa hasta el momento; sin embargo, no se ha presentado como muy virulenta, con hospitalizaciones y muertes proporcionalmente muchísimo menores a las de las primeras olas. Ahora bien, dada la altísima tasa de contagios, las hospitalizaciones, la sobrecarga del equipo de salud y las muertes sigue siendo un problema central de salud a nivel mundial. Sobre todo, en personas sin vacunación o con esquemas incompletos, de edad avanzada y grupos de riesgo. Por lo tanto, la subestimación del problema, obviamente funcional a las necesidades de la economía capitalista, puede tener consecuencias graves desde el punto de vista de la salud pública.

En nuestro país, donde la famosa tercera ola por la variante Delta prácticamente no tuvo impacto, la protagonizada por Ómicron se manifestó con inusitada fuerza. Con un promedio de más de 100.000 casos diarios, se ha elevado el número total de contagios por encima de los 8 millones. Y si bien, como sucede en otros países, la mortalidad está en el orden del 0,1%, el alto número de contagiados ha generado que contabilicemos 2.900 personas en terapia intensiva y más de 200 muertes diarias promedio. Tal situación refleja en definitiva que el problema está lejos de resolverse.

El dato más destacado de esta oleada es que los esquemas incompletos de vacunación no protegen para adquirir la enfermedad, incluso en sus formas graves. Ni qué hablar en los no vacunados, que acumulan el 80% de la mortalidad por Ómicron. La mayoría de los trabajos evidencian que el esquema de doble dosis ofrece un 57% de protección para las formas sintomáticas más graves que requieren algún nivel de internación. Y esta protección se extiende hasta el 90% en aquellos en los que se aplicó una tercera dosis.

Causas y posibles consecuencias

La política aperturista del gobierno es sin dudas la primera de las razones por la que Ómicron se entronizó en el país. El gobierno, presionado por las corporaciones empresariales y más allá de su doble discurso terminó priorizando la economía por sobre la salud. En el caso específico de Ómicron fue claro que cediendo a las presiones patronales y tratando de recuperar terreno electoral, el gobierno se decidió a dar por terminada la pandemia hacia fines del 2021. Para las fiestas ya se habían eliminado todas las restricciones y aforos. Las empinadas curvas del mes de enero donde se llegaron a superar los 130.000 casos diarios reflejan precisamente esto. Por supuesto que la contagiosidad de la variante viral es otra de las razones que, sin dudas, tiene que ver con el tratamiento en clave capitalista que se le da a la pandemia en el mundo. El haber avanzado bastante en la vacunación por lo menos con esquema de dos dosis es lo que explica que la ocupación de camas de terapia no haya superado la capacidad del sistema, y que las muertes rondaran las 50-100 por día.

Sin embargo, sería un error creer que vamos bien o que ya puede tratarse como “una gripe más”. Primero, y sin entrar en apreciaciones científicas específicas, la enfermedad está muy lejos de ser una gripe, con muchísimas más afecciones sistémicas, neurológicas y cardíacas y una serie de secuelas a largo plazo que aún no mensuramos adecuadamente. Pero también porque la explosión de casos saturó de consultas al sistema de salud, cuyos problemas estructurales no fueron abordados y porque el equipo de salud presenta evidentes signos de agotamiento psicofísico. Se multiplicaron nuevamente los casos entre el personal de salud, sobrecargándose por las licencias y el no refuerzo de los planteles. La capacidad de testeos se vio también sobrepasada, haciendo que las estadísticas sobre casos sean poco confiables. Fue la propia ministra Vizzotti y su equipo quienes tuvieron que salir a modificar los protocolos ante la superación de los casos, acortando los días de aislamiento y cambiando la definición de caso positivo a todo contacto estrecho con síntomas, entre otras. No lo hicieron por un criterio epidemiológico, lo cual podría haberse discutido democráticamente en comités de crisis. Las modificaciones obedecieron a la decisión de no invertir en reforzar el recurso humano en salud y a las presiones de las patronales con el argumento del ausentismo y la productividad.

Después de abrir todo y dar por finalizada la pandemia, el gobierno debió reconocer que con el esquema de dos dosis no era suficiente para contener el avance de casos y se requería necesariamente de una tercera y hasta de una cuarta dosis como posibilidad más que cierta.

