Este martes 3, el presidente Fernández se reunió con los gobernadores para avanzar contra los jueces de la Corte Suprema por sus fallos, en particular el que dispone que le devuelvan recursos de coparticipación al gobierno de Larreta. La escalada de tensiones y enfrentamientos va en aumento entre el gobierno, la Corte, la oposición y una justicia que nada tiene de “independiente”, es profundamente clasista y actúa por conveniencia, anula leyes y decide sobre los otros poderes de este régimen democrático burgués en decadencia.
Fue la segunda reunión en la Rosada en menos de 15 días. Junto a Alberto estaban Juan Manzur, jefe de Gabinetey “Wado” de Pedro, ministro del Interior y hombre de confianza de la vicepresidenta. Participaron 11 de los 14 gobernadores que estuvieron en el encuentro anterior, donde habían decidido desconocer el fallo del máximo tribunal que disponía que la Nación le diera a Larreta el equivalente al 2,95% de la coparticipación de impuestos del país. Eso afectaba al resto de las provincias, en particular a Buenos Aires. Finalmente el presidente, con Massa deciden pagar con bonos y el tema sigue. El gobierno lo considera una intromisión, al decidir sobre recursos del país.
Entre las ausencias se destacaron Schiaretti de Córdoba y Perotti de Santa Fe. Tampoco estuvieron gobernadores de Salta, Neuquén, Río Negro y Misiones que habían cuestionado ese fallo. Al final, encabezados por el bonaerense Kicillof, el chaqueño Capitanich y el santiagueño Zamora, los gobernadores dieron una conferencia en la Rosada, para ratificar que acompañarán el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y a los otros 3 miembros.
El texto consensuado se presentaría este miércoles y, a pedido de Alberto, le dio forma el ministro de Justicia, Martín Soria, próximo a Cristina y quien denunció una “relación promiscua” entre la Corte y el gobierno porteño. Tendría la firma de 11 gobernadores (ver y descargar el texto para solicitar el juicio político).
¿Habrá juicio político a la Corte…? Antecedentes
Según la Constitución, podrían estar sujetos a este tipo de investigación, el presidente o vice, el jefe de gabinete y los ministros, además de los jueces de la Corte Suprema. Se trata de un juicio público, a cargo del Congreso, donde Diputados actúa de cámara acusadora, pero debe aprobarse con una mayoría de dos tercios de los presentes. Si avanza, el Senado es la cámara que juzga.
Al resto de los jueces los puede “remover” el Consejo de la Magistratura, órgano creado por el contubernio entre el PJ, la UCR y fuerzas menores en la reforma constitucional de 1994. La que surgió del Pacto de Olivos, aseguró también la reelección de Menem y creó un tercer senador para la UCR como segunda fuerza por las provincias.
Muy pocas veces avanzó un pedido de juicio político a los supremos cortesanos. En las últimas décadas hubo cientos de denuncias, pero terminan archivadas en la Comisión de la cámara baja. Es parte de los mecanismos del régimen burgués para que los funcionarios se aseguren impunidad. Ya que se exige una mayoría muy difícil de lograr, de esos mismos representantes de la casta política. Y como decía el dicho: Entre bueyes no hay cornadas.
En los antecedentes aparece un juicio político que prosperó y removió a toda la Corte Suprema en 1947. Años después, Menem no removería magistrados, pero sí agregó 5 jueces que le fueran leales y así formó su nefasta “mayoría automática” en la Corte. La última vez que el Congreso destituyó a jueces del máximo tribunal por juicio político fue en 2003 y 2005 con Moliné O’Connor y Boggiano, por un proceso que impulsó Néstor Kirchner contra 5 de los 9 jueces de la Corte. Mientras Nazareno, López y Vázquez, los otros tres denunciados, renunciaron durante el enjuiciamiento.
Más recientemente, en 2015, el Frente para la Victoria impulsó investigar “la capacidad psicofísica” del juez Carlos Fayt, quien tenía 97 años. Aunque se lo trató en Comisión, Fayt terminó renunciando a la Corte en diciembre de ese año. Pero no aparece mucho más.
