lunes, 22 abril 2024 - 21:29

Narcoviolencia en Rosario. Causas, responsables y víctimas

Cuatro trabajadores asesinados a quemarropa en 96 horas, desembarco de centenares de tropas, show mediático desde el poder, barrios populares militarizados y doblemente amedrentados. Negocio multimillonario con enormes pistas y pruebas que iluminan la participación de la política, los empresarios, la policía y la justicia; un plan a lo Bukele que hizo estallar la crisis. ¿Cuál es la salida frente a lo que se presume será un nuevo fracaso?

Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, eran taxistas; Marcos Daloia, de 39 años, chofer de colectivo; Bruno Bussanich, de 25 años, playero de una estación de servicio; los cuatro fueron asesinados, víctimas de una pelea que no era la suya. La pelea de estos trabajadores era para poner algo con que alimentar a su gente en la mesa familiar en un país al que el ajuste brutal del gobierno de Milei está dejando sin comida ni trabajo a los laburantes, ni perspectivas de futuro a los jóvenes y al país profundo. Víctimas inocentes, como decía, prometiendo todavía más, la nota dejada en la estación de servicio donde fue asesinado Bussanich y en el cartel de tela colgado cerca de la Av. Circunvalación a cuadras de donde fue baleado el chofer. Pero, esa nota tenía algo más, la novedad era la firma: zona sur, zona norte y zona oeste Unidos. Esto apoya la hipótesis que corre en estos días por la ciudad: se trata de un accionar conjunto de las distintas bandas de narcos enfrentadas entre sí por el control del territorio hasta ahora y que parecen haberse puesto de acuerdo para desafiar a la política de bukelización del gobernador Pullaro y la ministra Bullrich.

La bukelización de Pullaro hizo estallar la crisis

Según el periodistas, Germán De los Santos, que viene investigando muy bien el fenómeno narco en Rosario, la provocación de la publicitación de la fotografía al estilo El Salvador fue la gota que rebalsó el vaso de una situación que venía de antes. Las requisas en las cárceles para eliminar teléfonos, la limitación de visitas tanto en el número como en las condiciones físicas que impiden el contacto directo y otros privilegios de los presos de alto perfil, como el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, amenazaba con limitar el control de sus negocios a los capos narcos detenidos desde hace tiempo. Con un sistema carcelario tan permeado por el dinero narco, más allá de la cárcel en que estén detenidos estos jefes, ya sea en Rawson, Marcos Paz, Coronda o Rosario, una medida aislada de este tipo, más para impacto mediático y sin un plan integral que incluya el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad corruptas y cómplices, solo podía resultar en lo que terminó: esta crisis que no tiene final a la vista y es impredecible en su deriva.

La agitación mediática de mano dura y el guante de seda con la trama de complicidades estatales y empresariales que sostienen a estas bandas criminales sólo puede terminar mal. La foto estilo Bukele de la cárcel de Piñero a 25 km. de Rosario fue respondida por ahora con cuatro muertos inocentes que despiertan indignación y miedo en la población más humilde, la de los barrios populares y trabajadora, que están desprotegidos; lo saben porque ven en vivo y en directo la complicidad policial y el apriete indiscriminado represivo que sufren los inocentes en los barrios. Atrapados entre dos brazos de una pinza de violencia y represión.

Por otra parte, la profundización de la bukelización que propone Patricia Bullrich y avala Milei, con la saturación de fuerzas federales, ya fracasó en las 10 oportunidades anteriores que se intentó. Las razones son las mismas, mucho medio de comunicación y ninguna medida para atacar los problemas de fondo.

La trama de complicidad narco-estatal

Con los capos detenidos, sus maniobras desde la cárcel entorpecidas y las bandas que disputan el territorio para el narcomenudeo, queda en un segundo plano, invisibilizada, la trama de complicidad policial, empresarial, judicial y política.

El puerto y la Hidrovía privatizados y sin control son el terreno de disputa del tránsito internacional de droga hacia los grandes mercados europeos. Así como de otros grandes negocios como el contrabando del agronegocio y otros. De allí sale la droga que alimenta las bandas dedicadas al narcomenudeo en Rosario como forma de pago de peaje. Allí empieza la rueda que termina en la violencia en la ciudad.

