lunes, 5 diciembre 2022 - 22:06

No quieren la ley de humedales consensuada. Quieren una ley extractivista

¿Cómo y por qué se llegan a concretar dos dictámenes distintos al proyecto consensuado? ¿Por qué el Frente de Todos modificó el proyecto original que decía defender? ¿Por qué Juntos por el Cambio logró el dictamen de mayoría? ¿Son realmente modificaciones mínimas las que se hicieron para que salga el dictamen de minoría?

Repasemos y hagamos algo de historia para entender las responsabilidades de los gobiernos y de los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio sobre el cajoneo del proyecto de Ley de Humedales y porqué son estos sectores los que nunca quisieron una ley real que proteja ecosistemas tan extraordinarios para la salud y la vida como los humedales.

En el año 2013 se unificaron dos proyectos, el de Elsa Ruiz Díaz (PJ) con el del senador Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). Se debatió en el Senado donde obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados, sin embargo, nunca trató el proyecto, por lo que perdió estado parlamentario en el año 2015. La presidenta era Cristina Kirchner (PJ).

Entre 2015 y 2018 se presentaron en total ocho proyectos distintos, todos perdieron estado parlamentario. En 2016, obtuvo media sanción en el Senado el proyecto de Pino Solanas pero corrió la misma suerte. El presidente era Mauricio Macri (PRO).

Todos los proyectos fueron boicoteados por los dos partidos de gobierno, permeables y sin grietas por el lobby del sector minero, agropecuario e inmobiliario. Continuemos.

En 2020, en plena pandemia y ante los incendios que azotaron a las comunidades y ecosistemas del Delta del Paraná, se presentaron 10 proyectos ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados, presidida por Leonardo Grosso (PJ), entre ellos nuestro proyecto, el del Frente de Izquierda. Los mismos fueron unificados en un solo proyecto, que contaba con la elaboración de asambleas, organizaciones ambientales, académicos, científicos, activistas y referentes.

En noviembre del 2020, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. El mismo, todavía, debía pasar por tres comisiones más antes de entrar al recinto. Sin embargo, quedó guardado en el cajón de la oficina del diputado del oficialismo (PJ), José Aragón, que encabezaba la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Durante el periodo electoral 2021, el gobierno cínicamente tomó la Ley de Humedales como lema de campaña “sí a cuidar el planeta” “urgente la Ley de Humedales”, sin embargo el presidente Alberto Fernández (PJ) finalmente discriminó el tratamiento de la Ley de Humedales de la agenda de las sesiones extraordinarias y la iniciativa perdió estado parlamentario, ¡otra vez!

En marzo de este año, Grosso volvió a presentar el proyecto (consensuado) pero, en paralelo, su colega de coalición el ministro de ambiente, Juan Cabandié (PJ), junto al Consejo Federal del Ambiente (Co.Fe.Ma, compuesto por los representantes de ambiente de las provincias) intentaron presentar un nuevo proyecto de Ley de Humedales que nunca tuvo consenso y que fue rápidamente impugnado por todas las organizaciones ambientales porque era peor que el proyecto con dictamen de mayoría que sacó ahora Juntos por el Cambio. Modificaba la definición de humedal, eliminaba objetivos generales, minimizaba la participación ciudadana y el acceso a la información pública ambiental, además de eliminar el plazo para incorporar a los humedales al ordenamiento ambiental del territorio.

A pesar de todo este camino plagado de maniobras, mentiras y atropellos a la voluntad popular por parte del partido de gobierno, las comunidades no bajamos los brazos y a fuerza de movilización ante nuevas quemas, conseguimos que se llame a un Plenario de todas las Comisiones el 15 de septiembre. Teniendo los votos para sacar dictamen el PJ le cedió a la oposición abiertamente extractivista, encabezada por Buryaile (UCR) para pasar el plenario a un cuarto intermedio con el objetivo de hacer “oír las voces de los gobernadores y productores extractivistas”, que en 10 años ya los escuchamos hasta el cansancio. El escándalo se consumó un día antes de volver a sesionar la plenaria para dar dictamen, cuando todos los presidentes de los bloques parlamentarios, todos, a través de una carta, demandan suspender el debate de la Ley. Tras bambalinas y desde Washington los gobernadores del NOA y del NEA, mayoritariamente pejotistas, fueron los autores intelectuales para favorecer el negocio de las corporaciones mineras.

Quienes se dicen progresistas fueron una vez más los que le hicieron el juego a la derecha. En un contexto histórico de crisis climática, energética y ecológica a nivel global y en un país donde la mayoría de las actividades productivas son depredatorias y extractivistas de los ecosistemas, el Frente de Todos ralentizó conscientemente y dio tiempo a los lobbystas para maniobrar la Ley de Humedales consensuada.

