El 29 de julio de 1966, la Universidad de Buenos Aires fue escenario de una brutal represión por parte del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La Noche de los Bastones Largos, como se conoce a este episodio en referencia a las armas que portaban los policías, fue una represalia directa contra la organización docente estudiantil.
Intervención y represión
La represión fue el resultado de una política de intervención del gobierno de facto en la Universidad, que había comenzado con la designación de rectores y decanos afines al régimen militar. La autonomía universitaria, una de las principales banderas de la Reforma Universitaria del 18, materializada en la Ley de Universidades (1958) como principio fundamental para proteger la libertad de enseñanza, investigación y expresión en las universidades, estaba siendo atacada de manera sistemática.
La oposición a dicha intervención no sé hizo esperar. Pero el creciente movimiento estudiantil y de profesores que se oponían al régimen militar y demandaban una universidad democrática y autónoma, fue brutalmente reprimido.
El episodio hoy forma parte de nuestra memoria colectiva, en tanto analizador de la relación gobierno-Universidad, y causante de la primera “fuga de cerebros”, el exilio de científicos/as, docentes e investigadores/as, que inauguró una nueva etapa de decadencia en la producción intelectual y científica de las universidades nacionales.
Modelo universitario y modelo de país.
Durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958- 1962), el vínculo Universidad-desarrollo alcanzó una centralidad creciente, bajo la creencia en el rol de las universidades en el crecimiento económico y tecnológico del país. Esto, de por sí, implicó una reformulación en la hechos de la autonomía universitaria, donde la mayor vinculación de la Universidad con el Estado abrió la puerta a mayores regulaciones: ciertos espacios académicos dentro de las universidades públicas se constituyeron en uno de los “motores privilegiados” de la modernización cultural y científica, siguiendo lineamientos estatales.
Mientras tanto, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 1958 fue una de las tantas manifestaciones de la apuesta desarrollista. En el caso de la UBA esto se materializó en la profesionalización de la actividad académica, la organización departamental para la articulación entre docencia e investigación, la creación de una Ciudad Universitaria (en tanto idea-fuerza de “campus”); y el desarrollo del concepto de Extensión, entendida como instrumento para difundir hacia el exterior las ideas producidas por la Universidad. Así mismo, en ese periodo se destacan algunas tentativas de “regionalización”. El sentido regional de la universidad implicaba caracterizar y orientarse en las necesidades de la zona en que se preparan los profesionales y en la cual ejercerán, plan no exento de debates.
Luego de la “Revolución Argentina”, el golpe de estado que instaló al gobierno de facto de Juan Carlos Ongania (1966-1973), aquel ideario desarrollista, se conjugó con la difusión de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Está, estaba orientada al combate del “enemigo interno” y a la defensa de las “fronteras ideológicas”, sentando las bases para un régimen represivo y autoritario.
A partir de distintas acciones, regulaciones y campañas, se distinguen dos estrategias del gobierno de Ongania para la universidad: una, intensamente represiva; otra, de corte modernizador y tecnocrático, bajo estricto control estatal.
La primera respondía, por un lado, a que la dictadura de Ongania, ante un contexto internacional de insurgencia estudiantil contra la guerra de Vietnam, de lucha de jóvenes racializados en EEUU por sus derechos civiles y de gesta del Mayo Francés, advertía la amenaza que el movimiento docente-estudiantil representaba para sus intereses. Intereses afines al imperialismo norteamericano. Para reforzar su ideario, consideraba que ciertas carreras (psicología, sociología, artes etc) “envenenaban” la mente joven. En ese marco represivo, eliminó la autonomía universitaria, desmanteló numerosos grupos de investigación en el interior de varias facultades y procuró obturar el acceso a los estudiantes. A través de una estricta censura en los contenidos curriculares, y de reorganización de autoridades y departamentos, desmanteló un proyecto reformista de Universidad científica de excelencia.
La segunda estrategia intentó promover, a través de la nueva normativa universitaria, la adopción de cambios en las estructuras y en la acciones de las instituciones; pretendió fijar mecanismos de regulación y coordinación de las nuevas casas de estudio, incorporando a la esfera educativa del Estado diversos especialistas de perfil estrictamente técnico, desprovistos de teoría, análisis crítico y formación en investigación.
Así, el gobierno de facto hizo de su política científica y técnica, el pilar de su política de Estado. Sobre la base de los objetivos perseguidos en el Plan General de Desarrollo y Seguridad, impulsó una fuerte inversión estatal para el fomento de áreas estratégicas dependientes del sector militar, tales como la espacial, la nuclear y la electrónica.
La noche de los bastones…
En ese marco de represión, surgieron protestas, manifestaciones y marchas estudiantiles y docentes en contra de la intervención del gobierno militar en la universidad, huelgas y paros laborales y estudiantiles para presionar al gobierno y exigir la autonomía universitaria, junto a tomas de edificios y diversas prácticas de resistencia de estudiantes y profesores que se negaban a cooperar con las autoridades militares y a reconocer la legitimidad de la intervención.