Cada brote de violencia vuelve a ocultar el centro del problema: desentrañar y desmantelar la ruta del dinero narco. Pero esa ruta es la respuesta clave sobre el funcionamiento del negocio. ¿A dónde va el dinero de los narcos y de los corruptos? ¿Cómo se blanquea? ¿Cómo se convierte en “capital”, en activos que pueden entrar a la circulación económica legal? Aunque pretendan que este sea el secreto mejor guardado, se han identificado sectores claves del blanqueo. Hay casos que desnudaron el recorrido: financieras, cuevas de cambio de divisas, e inversores en emprendimientos inmobiliarios, todo apoyado en testaferros dispuestos a hacer una jugosa comisión por mover el dinero del crimen, provenga este de donde provenga, del narco o del juego clandestino, de la trata, de la violencia o el contrabando a gran escala. Un caso emblemático fue el del excorredor de fórmula uno, exconcejal y empresario de Rosario, Poppy Larrauri que hacía de testaferro para un emprendimiento inmobiliario en Funes para el que ponía el dinero Leonardo Peiti, “empresario” del juego clandestino. Lo mismo sucede con la participación del contador Gustavo Shanahan que fue un empresario “prestigioso”, protagonista de la actividad económica rosarina a través de sociedades y empresas con las que participó en actividades financieras e inmobiliarias y, de modo notable, en Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que utilizó el puerto local para lavar dinero proveniente del narco, no solo del país sino también internacional.

La complicidad política y policial tiene también sus nombres propios, aunque algunos ejemplos pueden demostrar la relación entre el narco y estos sectores. En el gobierno anterior a Pullaro, el de Omar Perotti, pasaron 9 jefes policiales de Rosario y hubo todo un operativo político y una votación específica en la Legislatura provincial para impedir la persecución judicial del Senador de San Lorenzo, Traferri. Por otra parte, Jueces y fiscales presos por complicidad con los narcos son otra prueba de esta trama. También, durante la gestión de Omar Perotti pasaron 4 ministros de Seguridad, 3 de ellos salieron eyectados por fracasar junto a varios operativos federales en la lucha contra el narcotráfico.

Rosario no es Medellín ni Juárez, pero Bullrich busca que se parezcan

El plan que presentaron Bullrich y Pullaro en su conferencia de prensa es igual a los anteriores en lo que hace a la saturación de las fuerzas represivas, una experiencia que ya fracasó como decimos más arriba en 10 oportunidades anteriores. Pero tiene otra cara y es la presentación de proyectos de leyes que apuntan en un sentido claramente represivo, como la propuesta de habilitar a las Fuerzas Armadas a participar directamente en tareas de control, represión e inteligencia interior contra este tipo de delitos. Este es el objetivo de la definición de narcoterrorismo hecha en esa misma conferencia de prensa y a las declaraciones explícitas de Pullaro el martes 12 pidiendo que se habilite a las FF. AA. en ese sentido. Esto llevaría a un crecimiento exponencial e indiscriminado de la represión que afectará a la población en general. Mientras que en Rosario en una década se produjeron un total de 1900 asesinatos relacionados con crímenes por la disputa del territorio para ese negocio, en Colombia un país con similar cantidad de población en un periodo parecido, se produjeron 60.000 asesinatos realizado por la guerra contra los carteles. Y en Juárez en un periodo igual fueron 300.000 asesinatos de las mismas características. En ambos casos la mayoría de las víctimas de estas muertes fueron inocentes atrapados en esa guerra, mientras en Rosario aún hoy a pesar los lamentables hechos de la semana anterior a esta nota, son una pequeña minoría. En su búsqueda de instalar un régimen autoritario como lo muestra su protocolo contra las manifestaciones, para evitar las justas protestas sociales contra el ajuste, la ministra parecería buscar un desenlace similar. Las víctimas serán los trabajadores, los jóvenes, los vecinos de las barriadas populares.

Nuestra propuesta

El plan que presentaron Bullrich y Pullaro ya fracasó. Lo hace porque el criterio que ordena la política del capital es reprimir al último eslabón del negocio: el narcomenudeo. Pero deja intacta la trama de protección policial, judicial, política y empresarial.

Es que a las causas que explicamos antes hay que sumarle la desigualdad social y la marginación de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. Escuelas destruidas, clubes desmantelados, represión indiscriminada de sus expresiones culturales y ausencia de salidas laborales dignas dejan sin perspectivas de futuro al sector más desprotegido de la sociedad, entregándolos a las manos de estas bandas criminales. Hoy esto se ha profundizado por el brutal ajuste, el aumento del desempleo y la crisis alimentaria en los barrios provocada por el gobierno de Milei.

El negocio no lo manejan las bandas barriales. Los capos, la jerarquía policial, la política, la justicia y los empresarios que blanquean son los responsables de fondo. Para desmantelar este círculo de tráfico, violencia y lavado es necesario atacar ese núcleo de la trama de complicidad y desarrollar un plan integral. Entre esos están los funcionarios nacionales como Bullrich que sabiendo que su política fracasará insiste con la represión indiscriminada. Hace falta otra política. Solo la izquierda puede proponer una salida a favor de los trabajadores y el pueblo. Presentamos algunas propuestas de emergencia como parte de un plan más integral.

