En junio del año pasado, el gobierno de Milei desplegó una brutal represión durante la movilización contra la Ley Bases frente al Congreso. Fue una de las escenas más nítidas de su plan integral de ajuste, entrega y represión. Allí, decenas de manifestantes fueron detenidos de forma arbitraria y sin pruebas, en una verdadera cacería judicial-política con un claro objetivo: disciplinar la protesta social.
Entre las personas criminalizadas estuvieron Sasha Lyardet y Camila Juárez Oliva, estudiantes de la UNSAM, militantes del MST y activistas feministas de la zona norte del conurbano bonaerense. Fueron detenidas junto a otras personas mientras se retiraban pacíficamente de la zona del Congreso. Durante meses, enfrentaron cargos completamente infundados, sin una sola prueba que justificara su detención.
Hoy, la jueza a cargo de la causa resolvió su sobreseimiento, lo que constituye una victoria del derecho a la protesta y de todos los sectores que se mantuvieron firmes exigiendo justicia. En el expediente, la magistrada afirma: “No se ha logrado colectar prueba objetiva que permita determinar su responsabilidad en la comisión de alguno de los hechos que motivaran el inicio de esta causa”.
Y más adelante agrega: “No se ha identificado con claridad ni la dinámica del suceso ni la participación de la encartada en los hechos atribuidos”.
La resolución es clara: no hubo delito, lo que hubo fue una operación represiva para criminalizar la protesta. Detuvieron a Sasha y a Camila no por lo que hicieron, sino por lo que representan: una juventud que se organiza, que enfrenta el ajuste y que no se calla.
Desde el MST lo dijimos desde el primer día: sus detenciones fueron completamente arbitrarias, y no descansamos hasta que se hiciera justicia. Este sobreseimiento no solo es un alivio personal para Sasha, Camila y sus familias, también es una conquista colectiva en la defensa del derecho a la protesta.
Además, queremos destacar el rol fundamental del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), de las abogadas Alejandra Giordano y Claudia Leaños, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), y de la abogada María del Carmen Verdú, quienes llevaron adelante la defensa legal con enorme compromiso, claridad política y una firme vocación de lucha en defensa de los derechos democráticos y las libertades populares.
Esta es una victoria muy importante, aunque parcial, porque el fiscal Carlos Stornelli y la querellante Victoria Villaruel todavía pueden apelar la resolución. Por eso, la pelea no termina: vamos a seguir movilizados hasta lograr el cierre definitivo de todas las causas armadas.Y mientras el gobierno avanza en su política represiva, denunciamos también el nuevo decreto de ciberpatrullaje, publicado recientemente por el Ministerio de Seguridad, que profundiza el control y la vigilancia sobre quienes se organizan y luchan, incluso en redes sociales.
-Exigimos el desprocesamiento inmediato de todas y todos los compañeros perseguidos por salir a la calle contra este gobierno y sus políticas de hambre
-Seguimos en las calles. Porque sabemos que la lucha es el único camino, y que sin protesta no hay derechos.
-Protestar no es delito! ¡Cierre de todas las causas a los criminalizados por luchar!