Al apelar a una épica fundacional, Milei dice querer volver al supuesto pasado “glorioso” de la época de Alberdi, donde Argentina habría sido “primera” potencia mundial. Por eso llamó “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” a su primer y único proyecto de ley, para evocar el libro de Alberdi: “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, obra que fuera una de las fuentes de la Constitución burguesa de 1853.
¿Argentina “potencia” o la vuelta a las Leyes de Indias y el coloniaje?
Con esta Ley Bases, en realidad Milei haría retroceder al país a la época del saqueo virreinal. En particular con el RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones), antes que con Alberdi, el presidente se emparenta más a Pedro de Ceballos, el primer virrey nombrado por Carlos III de España, cuando creó el Virreinato del Rio de la Plata en 1776.
El RIGI atrasa al regresarnos al saqueo de las “Leyes de Indias”, el compendio de normas editado en 1680 por el imperio español. Fue el “corpus iuridicus” por el que la corona y sus acólitos establecían cómo hacerse de las riquezas, tierras, construcciones, caminos, impuestos o tributos, así como de los pueblos nativos y su fuerza de trabajo.
Este RIGI de Milei es peor incluso que el ruinoso Pacto Roca-Runciman, firmado en 1933 con el imperio británico por el cual, a cambio de mantener la tasa de ganancia a la burguesía terrateniente, se entrega soberanía nacional. Pacto al que FORJA con Jauretche calificaron como “el estatuto legal del coloniaje”.
Esta Ley Bases y el paquete fiscal con media sanción en Diputados, son profundamente regresivos en materia impositiva, al reinstalar el impuesto al salario y aumentar la carga a los monotributistas, mientras perdona a los grandes evasores, promueve el blanqueo de dinero fugado, ataca derechos en materia laboral y previsional, plantea privatizar empresas y saquear recursos como los hidrocarburos, el gas y la energía eléctrica, sin garantizar el abastecimiento interno.
RIGI: el sumun de la entrega en la Ley Bases
Pero el núcleo está en el Régimen de Incentivo (RIGI) para Grandes Inversiones, desde 200 millones de dólares que recibirán grandes beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. Lo mismo para la compra de acciones de hasta 15%.
El sumun de la entrega son sus 64 artículos (Art. 161º a 225º) con sus 12 capítulos (Título VIII, pág. 111 a 178), los que siguen intactos desde la Ley Ómnibus original y son casi el 30% de la actual Ley Bases.
Sería el régimen más generoso de nuestra historia para los pulpos extranjeros. Es lo opuesto al cínico “objetivo” de “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos” (Art. 163º, inc. c), al generar tantas ventajas para el capital foráneo que los empresarios de la UIA (Unión Industrial), ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos) y las PyMEs pegaron el grito, alarmados por la “competencia desleal” que los arruinaría.
Es que Milei pretende un régimen de país factoría, que nos limite a ser un enclave colonial de las grandes corporaciones, a las que les garantiza la depredación indiscriminada por décadas, a pura entrega de nuestros recursos naturales, en especial los no renovables. En una política que hipoteca todo crecimiento, nos condena a la desindustrialización y al subdesarrollo, con mayor destrucción del medioambiente al fomentar la megaminería, el fracking y el extractivismo.
Esta norma, de votarla el Senado, otorgaría al capital extranjero hasta 30 años de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros, en los que estaría prohibido hacer cualquier cambio normativo a nivel nacional, provincial y municipal, y en caso de conflicto, se deben dirimir en tribunales internacionales (Art. 162º, 198º, 218º y otros).
Pérdida de soberanía de efecto irreversible
Vale aclarar que tener que recurrir al CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington, implica una pérdida de soberanía irreversible. Hay un nefasto historial de fallos contrarios al país, al perder el 89% de los casos en el CIADI de las multinacionales contra la Argentina (ver [1]).
Todo con la excusa de atraer “inversiones” extranjeras en los sectores minero, petrolero, gasífero y también agropecuario con lo que se generarían enclaves extractivistas para la exportación, que primarizarían la economía y dejen un tendal en la industria local.
De aprobarse, el RIGI sería de aplicación en todo el territorio y consagra un patrón productivo de país como mero exportador de commodities (materias primas o bienes primarios) sin valor agregado, con las multinacionales dominando el negocio y sin articular con la producción nacional.
Todo esto sin pedir nada a cambio, nunca. Solo esperan que ingresen algunos dólares frescos en el corto plazo para ver si pudieran liberar el cepo cambiario y permitir exteriorizar activos (blanqueo), lejos de cualquier patrón de desarrollo, cosa que no hace ningún país serio del mundo.