Con el anuncio actual, el gobierno sabe que no tiene los votos en la cámara de Diputados para lograr el juicio político. Pero aspiran a que avance y se vote en la Comisión de Juicio Político de Diputados, la que preside Carolina Gaillard del Frente de Todos. Ahí tienen mayoría con 16 de los 31 miembros y especulan aprobar el dictamen acusatorio, que se abra el sumario y poder empezar la investigación.
Sería un proceso que podría durar 60 días, donde pueden llamar a los acusados y a testigos a que comparezcan. La especulación es que eso presione a los Supremos, ya que el gobierno sabe que necesitará después los dos tercios de diputados presentes en la cámara para que el juicio se concrete. Eso suena a “misión imposible” porque la derecha de Juntos, Milei y Espert, leales a este régimen y su “institucionalidad” y «seguridad jurídica» capitalista, lo rechazaron de plano.
A estos Supremos, ¿quién los votó…?
Se suele decir que no los votó nadie porque la Suprema Corte y toda la justicia son el único poder que no se elige por voto popular. Tampoco tienen ningún control social que actúe sobre ellos ni mecanismo de participación popular que los investigue. Es una reverenda casta privilegiada que se elige, nombra y juzga a sí misma, como resultado de los enjuagues y transas entre el PJ y el PRO-UCR.
En honor a la verdad, a estos Supremos sí los eligió “alguien”: Fueron votados por el PJ, la UCR y el PRO en el Senado, a propuesta del presidente. Un mecanismo tan antidemocrático que permite que 4 personajes, “elegidos” por apenas 60 “representantes” de la casta política capitalista, deciden cómo se reparten y quién se queda con los impuestos que pagamos 45 millones de argentinos. O si había que volver o no a la presencialidad a las escuelas porteñas o del país, cuando el COVID-19 aún hacia estragos, en particular donde el PRO y la UCR gobiernan como en Capital, Mendoza o Jujuy.
El kirchnerismo despotrica diciendo que a esta Corte la puso Macri, a dedo. Y critican que sean solo 4 personas que decidan por encima de todos. Pero fue Cristina, siendo senadora por Santa Cruz, la que presentó el proyecto para reducir de 9 a 5 los miembros de esta Corte [1], para volver a como había regido por más de 100 años.
Y en esto de culpar al macrismo, días atrás el diputado del PJ y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, dijo sin ponerse colorado: “La democracia está virando a un régimen despótico encabezado por cuatro personas que expresan al círculo rojo. Esa Corte, cuya mitad de sus miembros fue designada a dedo por Macri y aceptó ser nombrada por decreto…” (Página 12, 30/12/2022).
Justicia Suprema, nacida de la transa entre el PJ y Juntos
Pero Yasky y los K mienten a sabiendas, para ocultar la complicidad del PJ en parir esta Corte y a toda esa justicia putrefacta: Los cortesanos Rosatti y Rosenkrantz recién pudieron asumir en la Corte cuando el PJ les aprobó sus pliegos en el Senado, con el 83% de los votos, mucho más que los dos tercios necesarios. Además, el ahora cuestionado Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, antes había sido su Procurador en el Tesoro (2003-2004) e intendente por Santa Fe, siempre con el PJ.
Así fue que el pliego de Rosatti tuvo el voto positivo de 60 senadores sobre el total de 72. De esos votos, 39 fueron del PJ y el FPV de entonces (65%), 9 de la UCR, 7 del PRO, una de Carrió y el resto de fuerzas provinciales. En el caso de Rosenkrantz fue similar, 58 en total. El otro cortesano, Juan Carlos Maqueda, fue diputado y senador por años del PJ, e integra la Corte desde diciembre de 2002, propuesto por Duhalde. Mientras Ricardo Lorenzetti está en la Corte desde diciembre de 2004, propuesto por Kirchner. Así ambos, Maqueda y Lorenzetti, son los dos jueces de aquella “Corte Ejemplar” que destacara Cristina y siguen en sus cargos.
Por eso, como señala Alejandro Bodart (MST – FIT Unidad), el gobierno y el PJ ahora “patalean, pero esta Corte nace de la transa entre el PJ y el rejunte PRO-UCR. Lo mismo pasa con las Cortes provinciales, la Magistratura y demás juzgados del país”. Ninguna “independencia” del Poder Judicial…
¿Cómo cambiar de raíz esta justicia que huele a podrido?