Dictamen que no

Con un sin fin de debates leguleyos para confundir a la población, llegamos a la plenaria del dictamen sin información, sin confianza en las decisiones que se tomen ahí adentro y con muchísima incertidumbre. Se dio dictamen a dos proyectos, ninguno fue el consensuado con las comunidades y asambleas. El proyecto de humedales de Juntos por el Cambio es una ley que no garantiza ninguna protección, por el contrario, es regresiva. Tuvo el dictamen de mayoría gracias a la ausencia de todos los diputados del peronismo que responden a las provincias mineras del NOA. El proyecto que finalmente impulsó el Frente de Todos y salió con dictamen por minoría tiene muchísimas modificaciones claves sobre el consensuado y que también son regresivas. Nuevamente el peronismo vía la ausencia de sus diputados favoreció y fortaleció al sector de Macri y Bullrich.

Es decir, estamos ante una maniobra donde las dos coaliciones que han gobernado el país proyectan usar una causa tan sensible para hacer demagogia electoral ante la sociedad, llevando una falsa tranquilidad de que el país se encamina a tener una Ley de Humedales.

Párrafo aparte se merece la campaña de confusión, sobre las supuestas modificaciones “sutiles y mínimas” del proyecto con dictamen de minoría. Donde se elimina de todo el proyecto la prohibición de actividades destructivas. Y en Argentina lo que no se prohíbe, se permite, ahora bajo supuestos estudios de impacto ambiental son de larga data las denuncias a los gobiernos que siempre terminan avalando estudios de impacto ambiental, funcionales a quienes promueven la actividad. La elección de variables para el EIA está impregnada de un posicionamiento político, por ende, es una decisión política y no puede quedar en manos de las mismas empresas que se van a ver beneficiadas con dicha actividad, se tiene que abrir a la participación de las comunidades que son las que sufren los efectos de esta actividad directamente y nada de esto está plasmado en el proyecto de Grosso.

Y no de manera casual agregan en el articulado sobre conformación del Consejo Consultivo a los empresarios, quienes no formaban parte en el proyecto consensuado.

En el proyecto consensuado, ya sea por incendios o cualquier acción antrópica o natural que modifique la integridad ecológica de los humedales, hasta no culminar la restauración de los mismos no se permite el cambio del uso del suelo. En cambio, en el proyecto del PJ sólo por acción de incendios no se permite el cambio del uso del suelo. Y las comunidades sabemos muy bien que a los humedales no solo los incendian, los drenan, los rellenan para barrios privados, los talan y por método evaporítico contaminan el agua para la extracción de litio, y un largo etc. Por último y no menos importante también se eliminaron los artículos que garantizaban los Estudios de Impacto Ambiental Estratégicos y Acumulativos.

Bajar los brazos, jamás

Como activistas estamos ante un nuevo desafío de no caer en la trampa de defender proyectos dibujados como menos malos. Somos la historia de un pueblo que no se resignó y peleó durante 10 años para defender ecosistemas esenciales para nuestra vida. Este tiene que ser el eje vector, desenmascarar a los verdaderos responsables de habernos traído hasta este colapso, de haber permitido que salga con dictamen de mayoría una Ley de Humedales extractivista. El Frente de Todos fue el principal responsable de obturar en todas las oportunidades el proyecto de ley. Por eso inspirados en el pueblo de Malvinas en Córdoba que echó al padre de los agrotóxicos, en el Chubutaguazo y en estos casi 20 años del No es No, en las asambleas guardianas del Famatina, en la pueblada de Mendoza, tenemos que seguir. Tomando también el ejemplo de la marea verde por el aborto legal, que con años de lucha, ascenso, marcha atrás en 2018, se siguió, se ganaron las calles y la voluntad popular y eso hizo torcer el brazo y ganarle a los antiderechos políticos y religiosos. Hoy la tarea es ganar a toda la sociedad, a las y los trabajadores a dar esta pelea por la defensa de nuestros territorios, desafiando siempre al poder central exigiendo una ley a la altura de las circunstancias sociales, ambientales y ecológicas, y avanzar también al debate y propuesta de un cambio total de este modelo ecocida, prohibiendo la megaminería, el agronegocio, el fracking y la industrialización animal, para mutar a un modelo agroecológico, con una real transición energética con las comunidades adentro, nunca afuera de la toma de decisiones. Cuando se trata de nuestra supervivencia no existe gradualismo. La calle y la organización siguen siendo nuestro mejor sur.

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