jueves, 29 septiembre 2022 - 01:02

No se puede respirar. Humedales SA 

Cien mil hectáreas de humedales quemadas. Los cambios del uso del suelo, o “la pampeanización” del Delta, y la usurpación de tierras públicas en favor de privados que las utilizan para agro-ganadería y la especulación inmobiliaria. Sin ley de humedales, las quemas se profundizan como las ganancias de los empresarios y familiares del poder. 

Si, está pasando de nuevo. El Delta del Paraná, territorio biodiverso que comprende la zona de Entre Ríos, Santa Fe y el norte de Buenos Aires, ha vuelto a arder como consecuencia de las actividades agro-ganaderas y la especulación inmobiliaria. 

En los últimos 3 años las quemas se han vuelto parte de la normalidad en nuestro país, complejizándose por la gran cantidad de material vegetal seco que hay por la última sequía y también por la bajante del Río Paraná. Casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas según un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que, además, alertó sobre la presencia de contaminantes en el aire. 

En Rosario, la ciudad más afectada por la contaminación en el aire, han organizado movilizaciones multitudinarias al grito popular “No se puede respirar” reclamando por el “cese al fuego intencional” y el tratamiento urgente de “la ley de humedales”. Esas grandes columnas de humo viajaron 300 km, llegando a la Capital Federal inundando el aire con partículas cinco veces más toxicas que lo que el cuerpo humano puede tolerar generando graves problemas respiratorios y cardiovasculares. Además de alterar un ecosistema que es nuestro principal aliado, junto a los bosques y selvas, para enfrentar la crisis climática porque limpia el agua que tomamos, filtra el aire que respiramos, evita inundaciones, son excepcionalmente biodiversos porque son el hábitat de alrededor de 700 especies de plantas y de 567 especies de vertebrados (47 mamíferos, 269 aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 187 peces). 

La pampeanizacion al ritmo de la crisis climática   

Los científicos en el mundo son categóricos: la humanidad está transitando la peor crisis climática de la historia. Así mismo, hacen un llamado a todos los gobiernos del mundo a comprometerse en reducir de manera sostenida los gases de efecto invernadero, cuidando los ecosistemas receptores del CO2. Sin embargo Argentina está en el ranking de los diez países con mayor pérdida forestal en el mundo, y la razón principal es el cambio de uso de suelo para la producción agrícola-ganadera. La “pampeanización” (transformación de bosques, humedales y selvas al monocultivo de comoditties o los establecimientos ganaderos que utilizan la práctica del fuego para la renovación de la pastura), se ha ubicado como la segunda fuente más importante de emisiones del país después del consumo de energía. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) el 37% de las emisiones totales se deben a la tala, a la ganadería o la combinación de ambas. Lo que no solo deriva en pérdida vegetal, sino también en la degradación del suelo y del agua. 

En el Delta el modelo sojero desplazó la actividad ganadera hacia zonas bajas. Según los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA), solo en los últimos cinco años la cantidad de ganado en las islas creció casi un 50%. A esta irracionalidad se suma que las tierras que arden en su mayor medida son públicas, no privadas, por ende no pueden ser vendidas ni arrendadas; lo que el gobierno puede dar son permisos de uso gratuito u oneroso pero todo queda a discreción de los funcionarios de turno, dado que en Entre Ríos, por ejemplo, no hay ninguna ley que regule la tierra publica. La doble vara de un Estado que permite la usurpación de tierras de las grandes corporaciones pero reprime y persigue a los sectores vulnerables que toman tierras ante la falta de un techo para vivir. 

Es un crimen porque es evitable 

Es un ecocidio por las consecuencias irreversibles en la salud y en el territorio, algunos científicos alertan que la recomposición del humedal puede tardar hasta 300 años. 

 El poder judicial lleva años sin querer encontrar y juzgar a alguien. Persigue a tres perejiles, que pueden ser los autores materiales, pero la justicia tiene que focalizarse en los autores intelectuales del fuego. Pruebas satelitales, anuncios de venta al público en internet por inmobiliarias, testimonios de vecinos, asambleas y técnicos han señalado a los responsables: las corporaciones que acaparan la tierra para el negocio de countries, terraplenes y la agroganaderia. Algunas de las denuncias señalan al heredero de los jugos Baggio (dueño de más de 30 mil hectáreas de campo sobre las islas del Delta) que, según los registros satelitales, suelen prenderse fuego y a familiares de intendentes, como el de Victoria por JxC, Domingo Maiocco, es dueño de más de 10 explotaciones agroganaderas.  

El SENASA además respondió un pedido de información pública donde revelaba que el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos –con una superficie total de 83.925 hectáreas– donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería. 

El congreso, empleados de la agroganaderia 

El poder legislativo hace años que cajonea la Ley de humedales. A fines del año pasado el proyecto de ley de humedales, con el que Frente de Todos se comprometió a aprobar haciendo campaña electoral, perdió estado parlamentario. En marzo del 2022 se volvió a presentar el proyecto de ley consensuado junto a organizaciones socioambientales, científicos y universidades. Sin embargo, el Gobierno nacional, con Cabandié a la cabeza, a través del  Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y a espaldas de las asambleas movilizadas, anunció en julio una nueva propuesta de ley. La misma fue demolida porque, en relación al proyecto consensuado, desprotege a los humedales. Eliminaron las prohibiciones, la moratoria, minimizaron la participación popular, la rigurosidad de los inventarios y el ordenamiento territorial. 

Todos ecocidas 

La responsabilidad es del Estado Nacional y de los tres gobiernos (Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos) que integran el acuerdo interjurisdiccional PIECAS. Lo demuestra así el lobby y los movimientos políticos a derecha del ejecutivo: Alberto desplazado por Massa, amigo de EEUU, el FMI  y del extractivismo. Siendo intendente de Tigre, transformó los humedales en Shopping y paisajes a lo MIAMI. Ahora llega para encender aún más la situación. El cinismo del gobierno es sin precedentes y mientras el humo llega a la casa Rosada, Fernández desde la comodidad de Olivos twitea: «No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos», eludiendo su responsabilidad real, como si los incendios fueran un fenómeno nuevo en el Delta.   

Ecosocialismo para salvar los humedales

Frente a este panorama desde la Red Ecosistema luchamos por la ley de humedales (consensuada) sin extractivismo. Sostenemos la necesidad de estipular en el código penal los delitos ambientales y que haya juicio y cárcel a los responsables. Para reparar, recuperar y conservar es urgente que los humedales de todo el país se declaren como bienes comunes intangibles. Y, como el fuego es este sistema ecocida, peleamos por una trasformación integral del modelo productivo que contemple una reforma agraria integral y agroecológica, con planificación democrática para que las poblaciones decidamos todo.  

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