jueves, 7 diciembre 2023 - 10:47

Marcha K. ¿Presos políticos o políticos presos?

El lunes 14 de diciembre, varias organizaciones kirchneristas hicieron una marcha “por una Navidad sin presos políticos”. Luego de transitar por el microcentro porteño fueron hasta los tribunales de Comodoro Py, concluyendo allí en una misa. Estuvieron MILES, la CTA, Peronismo Militante, la Aníbal Verón, ATE Mercado Central, Corriente Peronista, Octubres y el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala. La Cámpora lució algunas banderas al final. Otros sectores, como el Evita o la CTEP, no fueron.

Durante la jornada, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Alejandro “Coco” Garfagnini (Tupac Amaru), Eduardo Tavani (Comité para la Liberación de Milagro Sala) y el cura Eduardo de la Serna (Opción por los Pobres). Según algunos medios, esa reunión fue clave para que la marcha no se hiciera a Plaza de Mayo.

Esta marcha surgió después de que la Suprema Corte confirmó la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, quien deberá pasar de su actual prisión domiciliaria a la cárcel. Este falló motivó las críticas de Cristina Kirchner contra la Corte y una solicitada firmada, entre otros, por Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano, Jorge Ferraresi y Hugo Yasky. El cartel de invitación a la marcha muestra a Cristina rodeada por De Vido, Jaime, Schiavi, Boudou, Esteche, Baratta, el “Caballo” Suárez, el “Pata” Medina, Milagro Sala y Luis D’Elía, entre otros dirigentes presos y se titula “Los persiguen por patriotas”

La gran mayoría de estos ex funcionarios o sindicalistas están procesados o condenados por actos de corrupción. El caso más conocido es quizás el de Jaime, Schiavi y De Vido por su responsabilidad en la Masacre de Once. Fueron condenados y presos luego de que los familiares de las víctimas se movilizaran una y otra vez por justicia. Lo mismo el empresario Sergio Cirigliano y otros ex directivos de TBA. Unos y otros formaban una trama corrupta que desfinanció el mantenimiento ferroviario, causa del trágico accidente que provocó 51 muertes.

Qué presos políticos defendemos

Para nuestro partido y para los organismos de derechos humanos independientes del gobierno sólo dos referentes que aparecen en el afiche pueden considerarse presos políticos. Es decir, presos por el Estado por haber participado de luchas sociales. Una es Milagro Sala, detenida tras haber liderado un acampe contra el ajuste del gobernador jujeño Gerardo Morales. El otro es Luis D’ Elía, condenado por haber ocupado una comisaría en La Boca, cuyos agentes estaban implicados en el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, militante de su agrupación.

Más allá de nuestras diferencias con ambos, y de las acusaciones de corrupción contra Sala, sus condenas son una evidente represalia de la justicia burguesa contra las luchas populares. Mezclar su defensa con otros corruptos impresentables no beneficia en nada el legítimo reclamo de anular sus injustas condenas.

La libertad que exigimos es la de presos políticos como las militantes jujeñas de la Tupac; como Sebastián Romero, preso por enfrentar la reforma anti-jubilatoria de Macri, y como los obreros petroleros de Las Heras. Y la anulación de las causas que reclamamos es la de las y los casi 5.000 activistas y delegados procesados penalmente por diversos reclamos sociales.

Cristina versus la Corte

La justicia está entre las instituciones más desprestigiadas. Es responsable de permitir constantes atropellos a los derechos laborales. De demorar los juicios de 250.000 jubilados. De ser patriarcal y tolerante con los violentos. De mirar para otro lado ante los asesinatos por gatillo fácil policial. De otorgar las prisiones domiciliarias a genocidas. Y por cierto, de garantizar impunidad para los delitos millonarios de guante blanco que cometen los capitalistas, sus testaferros y cómplices.

La justicia no tiene nada de independiente y sus favores oscilan según las necesidades de los gobiernos de turno o a las peleas entre los distintos grupos de poder que dominan el país.

Cuando hace un par de años la justicia amenazó con utilizar los procesamientos contra Cristina para proscribir su participación electoral, nos opusimos porque era persecución política y, a la vez, propusimos formar una comisión investigadora independiente para analizar todas las denuncias de corrupción. La utilización política de la justicia (lawfare) por el macrismo, cuando Macri y muchos de sus funcionarios tienen decenas de causas abiertas, era y es inaceptable. Lo mismo pasó con Lula en Brasil, con acusaciones endebles cuando encabezaba todas las encuestas electorales.

Pero otra cosa distinta es defender a Boudou y otros personajes que ni lideran reclamos sociales ni son perseguidos políticos, ni mucho menos “patriotas” como dice el cartel, sino simples y repudiables corruptos. Entonces Cristina, que gobernó el país ocho años, ¿recién ahora “se acuerda” que la Corte Suprema no se elige por voto popular? La derecha le canta loas a este Poder Judicial, como contrapoder necesario para “la República”. Desde el kirchnerismo, en cambio, vuelven a hablar de “democratización judicial”. Fuegos de artificio, en medio de una crisis, entre dos sectores burgueses a quienes esta justicia de clase les ha sido siempre funcional.

Una reforma judicial total

Los socialistas del MST en el FIT Unidad levantamos la necesidad de reformar a fondo esta justicia antidemocrática, pro patronal, patriarcal y nobiliaria, donde el poder político pone y saca a los jueces y fiscales e impulsa o frena las causas según le convenga. Hay que terminar con esos mecanismos indirectos, como los Consejos de la Magistratura y los jury de enjuiciamento, donde el poder político teje acuerdos de toma y daca entre oficialismo y oposición.

Es necesario que todos los jueces y fiscales del país, inclusive los de la Corte Suprema, sean elegidos por el voto popular, en comicios aparte de las elecciones políticas. Sus mandatos no deben ser vitalicios sino por un período limitado, y revocables si incumplen su función. Además deben dejar de ser funcionarios privilegiados, ganar lo mismo que una directora de escuela, estar obligados a educar a sus hijos en la escuela pública y a atenderse en el hospital público.

Otra democratización clave del sistema judicial es que toda causa penal significativa se juzgue mediante jurados populares sorteados del padrón electoral, como forma de control social en la administración de justicia. Y que las investigaciones sobre actos de corrupción política, espionaje estatal u otros hechos relevantes donde participe el Estado -como lo fue el atentado a la AMIA- las realicen comisiones investigadoras independientes, integradas por personalidades intachables.

Esta reforma radical de la justicia la entendemos en el camino de un cambio político y económico de fondo para refundar el país sobre nuevas bases, por ejemplo a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana, para que en vez de tres tristes poderes serviles a los capitalistas tengamos un gobierno e instituciones de y para la clase trabajadora y las mayorías populares.

Gustavo Giménez y Pablo Vasco

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