Toda esta justicia capitalista se desnuda como una cloaca pestilente. El PJ y Juntos se tiran operaciones, escuchas, chat y se denuncian de espionaje, con el nauseabundo tufo a podrido de este régimen y capitalismo en descomposición. Saltan los escándalos por los viajes de jueces, fiscales y funcionarios macristas, coimeados por Clarín, al chalet en Lago Escondido del magnate inglés Joe Lewis.
También saltan las “funcionarias y asesoras” de Gerardo Milman, entre ellas una Miss Argentina a la que puso a dirigir la Escuela de Inteligencia Criminal. Milman fue viceministro de Seguridad de Macri y mano derecha de Patricia Bullrich hasta que desapareció por los escándalos. Saltó que tenía 52 “asesores” nombrados por él y su esposa, legisladora bonaerense, con contratos por 9 palos al mes, de fondos públicos. Curros muy «republicanos».
También se “filtraron” los chats entre D’Alessandro, el ministro de Seguridad porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte. Los que exhiben la promiscua relación del tribunal supremo con el gobierno de la Ciudad. Además de evidenciar el revoleo de coimas al empresario de las grúas. Exponen también la interna feroz en Juntos, al ventilarse que D’Alessandro tenía relación con el fiscal Troncoso, quien denunció a Milman en Diputados. Todo un intercambio de “carpetazos” entre Larreta y Bullrich que compiten por la candidatura presidencial de Juntos. Para eso apelan al espionaje y hackeo instalado por Macri como mecánica política. Tal es el escándalo que D’Alessandro se pidió este martes 3 «una licencia. No estoy renunciando», dijo el ministro PRO que negaba todo…
El gobierno tampoco está exento. Ahora se queja, pero nunca planteó acabar con esta justicia que resuelve por conveniencia sobre qué causas avanzar o no, que sirve a los ricos y grandes capitalistas y protege a quienes son sus funcionarios políticos.
Tampoco se escandalizan porque un juez de la Corte cobrara en diciembre $1.335.986 solo de básico y supere los $2 millones y medios al sumar los adicionales. Los que además tienen cargos vitalicios, no pagan impuesto a las ganancias ni deben presentar declaraciones juradas. Mientras sus Secretarios ganan más de $1,1 millón solo de básico (ver escala salarial). Todo un escándalo supremo.
Nuestras propuestas
Ningún proyecto de reforma del gobierno sobre la justicia planteó mecanismos de control democrático del pueblo trabajador como debería ser. Siempre resuelven unos pocos, por pactos políticos. El PJ está en contra de la elección popular de jueces y fiscales como medida democrática ante esta casta. Incluso el ex juez Zaffaroni calificó como “una locura total elegir los jueces por el voto popular”.
Para la derecha de Juntos o los liberfachos de Milei o Espert, hay que sostener y bancar a esta justicia patronal, que solo juzga al ladrón de gallinas, pero no a los de verdaderos ladris de guante blanco. Defienden la “seguridad jurídica” de las corporaciones y el FMI.
Acá, la única y real transformación de esta justicia la proponemos desde la izquierda. Para eso, desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad, luchamos por terminar con los cargos eternos y los sueldazos de casta. Por eliminar el Consejo de la Magistratura que nombra y “juzga” a los magistrados para que todos los jueces y fiscales sean electos por el voto popular, en una fecha aparte de las elecciones políticas.
Con una profunda reforma, donde sus cargos puedan ser revocables por un mecanismo democrático de control social, ya sea por mal desempeño, corrupción o connivencia. Que tengan mandatos por períodos limitados y ganen como una directora de escuela, con 10 años de antigüedad. A su vez, se debe ampliar los juicios por jurados y su alcance.
Y en relación a la coparticipación de impuestos, llamamos a desconocer los fallos de esta Corte por arbitrarios y abusivos, y no cuestionar el regresivo sistema impositivo vigente, donde paga más el pueblo a través del IVA que la ganancia empresaria. Para avanzar en una profunda reforma tributaria, donde paguen más los que más tienen. Solo así, “será justicia”.
[1] La Ley 26.183, “Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reducción del número de Jueces que la integran”, fue sancionada por el Congreso el 29 de noviembre de 2006 y promulgada el 15 de diciembre de ese año. En su Art. 2º dispone: La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por CINCO (5) jueces.