Tuvo una fuerte repercusión mediática en estos días el reconocimiento del Papa Francisco sobre que las personas homosexuales podemos tener derecho a la llamada unión civil. Lo novedoso en realidad es semejante repercusión, no el tardío y tramposo reconocimiento papal. Con todo respeto por quienes hayan visto la noticia con simpatía, ¿por qué afirmamos esto?
En 2010, cuando en nuestro país se debatía la ley de matrimonio igualitario, el entonces arzobispo porteño Jorge Bergoglio, luego ungido como Papa, salió con los tapones de punta a presionar al Congreso, a movilizar en contra, a defender el modelo familiar heterosexual y patriarcal y hasta nos acusó de ser “una campaña del rey de la mentira”, o sea del diablo.
Pero por lo bajo, como institución con veinte siglos de experiencia, ante la creciente aceptación social de nuestros derechos la Iglesia se jugó a la posibilidad de contraponer la alternativa de unión civil con tal de que no se aprobara el matrimonio igualitario. Es decir, nos ofrecía un “derecho” de segunda categoría.
Por fortuna, y aun cuando dentro del propio colectivo LGBTI+ grupos como la CHA capitulaban a esa variante clerical en nombre del eternamente fracasado posibilismo, la Federación Argentina LGBT vio que había necesidad y condiciones para ir por todo y así fue: conquistamos los mismos derechos y con los mismos nombres.
Obviamente, si no existe el más mínimo derecho, todo paso parcial se puede considerar un avance. Pero cuando el derecho pleno ya está ganado, insistir en ir a menos es sin duda retroceder. Esa es la política del Papa: no hay ningún avance, sino que mantiene su misma postura reaccionaria de hace una década.
Encima, tramposo
Aparte de tardío, el Papa, el Vaticano y su Iglesia Católica nos siguen discriminando. “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia… Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”.
Primero, él no tiene que hacer ninguna ley sino abandonar toda intromisión en la vida pública en general y de nuestra comunidad diversa y disidente en particular. Segundo, la convivencia civil o unión civil no siempre garantiza por sí misma los derechos de herencia y adopción. Y tercero, seguir negándose a aceptar el matrimonio igualitario constituye una nueva demostración de discriminación.
Cuando en los EE.UU. a las personas negras, que antes no podían utilizar los mismos transportes que los blancos, finalmente se les permitió viajar en la parte trasera, ¿no era acaso una nueva expresión de racismo? Sí, porque se siguió marcando la desigualdad en forma tajante. Son precisamente esas políticas institucionales discriminatorias y por lo tanto violentas, en este caso del jefe mundial de la Iglesia, las que habilitan la discriminación y la violencia social.
Así lo deja claro el párrafo del Papa siguiente a «aceptar» la unión civil: «No hay base para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia» . O sea, nuestra comunidad LGBTI+ somos «hijos de Dios», pero nuestras familias quedan fuera del «plan de Dios». Más claro, agua bendita.
Separar Iglesia y Estado
Ante la “aceptación” papal, hoy un compañero de la FALGBT hizo una reflexión certera: “Es una actitud demagógica que busca disminuir el repudio del pueblo a una institución oxidada”. Y es cierto. El Papa pretende visitar la Argentina el año próximo y, sabiendo los derechos que supimos conseguir, busca congraciarse previamente de alguna manera y lavar su alicaída imagen.
No lo logrará, más allá de todos los sectores que salgan a reivindicarlo, incluido el gobierno nacional. La Iglesia Católica y los Papas, aun de las diferentes alas, tienen todo un historial, un verdadero prontuario, anti-pueblos originarios, anti-rebeliones, anti-mujeres y anti-LGBTI.
Siempre del lado de los poderosos, sustentan su poder en dos pilares. Uno es la difusión del supuesto más allá eterno mientras en esta tierra terrenal predican la paz social, o sea la conciliación de clases en favor de los capitalistas. El otro pilar son sus millones en base a negocios propios y a los cuantiosos subsidios del Estado a la Iglesia y a los colegios religiosos.
Así como enfrentamos su falsa ideología y defendemos un pensamiento científico y laico, luchamos por anular esos subsidios públicos que salen de los bolsillos de toda la población, por derogar todos los privilegios jurídicos y exenciones fiscales de la Iglesia, y por separarla definitivamente del Estado. Quien quiera un cura o un colegio religioso, que se los pague.
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