1. Autoorganización vecinal
No se puede entregar el territorio al miedo que tratan de infundir la bandas ni a la represión indiscriminada de fuerzas de seguridad cómplices. En todos los barrios hay organizaciones de vecinos, empezando por los movimientos sociales, comedores, vecinales, clubes, escuelas, dispensarios, etcétera. Y últimamente como respuesta al plan de Milei se han ido conformando Asambleas Barriales en algunos de ellos. Desde allí y coordinando entre todos ellos en el territorio y desde las organizaciones de trabajadores como se demostró con el llamado de Amsafe Rosario entre otros sindicatos, se debe comenzar a organizar redes de seguridad, que controlen y limiten la actuación policial. Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables

2. Seguir y desmantelar la ruta del dinero y construir otro modelo económico
Desde la movilización social y con comisiones de investigación independientes de los poderes políticos contaminados o cómplices, exigir que se desmonten los negocios criminales, el lavado de dinero, y expropiar a los que se enriquecen con el narcotráfico. Recuperar los Puertos e Hidrovía. La recuperación del manejo de los puertos por parte del Estado con control social y del curso del Paraná con plena soberanía son una necesidad. Y no entregarle el Paraná al ejército de Estados Unidos como acaba de firmar Milei. El no pago de la deuda y el repudio del FMI, permitiría revertir el ajuste. Y gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos facilitaría implementar el plan integral que hace falta.

3. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras”: en el caso del narco actúan como fuerza de recaudación, sostén y encubrimiento del delito narco y otros y para la represión de la juventud, los barrios y los trabajadores. Entonces habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo a las actuales, de carácter esencialmente preventivo y no represivo y con participación y control social.

4. Un plan para la juventud de los barrios y emergencia alimentaria, educativa y de salud
Proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Con fortalecimiento y ampliación de los clubes de barrio y acceso y estímulo a la cultura juvenil. Esta política permitiría rescatar de la incertidumbre a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante del narcomenudeo. Al mismo tiempo el gobierno nacional debe resolver inmediatamente la emergencia alimentaria, educativa y de salud que se vive en los barrios y el gobierno provincial y municipal debe complementar ese apoyo, restaurar escuelas y salas de salud mejorar las condiciones laborales y de salario de esos trabajadores.

5. Legalización
El narcotráfico, sus ganancias, su violencia y el peligro para la salud que representa se apoyan en la clandestinidad. La legalización en manos del estado y con una regulación controlada por comisiones de especialistas de las universidades y de los ciudadanos interesados eliminaría de raíz el negocio narco y con ello la causa directa de la violencia y facilitaría el seguimiento y prevención para los que lo necesiten, hasta países como Canadá que nada tienen de izquierdista están dando pasos en esta dirección.

Desde Amsafe Rosario llamamos a que convoquemos a un gran paro Regional contra la violencia y la muerte

10 de Marzo

La situación en Rosario no puede ser más dramática. Las bandas narcocriminales, con evidentes complicidades en sectores del Estado, de fuerzas de seguridad, sectores del poder político y económico suman asesinatos y amenazas sembrando el terror en la población.
Con la nueva llegada de tropas federales los gobiernos vuelven a ensayar una política que ya fracasó en una decena de ocasiones en todos estos años. Rechazamos la política de militarización de los barrios. Las Fuerzas Armadas han sido responsables de un genocidio y por lo tanto rechazamos su desembarco.

La política de lanzar mensajes violentos y amenazantes por las redes por parte del Ministro de Seguridad y el Gobernador, junto con Bullrich, ha derivado en esta escalada de violencia que les ha costado la vida a cuatro trabajadores.

Una vez más somos lxs trabajadorxs quienes ponemos lxs muertxs.

Una vez más salir a trabajar se ha transformado en una situación de riesgo.

No podemos seguir así. Hacen falta otras políticas públicas para frenar el espiral de violencia.

Como docentes seguimos planteando una salida de fondo, con más escuelas, clubes, salud, trabajo y salarios dignos, así también centros de atención al consumo problemático de manera gratuita.

Hace falta romper todas las complicidades con las bandas narcocriminales de los sectores de poder.

Lxs trabajadores debemos hacer oír bien fuerte nuestra voz con nuestra herramienta fundamental del paro y la movilización.

No a una nueva escalada de violencia.

Basta de muertes obreras.

#GobiernosEstadoResponsables

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