Pese a que en “los objetivos prioritarios del RIGI” se plantee “favorecer la creación de empleo” (Art. 163º, inc. e), este régimen no genera ningún trabajo intensivo, ya que apunta al gas, petróleo, minería y el sector agropecuario, que representan apenas el 6% del empleo total y casi no generan puestos de trabajo de manera directa. En 15 años sólo generaron 17 mil, es decir, poco más de 1.100 puestos de trabajo por año entre los 4 sectores. Como no está obligado a “comprar nacional” ni a ligarse con proveedores locales, solo impactará en los pocos empleos directos que genere. Que incluso podría cubrir con mano de obra extranjera…
Las penas y las vaquitas… el petróleo, gas, la minería
Para ejemplificar, se plantearon dos posibles situaciones: como el proyecto introduce el término “mercadería”, las corporaciones podrían importar todo. Una minera podría importar el equipo de explotación (maquinarias, retroexcavadoras, tractores, camiones, etc.), también los baños químicos, la ropa, el calzado, protección y hasta los alimentos que consuman sus trabajadores, los que incluso podrán ser extranjeros al no haber obligación de contratar mano de obra local.
Por la historia de lucha socioambiental, hay numerosos proyectos megamineros parados por conflictos con las comunidades. Es difícil creer que este régimen transite impune por 30 años, al no haber “licencia social” para el extractivismo.
Como tampoco tienen la obligación de abastecer al mercado interno, un frigorífico extranjero que produzca en el país con estas ventajas “competitivas”, podría procesar carne, pero venderla libremente al exterior, sin abastecer al mercado interno [2] que sufre el menor nivel de consumo de carne en 30 años. Esto ni aún en casos de fuerza mayor como pueden ser alguna catástrofe, pandemia o guerra (Art. 197º).
Leoninos beneficios tributarios y aduaneros
Acá se ve por qué tanto insistir con la figura del “león” para Milei, ya que otorga exenciones, prebendas y beneficios de un carácter leonino, contrario al país. Veamos algunos:
- Se reduce al mínimo el pago de impuesto (Art. 180º y subsiguientes), discriminando a las empresas locales. El IVA se reduce de 21% a nada (0%), al “pagarse” con crédito fiscal.
- Rebaja en el pago de Ganancias del 35% al 25% (Art. 180º). Incluso pueden utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las Ganancias.
- No pagan Ingresos Brutos, contra el 6% que paga toda empresa por el Régimen general.
- No pagan el Impuesto País (17.5%), no pagan Tasa estadística (3%) ni derechos de importación (13%). Con estas medidas es más lucrativo importar la maquinaria que comprar la que se fabrica acá.
- Arancel cero para la importación de maquinarias –ya sean nuevas o usadas- y bienes de capital, repuestos, partes y componentes, sin control de dumping (Art. 187º y subsiguientes).
- Eximidos de pagar derechos de exportación luego del 3er año y del 2do año si el proyecto se considera de exportación estratégica (Art. 188º). Lo que genera un balance negativo de divisas, al no estar obligados a ingresar ni un dólar conseguido por exportación.
- Si hubiera inestabilidad cambiaria o se modificaran las reglas monetarias [3], ni el Banco Central ni ninguna autoridad podrán afectar los proyectos bajo el RIGI (Art. 202º). Es decir, actúan como un enclave colonial, regido por esta ley especial, la que no puede ser modificada nunca por ningún poder del Estado. Y si alguno lo pretendiera, la justicia está obligada a rechazarlo. Esa es la “seguridad jurídica” con la que machaca Milei, para la expoliación de nuestros recursos naturales, sin derecho de inventario ni pataleo.
- Establece la libre disponibilidad de divisas por el 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% desde el tercer año (Art. 195º), en el que se estima que empiezan a madurar esas inversiones. No hay ninguna restricción sobre los dólares generados y las corporaciones gozarán de su “libre disponibilidad en el exterior o el país” (Art. 196º).
- Todos sus activos e inversiones “no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios por parte de ninguna autoridad argentina” (Art. 197º). Es decir, nunca se los podrá tocar e incluso establece que “el Estado prestará toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras”. Estos liberfachos son “estatistas”, pero al servicio de los ricos para los que gobiernan.
- Los balances contables pueden presentarse en dólares, algo nunca visto en el país que se rige por el Código Civil y Comercial y fija balances en la moneda de curso legal.
- Vamos a ser una guarida fiscal, al habilitar un blanqueo de capitales escandaloso que incluye a familiares, testaferros y no residentes que huyen con sus capitales de otros países para no tributar. Hasta un organismo imperialista como el GAFI alertó sobre la ausencia de controles, que hacen del RIGI una tapadera para lavar plata del narcotráfico, la venta de armas, trata de personas o la corrupción.