Una oportunidad perdida

Desde PDI y el MST en el FIT Unidad alertamos en que se desaprovecharon los meses de reflujo en la circulación viral durante una parte de 2021 para reforzar el sistema de salud: aumentando el presupuesto; nombrando personal y avanzando hacia los planteles necesarios; otorgando las licencias y reconociendo salarial, profesional y laboralmente al equipo de salud y estableciendo protocolos de atención en comités de crisis centrales y por establecimiento. Y, por supuesto, preparando un plan de restricciones dinámico, conforme al mapeo epidemiológico, para evitar la sobrecarga del sistema, que no es solo la ocupación de camas de UTI como se pretende mostrar. E insistimos en que se avance hacia un sistema único estatal, universal y gratuito. Nada de ello se hizo. Empero, se preparó al país y se ajustó en los marcos del acuerdo con el FMI que hoy sale a la luz.

También dijimos que se debió reforzar y multiplicar la capacidad de testeos para poder tener un mejor seguimiento de los brotes, caso contrario llegamos a la situación actual, en que hay que asumir como casos positivos a muchísimos no confirmados y, si bien esto puede tener una justificación clínica y epidemiológica correcta, no hay que dejar de observar que puede traer distorsiones acerca de la contagiosidad real y de la gravedad y mortalidad de la variante viral, llevando en general a una subestimación. Hoy se avanza hacia el traspaso de los testeos de una obligación estatal a una iniciativa individual, negocio mediante.

Finalmente, desde hace más de un año venimos exigiendo la eliminación de las patentes, la expropiación de los laboratorios privados que producían y manejaban las vacunas como un bien de mercado y la necesidad de la producción pública nacional e integral de las mismas, para que haya disponibilidad absoluta para todos. Hoy la ministra debe reconocer que se necesitarían 3 y hasta 4 dosis para yugular la ola y bajarla más rápidamente. Y seguramente ante la evolución más probable de la pandemia con nuevas variantes y subvariantes se requerirá en perspectiva una vacunación regular y periódica, incorporada a un calendario sanitario.

Pero también porque la eliminación de las patentes a nivel mundial, como más de 100 países llegaron a plantear, hubiera permitido vacunar a los países más atrasados del planeta, desde donde vienen la mayor parte de las mutaciones que luego significan nuevas olas y perpetúan a pandemia. Hoy ya estamos hablando de sub-variantes de Ómicron con mayores mutaciones que nuevamente plantean la necesidad de un cambio general en la orientación sanitaria, de fondo y, en particular, de la política vacunal.

Un debate fundamental

Sin dudas una de las discusiones más importantes en torno a las vacunas es sobre si éstas deben ser obligatorias o no. Claro está que todo el sector antivacunas y otros supuestamente liberales defienden la posición que deben ser optativas como hasta ahora. Hay expresiones públicas y hasta acciones que ocurren en diversos puntos de planeta reflejando esta posición, impulsada fundamentalmente por las derechas que tratan de llevar agua para su molino aprovechando la desconfianza que hay en amplios sectores con los gobiernos y sus políticas de salud en general. Aunque con una incidencia menor, esta corriente está reflejada también en nuestro país.

Pero el punto es que, al igual que lo hizo con la apertura de las restricciones, cediendo a la presión de los empresarios en detrimento de la salud de la población, en el tema de las vacunas toma la misma posición centrista y posibilista que conspira contra que se pueda parar la pandemia y esta ola lo más rápido posible. En un principio fue el retardo en iniciar la vacunación por atarse a contratos con los laboratorios, cuando estaba en sus manos la liberación de las patentes, la declaración de utilidad pública y expropiación, la producción nacional y disponer de cientos de millones de dosis que se producían en el país. Esto, a diferencia de la vacunación “por derrame”, hubiera disminuido sensiblemente la circulación comunitaria, hubiera incidido en la evolución de la pandemia y, sobre todo, hubiera evitado muchas de las muertes.

El gobierno no tiene inconvenientes en cambiar protocolos por presión patronal y exponer al riesgo al pueblo trabajador. Pero eso sí, cuando toda la evidencia indica que la mejor forma bajar la contagiosidad y hacer de la Covid una enfermedad leve es a través de una tercera dosis e incluso de una cuarta y sucesivas aplicaciones, aparecen los reparos, se invocan supuestas libertades individuales, se apela a la responsabilidad individual y la buena voluntad de la gente, negándose por la vía de los hechos a declarar su obligatoriedad. Así lo hizo el gobierno nacional al anunciar el inicio escolar, a pesar de saber que niñes y jóvenes son los que menos cobertura de vacunación tienen y por lo tanto un claro riesgo epidemiológico para futuros brotes.

Argumentos falaces

Por supuesto que no vamos a referirnos a las argumentaciones endebles o fantasiosas de teorías conspirativas o pensamiento mágico para rechazar la obligatoriedad de la vacunación.