Ante su total pérdida de autoridad y control, el gobierno de Ongania ordenó la respuesta represiva, en un episodio que pasó a ser internacionalmente recordado como “La Noche de los Bastones Largos”. Los policías tenían orden estricta de reprimir con dureza y “a bastonazos” a quienes se resistieron a desalojar las cinco facultades que estaban tomadas en la UBA como rechazo a la decisión de los militares de intervenir las Universidades Nacionales para anular el régimen del co-gobierno instaurado por la Reforma del ’18.
Producto de la represión no sólo se destruyeron aulas, laboratorios y bibliotecas, sino que se detuvieron al menos a 400 personas. Este episodio repudiable fue la génesis de la decadencia académica y cultural de la Universidad en nuestro país, y de la “fuga de cerebros”, ya que cientos de prestigiosos académicos e investigadores fueron cesanteados, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. En total emigraron 301 profesores/as de la UBA, de los cuales 215 eran científicos/as. Las fundaciones “filantrópicas” Henry Ford y Rockefeller financiaron buena parte de los exilios y reubicaciones de profesionales en el exterior, como parte de una estrategia de cooptación y acaparamiento de su capital científico y cultural.
Tal represión también tuvo un impacto en la producción de la universidad, marcando el comienzo de una etapa de censura y control de la producción intelectual y cultural, que se extendería durante décadas.
En ese escenario, la autonomía universitaria no será recuperada hasta 1983. Pero no fueron esas las únicas consecuencias. La radicalización del movimiento estudiantil y de profesores, que pasaron a adoptar posiciones más críticas y opositoras al régimen militar, fue creciente. Estudiantes y docentes se organizaron en asambleas y comités de lucha, y muchos se inclinaron a las organizaciones políticas y revolucionarias, generando unidad con el movimiento obrero. A la par que los grupos con intereses opuestos al gobierno siguieron activos aún en el interior de la Universidad y del Conicet, demostrando la dinámica de un sector con desarrollo propio, más allá de la intervención del gobierno.
Defender la autonomía hoy
En la actualidad, la intervención del gobierno de Javier Milei en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo es un ejemplo claro de violación de la autonomía universitaria, justamente por parte de un gobierno que desde hace tiempo desarrolla un discurso anti universidad y anti ciencia. Su fallida campaña contra el “adoctrinamiento” docente, en el marco de un ajuste presupuestario brutal a las universidades, es muestra de ello.
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Si bien tenemos grandes diferencias con los lineamientos que dicha universidad ha marcado respecto de sucesos nacionales e internacionales de relevancia (por ejemplo su apoyo explícito y a-crítico a la candidatura de Nicolás Maduro en Venezuela), sobre los que el gobierno aprovecha el descontento y desilusión que generan, para arremeter contra libertades democráticas, la intervención es sin duda un hecho repudiable, que ninguna organización que defienda la democracia y la universidad pública puede permitir.
La designación de un rector de facto sin el consentimiento de la comunidad universitaria es un ataque directo a la democracia y la autonomía de la universidad por parte de un gobierno que, al igual que el de Ongania, monta un excesivo control represivo y autoritario, pero que a diferencia, no destina ni un peso al desarrollo científico y tecnológico.
En ese marco, cabe destacar la hipocresía de la gestión de la UBA, que se evidencia en su silencio frente a la intervención de la Universidad de Madres. Si realmente se defiende la autonomía universitaria, debería condenar enérgicamente.
La hipocresía en el uso de la autonomía universitaria por parte de las camarillas universitarias es un tema que merece ser abordado en futuros debates. Por un lado, las camarillas se presentan como defensoras de la autonomía universitaria, pero por otro lado, utilizan este principio para mantener su poder y control sobre la universidad. Así, la autonomía universitaria se convierte en un escudo para proteger sus intereses y evitar cualquier tipo de rendición de cuentas. Se utiliza para justificar la toma de decisiones sin consultar a la comunidad universitaria, para mantener la opacidad en la gestión y para evitar cualquier tipo de crítica o oposición. Además, la autonomía universitaria se utiliza de manera discrecional para beneficiar a los grupos de poder dentro de la universidad, mientras que se ignora o se limita la participación de otros sectores, como los estudiantes y trabajadores/as universitarios. Justamente, ese uso discrecional de la autonomía es la excusa que quiere aprovechar el gobierno de Milei para avasallar las universidades, y por eso debemos cuestionarlo.
La autonomía universitaria debe ser un principio que garantice la libertad y la participación de toda la comunidad universitaria, no un escudo para proteger los intereses de las camarillas, ni un discurso vacío.
La Noche de los Bastones Largos es un recordatorio de que la lucha por la autonomía universitaria es una lucha constante, que requiere la participación y el compromiso del conjunto de la comunidad académica, universitaria y científica.