Rechazar la Ley Bases, con el RIGI, la reforma laboral y previsional incluidas
Como vemos, el RIGI es tan entreguista que lo cuestionan varias cámaras patronales para las que trabajan los diputados y senadores que se dicen “opositores”. Como Lousteau por la UCR y la senadora del PRO, afín a Larreta, que sacan a relucir los chanchullos y entrega que significa este régimen aprobado en Diputados. Pero no rechazan la Ley Bases ni el RIGI, sino piden “mejorar” algo que es imposible de mejorar y se debe rechazar completo.
Milei tiene bancadas minoritarias, pero lograron la media sanción por el voto cómplice del PRO, la UCR y la gente de Pichetto, López Murphy, Carrió y la propia Stolbizer, junto a diputados enrolados con los gobernadores de Misiones, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Pero también con los votos del peronismo de diputados que responden a los gobernadores del PJ de Córdoba, Salta y Tucumán.
Y en particular el RIGI, aprobado gracias al voto de los 3 diputados del PJ de Catamarca y los 3 de San Juan. Fue una votación muy ajustada, ya que se necesitaban esas 6 manos levantadas para superar el piso de 129 votos y sumar 134 a favor, con la clara complicidad peronista.
No es un problema de “vendidos”, aunque Cristina criticara el RIGI al inaugurar el Salón de las Mujeres en el Instituto Patria, al calificarlo como “el nuevo estatuto legal del coloniaje XXI, economía extractivista sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo”.
Quién no va a compartir esas críticas, aunque no las haga por una cuestión “ideológica” ni anticapitalista, ya que también le pidió a Milei que la corte con el socialismo, porque “venció el capitalismo”. Y por eso insistió con un supuesto capitalismo “bueno”, de “rostro humano”, al llamar “a hacerse cargo los capitalistas y a generarle buenas condiciones de vida a todos los habitantes de la sociedad”. Insiste así con que el capitalismo sería el mejor sistema para “distribuir la riqueza”, cuando solo distribuye miserias, hambre, saqueo y destrucción.
Esto es lo que lleva a que ni Cristina ni nadie en el PJ cuestionen dar “incentivos” ni montar regímenes especiales para favorecer proyectos patronales y extractivistas. Al contrario, por eso Cristina destacó en su discurso las “inversiones” durante los gobiernos K, reivindicando a Vaca Muerta y al acuerdo entreguista Chevron-YPF, que motivó la denuncia penal de Alejandro Bodart (MST) contra la ex presidenta (ver acá).
En realidad CFK criticó al RIGI para pedir cambios, y que de ahí salgan los dólares para pagar la estafa de la deuda a los bonistas buitres y al FMI: “¿Con qué dólares piensan pagar la deuda externa, si no van a entrar?”, preguntó insistente.
Luego del parazo nacional que mostró la bronca creciente de la clase trabajadora y los sectores populares, al estar claro la pérdida de conquistas que implicaría la Ley Bases, cuando el gobierno no logró dictamen y se le complica votarlo en el Senado, lo que pone en crisis el “Pacto de Mayo” que incluso Milei dijo que se podría postergar, es posible ir por más y luchar por salidas de fondo.
Exigir a la CGT y las CTA, a todos los gremios y sectores sociales que responden al PJ, que llamen a un nuevo paro y movilización para rodear el Congreso cuando se trate en el Senado la Ley Bases y el RIGI. A luchar por cortar con el FMI y los pagos de la deuda “eterna”, a frenar la fuga de divisas, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, pero bajo control obrero.
Poniendo también fuertes impuestos –y no menos como plantea Milei-, a los ricos y corporaciones para que paguen los que más tienen. Para usar todos esos recursos al servicio de desarrollar e industrializar el país, de hacer obras públicas, generar trabajo genuino, dar salario, comida, salud y educación al pueblo trabajador. Por eso luchamos los socialistas del MST en el FIT Unidad. Sumate.
[1] De 45 fallos, el 89% fue a favor de las corporaciones, como los casos de las petroleras Respol o Total, el grupo Marsans por la estatización de Aerolíneas, Teinver SA (transportes) o la demanda de las europeas Suez, Vivendi Universal SA y la Sociedad de Aguas de Barcelona SA, la corporación Casinos Austria AG, o el reciente fallo a favor de la estadounidense Metlife por las AFJP.
[2] El artículo 197º del proyecto expresa: “El Estado Nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI: a) la plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación”. Por lo que no tienen obligación de abastecer al mercado interno y la pueden exportar libremente.
[3] Artículo 202º inc. a): “Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos, pudiendo rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de Adhesión al RIGI”.