martes, 23 julio 2024 - 17:07

Mendoza. Paro de 48 horas por el no inicio de clases

En el marco del paro docente por 48 horas con asambleas por escuela, votado en el plenario del SUTE, se llevó a cabo un caravanazo contra la vuelta a las aulas. El mismo se desarrolló el día lunes 1 de marzo desde las 11 horas y atravesó el centro de la Ciudad de Mendoza hasta concluir en Casa de Gobierno. La acción tuvo un gran acatamiento, sobre todo en los departamentos del Valle de Uco y Zona Sur de la provincia.  El martes 2 las acciones de protesta concluyeron con multitudinarias movilizaciones en el kilómetro 0 de la Ciudad y en plazas departamentales.

Represión a las asambleas


En la mañana del mismo martes, las asambleas docentes del CENS Laila Abusarama y el CEBJA 3-207 del departamento de Guaymallén se vieron interrumpidas por el ingreso de efectivos policiales que intentaron amedrentar a les trabajadores. Este repudiable accionar fue dirigido por las autoridades de la DGE en un intento por boicotear la organización docente. Se trata de un intento desesperado de la gestión de Suárez por reprimir las medidas de lucha, pues el nefasto “ítem aula” ya resulta insuficiente para contener la bronca del sector educativo. Es importante señalar que en ambas asambleas se discutía una solución a la  inminente clausura de los establecimientos.

Tanto el gobierno nacional como el provincial insisten con el regreso a la presencialidad sin garantizar condiciones mínimas de higiene y seguridad en las aulas frente a la pandemia de Covid 19. Durante el 2020 el presupuesto educativo sufrió un recorte de $ 3.200 millones; a esto debemos sumar la imposición de un aumento por decreto, sin recomposición salarial y con un bono informal que el sindicato docente rechazó en paritarias. No se realizaron obras edilicias, tampoco inversiones que pudieran garantizar la conectividad de alumnos y docentes. Como si fuera poco, la Dirección General de Escuelas está llevando adelante el cierre de cursos en toda la provincia.

La única medida de la DGE es un endeble protocolo mediante el cual dejan en manos de las escuelas decidir cómo se dictará el cursado y establecen la bimodalidad, restándole importancia al peligro de contagio. Según reza el documento que elaboraron en su Anexo I: “Existen distintos estudios científicos que demuestran que los/as niños/as, en especial los/as menores de 13 años, no son ‘supercontagiadores’ y que el ámbito escolar, con los adecuados cuidados preventivos, no es un ámbito de propagación masiva del virus”. Sin embargo, los documentos de la Sociedad Argentina de Pediatría afirman: “los niños mayores de 10 años pueden transmitir el SARS- CoV-2 tan eficientemente como los adultos”. En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación registró a enero de este año 157 mil casos de Covid en niñes y adolescentes y 138 muertes de 11 años de edad promedio. Es decir, 14 al mes, 1 cada dos días.

La casta política le ha cedido a la burguesía en todas sus demandas y la educación presencial no es la excepción; pues necesitan un espacio de contención para la niñez, para que sus padres puedan dedicarse de lleno a trabajar. Y para lograr esta meta, no temen exponer a estudiantes y docentes a la pandemia.

Para retomar las clases de manera presencial es necesario un presupuesto que contemple mejoras en infraestructura donde se garanticen ventilación, espacio para mantener el distanciamiento y baños en condiciones; insumos de limpieza y desinfección suficientes para cada escuela; contratación de más celadores con capacitación y salarios acorde; conectividad y dispositivos gratuitos; aumento salarial y recomposición conformes a la inflación; designación de cargos para la bimodalidad que plantean, con parejas pedagógicas. Demás está decir que el gobierno debe cumplir con testeos masivos para poder llevar un relevamiento preciso de la cantidad de casos y cumplir con la anunciada vacunación para trabajadores de la educación.

Un Congreso Pedagógico de carácter nacional y resolutivo es necesario para definir qué modelo de educación y país queremos. Junto con ello, necesitamos un aumento del presupuesto al 10% del PBI, al cual se puede llegar sin problemas si se deja de pagar la fraudulenta deuda externa, se suspenden los subsidios a las escuelas confesionales, y se aplican impuestos progresivos a las riquezas.

Mauro Sosa

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