Hace unos días el medio oficialista Página 12 tituló YPF volvió a mover los precios de sus naftas. Sin importar la estrategia discursiva utilizada, los aumentos, el término correcto para describir la suba de precios, es inocultable para los bolsillos de las grandes mayorías. Como también es inocultable la política del gobierno del Frente de Todos de cederle constantemente a los formadores de precios. Los últimos números arrojados por la consultora Ecolatina, donde indica que los alimentos subieron por encima de la inflación mensual y la autorización del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que aumenten los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija, es una muestra cabal de lo dicho.
Alimentos por las nubes
Mientras el gobierno espera cumplir con la utópica meta inflacionaria del 29% anual, enero y febrero están resultando una cachetada para tal aspiración. Al igual que el mes pasado, febrero, según consultoras privadas, va a presentar aumentos en los precios de los alimentos que se colocan por encima del porcentaje mensual. Así como en enero los alimentos subieron un 4,6% cuando la inflación fue del 4%, febrero tendrá una escalada del 4,5% para la misma categoría, mientras se prevé un 3,6% de inflación general.
La consultora LCG en el estudio específico de algunos rubros que componen los alimentos, dio a conocer que en febrero midió alzas por 8,8% en frutas y un 6,2% en carnes. El gobierno hace gala de las reuniones con los empresarios y sindicalistas, estableciendo, una vez más, una nueva especie de pacto social. Pero tales acuerdos, como queda a la vista de todos, toman como política oficial dar rienda suelta a los aumentos de precios y sólo contener el aumento de un ítem, los salarios. El pedido de Alberto para que los empresarios se comporten con los precios, tiene el mismo efecto que el ruego de Guzmán ante los bonistas para alivianar el peso de la deuda, ninguno.
Internet, cable y telefonía, también aumentan
Otra de las noticias del día es que el ENACOM, por medio de la Resolución 204/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, habilitó nuevos aumentos para el mes de marzo. La normativa permite entre un 5% hasta un 7,5% de suba en los precios dependiendo el tipo de servicio de los distintos planes.
Un nuevo premio para los pulpos de las telecomunicaciones que, el año pasado, en medio de la pandemia, dejaron en claro que no les importa que los servicios detentados se hayan vuelto esencial para la vida de las mayorías. Lo inentendible es que, quienes dicen regular el comportamiento monopólico de las empresas como Telecom, sean los mismos que declaran que este aumento se encuadra en “una política de precios razonable y dinámica”, como lo definió Claudio Ambrosini director del ENACOM. Más en un momento donde se acerca el reinicio de clases donde los docentes ante la precarización de los gobiernos nacional y provinciales, nuevamente, solventaran el costo de la virtualidad desde sus propios salarios.
Que aumenten los salarios
Mientras se estima que la inflación anual rondará el 50%, urge el aumento de los ingresos de los trabajadores, los salarios. Los planes de austeridad y hambre del Frente de Todos se sintetizan en el salario mínimo que han establecido ($21.600 desde marzo), que se ubica por debajo de la línea de indigencia. Ante este panorama en necesario reclamar por paritarias libres donde se recomponga lo perdido el año anterior y se activen clausulas gatillos ante el panorama inflacionario que no tiene control alguno.
Como lo sostenemos desde el MST en el FIT Unidad, además de adecuar los salarios a los costes reales como lo definimos más arriba, es necesario avanzar en la aplicación de mecanismos, como la ley de abastecimiento, para terminar con el lucro de los formadores de precios y ponerle un paro a la especulación que sólo afecta al bolsillo de los trabajadores. Lo mismo aplica con los servicios de telecomunicaciones, avanzar en declararlos esenciales de verdad y no de manera cosmética, para que se transformen en estatales y de acceso público para la totalidad de la población, es una medida que urge para terminar de comparecer los intereses de las multinacionales.