La “tesis liberal” del derecho individual a decidir, de un Estado que supuestamente invade al ciudadano es muy equivocada. Porque la decisión de no vacunarse no afecta exclusivamente a la persona involucrada, cuya vida también el Estado tiene obligación de proteger, sino al resto de la sociedad. Quien no se vacuna no solo tiene indudablemente una mayor exposición al riesgo y la muerte; tiene mayor carga viral, contagia más y expone a riesgo y a la muerte a sus convivientes y relaciones sociales. Prolonga la circulación comunitaria y sobrecarga el sistema de salud. Dejar librado a una decisión individual la vacunación claramente es una actitud antisanitaria. Ninguna consideración de tinte individual puede ir contra el bien común: la salud pública de toda la población en el medio de la pandemia más grave sufrida por la humanidad en un siglo

La “tesis científica” que aduce riesgo porque no están aprobadas las vacunas es igualmente falaz. No puede argumentarse en medio de esta pandemia con la cantidad de muertos, enfermos y secuelados que las vacunas están en fase 3 y aún no se conocen los efectos a largo plazo. Hay suficiente ilustración, centenares de trabajos con rigor científico que demuestran la efectividad y eficacia de la vacuna. Siempre -sucedió con todas las vacunas- aparecen y aparecerán efectos nuevos, reportes nuevos o esquemas nuevos. Sin ir más lejos, en 2020 se cambió en nuestro país el esquema de vacunación contra la polio, cambiando la Sabin por la Salk que es de virus inactivados porque se la consideró más segura. Esto mismo se podría hacer con las vacunas contra el Coronavirus a medida que aparecen nuevas, más seguras y mejores vacunas. Pero siempre en el marco de la obligatoriedad de las mismas, incorporadas al calendario oficial, que garantice una máxima eficacia y más rápido descenso en las curvas de contagios.

La verdadera razón

En un país donde una clara mayoría acepta vacunarse es inaceptable la lentitud del proceso y que haya franjas importantes con el esquema incompleto. Asimismo, es inaceptable que esté librada a las leyes de mercado la disponibilidad de las vacunas y se las distribuya por goteo y con la combinación de plataformas regida por la oferta y a demanda.  

La verdadera razón por la que no es obligatoria aún la vacuna es porque ello llevaría a que el Estado se haga cargo de garantizarla y la responsabilidad pase al gobierno de turno y no al ciudadano individual. La propia Constitución plantea que el Estado debe garantizar la salud pública, mucha más en medio de la pandemia; existe además legislación específica que así lo amerita, por la emergencia sanitaria y por la evolución tortuosa y recurrente de esta pandemia.

Los acuerdos con el FMI y las exigencias patronales, dos caras de la misma moneda, obligan a políticas de ajuste que involucran a la salud. Ese es el motivo de fondo por el cual no se declara la obligatoriedad y se implementa, como parte del doble discurso del gobierno, un pase sanitario que no se cumple. Incorporar al calendario oficial obliga a que el Estado garantice el presupuesto, a que se garantice la disponibilidad y accesibilidad regular, universal y gratuita. A que el gobierno vaya y concrete activamente la vacunación en escuelas y lugares de trabajo. A que se implemente un plan nacional con producción pública, expropiaciones y la vacuna anti-Covid pase a ser un bien público.

Este debate está más que abierto. Se refleja también en la crisis del frente gobernante. Varios funcionarios se pronunciaron por la vacunación obligatoria, pero no se ha dado ningún paso en ese sentido y la decisión del gobierno nacional va en sentido opuesto, al tiempo que algunos países empiezan a resolver la obligatoriedad como Austria, Ecuador e Indonesia, entre otros.

Vacunación obligatoria, gratuita y a cargo del Estado

Nuestro país como muchos tiene un cronograma nacional de vacunación obligatoria desde hace años, y es un logro de nuestra salud pública que debido a ello muchas enfermedades como la viruela o la difteria hayan sido erradicadas; otras como la polio, la rabia o el sarampión reducidas a su mínima expresión. Y nunca nadie cuestionó esto, por el contrario, esta historia del “calendario de vacunación obligatoria” es lo que permitió que en nuestro país los antivacunas sean marginales y muy minoritarios, no como sucede en ciertos países de Europa donde estos movimientos fueron creciendo en las últimas décadas, paradójicamente al amparo de lo que fuera un éxito anterior de las propias vacunas.   Hace falta un plan nacional de vacunación obligatoria, estatal y gratuito. Para ello hay que incorporar las vacunas anti Covid al calendario sanitario, liberar patentes, expropiar los laboratorios con las vacunas acumuladas y avanzar en la producción nacional a gran escala, para disponer de dosis para todos y en forma continua. Se trata de movilizar para exigir que el Estado asuma el rol central de efectivamente cuidar por la salud pública de toda la población y hacer prevalecer el bien social por sobre el individual y los negocios capitalistas.

Gerardo Uceda y Guillermo Pacagnini

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