En el inicio de las negociaciones oficiales con Fondo Monetario también hubo un pedido del ministro Guzmán al parlamento: se trata de que el acuerdo de pago que se alcance con el organismo internacional sea convertido en política de Estado. Esto quiere decir, en pocas palabras, que la estafa y el ajuste resultante del compromiso al que llegue el ministro sean asumidos por todos los partidos burgueses. Busca que la política convalide lo que la semana pasada presentó a la mesa chica de AEA, en la reunión con Rocca y Magneto entre otros; y con ese esquema espera poder llegar a un acuerdo rápido con el FMI. Pero el discurso oficial intenta ocultar qué pedirá el FMI y cuáles serán las consecuencias.
Hay cuatro puntos claves en los que el ministro Guzmán ya está dando claras señales de recorrer los clásicos programas del Fondo, estos son: jubilaciones de hambre; eliminación del gasto social “Covid”, ajuste presupuestario, evolución por debajo de la inflación del resto del gasto social y aumento de tarifas; salarios planchados por debajo de la inflación; y finalmente, devaluación.
En un punto en el que parece haber divergencias por ahora es respecto a cómo manejar el mercado cambiario. Mientras el Fondo exige una devaluación, el ministro pretende salir por arriba del laberinto del precio del tipo de cambio del dólar tomando más deuda. En relación a esto último y tomando en cuenta como negoció Guzmán con los bonistas privados, ya tenemos una idea de cómo resultará esa pulseada.
Clave uno: jubilaciones de hambre
4 millones de los 6 millones de jubilados actuales cobran apenas 18.000 pesos cuando la canasta básica para un jubilado ya llega a 49.000 pesos. Ya a principios de este año el gobierno imponía la suspensión de la fórmula para el aumento de las jubilaciones que estaba asociada a la inflación, y la suplantaba por otra fórmula compuesta por un 70% de la evolución del IPC y en un 30% por la Remuneración Imponible de los Trabajadores. La suplantación de la formula relacionada con la inflación por esta última significó una baja.
Pero la propuesta enviada por Guzmán al parlamento es todavía peor que la utilizada durante la emergencia. Porque ya en la fórmula de cálculo no hay ningún componente relacionado a los precios, estaría compuesto por la evolución del salario y de la recaudación impositiva del Estado. Esto ata el valor de las jubilaciones a unos salarios deprimidos en aproximadamente un 38% en comparación con finales del 2015 y por otro lado a la evolución de una recaudación impositiva asentada en una actividad económica deprimida y que, de cumplirse el pronóstico oficial, seguiría siendo menor por mucho a la de 2019. Este es el primer punto del ajuste que queda fuera de la negociación porque ya fue otorgada.
Clave dos: eliminación del “gasto Covid”, ajuste presupuestario y aumento de tarifas
En lo que hace al gasto social del gobierno, ya fue anunciado que el llamado gasto social “Covid” no continuará, no habrá más IFE y el resto de los planes sociales como la AUH, por ejemplo, son un porcentaje de las jubilaciones o del salario mínimo. Por otra parte, el presupuesto tiene una reducción significativa en términos reales en otras inversiones sociales como salud, educación o viviendas. Al mismo tiempo, el secretario de Energía ya anunció que a partir de enero de 2021 se habilitará el aumento en los precios de las tarifas.
Clave tres: salarios planchados por debajo de la inflación
Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 el salario mínimo se depreció un 38,8%. Pero unas curvas similares siguieron los salarios de los trabajadores formales, se puede afirmar que la pérdida en estos es de alrededor del 20% en lo que va de 2020. Pero esto no es todo, la paritaria estatal nacional firmada por UPCN del 7% de aumento salarial, y por la cual hay una situación de conflicto general entre los estatales, afecta a 3.213.000 trabajadores, 55 por cada 100 privados; afecta a todas las negociaciones salariales por el peso en la masa total de salario y la actitud traidora de las centrales sindicales. Y ese es el compromiso del gobierno de Fernández y de su ministro Guzmán.
Clave cuatro: devaluación
Si en las tres claves anteriores no hay casi debate porque el gobierno ya está haciendo lo que es la receta clásica del FMI, hay una cuarta exigencia del organismo, que coincide con la exigencia de los fondos buitres que quedaron atrapados por el cepo de Macri después de hacer una fortuna en la especulación financiera. Por eso la misión del Fondo que está en el país quiere una devaluación que según afirman los que tienen acceso a los negociadores, es de alrededor de un 15%. Y aunque Guzmán intenta explicarles que no es necesario, ya sabemos la firmeza del ministro con los acreedores internacionales. Eso es lo que explica el rebote del dólar paralelo el miércoles 11, que en una jornada recuperó el 30% de lo que había perdido en las tres semanas previas.
Lo que aún no aparece en la agenda, pero que según la historia se presentará en cualquier momento, es la exigencia del Fondo por una nueva reforma laboral, que es también una de las exigencias de los empresarios más poderosos del país que se reúnen en AEA.
Todo esto desangrará al país al menos durante la próxima década, y plantea como única salida política de independencia nacional y para mejorar el nivel de vida del pueblo trabajador, el repudio de esta deuda, ilegítima, ilegal y odiosa.