El proyecto de ley ómnibus que Javier Milei acaba de enviar al Congreso incluye retrocesos en un montón de aspectos económicos, sociales y políticos. Aquí denunciamos en particular su gravísima restricción a las libertades y derechos civiles, ya que plantea casi la imposición de un estado de sitio. Todo sector que se considere democrático debe rechazar de plano este intento dictatorial.
Siempre insistimos en que el ajuste no pasa sin represión y este flamante proyecto del gobierno nacional lo confirma. Ya días atrás la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dictó su protocolo anti-protesta social, contra el cual tenemos presentada ante la justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad y pedido de una medida cautelar suspensiva. Pero ahora el presidente da una nueva vuelta de tuerca, buscando arrasar de un saque con espacios y libertades democráticas que nuestra sociedad ha ganado con décadas de lucha.
“La pobreza del Estado social en el marco de la desregulación necesita y exige la grandeza del Estado penal… esa relación causal se fortalece cuando el Estado se despoja de toda responsabilidad económica y tolera un alto nivel de pobreza y desigualdades”, sostiene el sociólogo francés Loïc Wacquant1. En efecto, la pretensión de este gobierno ultraderechista de imponer más pobreza, desigualdad y desregulación económica “exige” agrandar el Estado penal, es decir aumentar el poder punitivo o represivo del Estado sobre el pueblo trabajador. Dicho más sencillo: si vas a cagar de hambre a la gente, no la dejes protestar.
Como parte de una tendencia mundial a un autoritarismo creciente de los regímenes democrático burgueses, la actual ofensiva de Milei significa que dejará de existir la democracia que conocemos. No es todavía una dictadura, ya que formalmente es un gobierno surgido de elecciones, pero de hecho con protocolo, DNU y estos cambios que implican quita de derechos y mayor control estatal se intenta un régimen político distinto: una especie de democradura, en donde toda libertad individual y colectiva retrocede.
Estado de sitio implícito
El artículo 331 del proyecto define como reunión o manifestación “a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”. Y a su vez el artículo 333 establece que “toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas”. Allí “deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”.
Según el art. 335, presentada la notificación, el Ministerio te da “un comprobante en el cual conste su correcta presentación” y “podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional” y “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha”. Y según el art. 336, “frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos… el Ministerio deberá intimar a cualquiera de los organizadores o a quienes actúen como tales, para que cesen con su incumplimiento y adecúen la reunión o manifestación… En caso contrario serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas establecidas”.
¡Un atropello total! Si cualquier sindicato, partido político, movimiento social, centro de estudiantes, sociedad de fomento, grupo feminista u organización popular que sea quiere hacer una gran o pequeña marcha de protesta, concentración, sentada, taller al aire libre, asamblea o plenario, radio abierta o lo que carajo sea en el espacio público, primero le debe pedir permiso a la comisaria Bullrich y buchonearle toda la data. Eso sí: ella te puede cambiar, la fecha, hora y lugar como se le antoje. De este modo, deja de ser espacio público para ser un coto privado en manos del Estado capitalista controlador y represor. Y si no te gusta, te aplican multas y penas más duras…
Encima, endurecimiento de penas
Hasta ahora, un corte de calle -o una marcha que Bullrich considere corte- puede ser penado “con prisión de tres meses a dos años”, o sea es excarcelable. Pues bien, el proyecto ómnibus propone elevar dicha pena “de uno a tres años y seis meses” o “de dos a cuatro años” si “se causare daño a la integridad física de las personas”. Es decir, podrías quedar preso. Y para los organizadores o convocantes, “prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Tan arbitrario y desproporcionado es este proyecto ómnibus en su afán de dar poder e impunidad a la policía, que sería preferible cometer un homicidio culposo agravado (no intencional), cuya pena es de cinco años, a que te detengan en una protesta por resistencia o atentado a la autoridad, que pasaría de cuatro a seis años de cárcel.
Como si eso fuera poco, en su art. 344 el proyecto legitima el gatillo fácil policial como política de Estado. En el art. 34 del Código Penal incluye que “quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”. Esto significa que si alguien intenta delinquir pero no lo hace y huye, el cana que le dispare por la espalda no es punible, y la familia de la víctima no tendrá derecho a llevarlo a juicio. Como bien dice la abogada María del Carmen Verdú, de CORREPI, es “la doctrina Chocobar recargada”.
Como vemos, estamos frente a una avanzada de carácter dictatorial que requiere la mayor unidad de fuerzas posible para impedirla. No es sólo contra los piquetes de desocupados: una protesta gremial por aumento salarial o contra despidos, una marcha de mujeres ante un femicidio, de estudiantes por más presupuesto educativo, de vecinas y vecinos ante un corte de luz, una protesta ambiental, una movilización por los derechos humanos, una manifestación política, todo, absolutamente todo estará restringido y pasible de represión policial y persecución judicial si esta ley pasa.
Semejante engendro antidemocrático no solamente debe ser rechazado en el Congreso por el PJ y toda la oposición, sino que es preciso derrotarla en las calles, en esas mismas calles de las que Milei, Bullrich y sus cómplices nos quieren privar.
- Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Edit. Gedisa (Barcelona: 2010), pág. 25.