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La realidad política de Cuba, Venezuela y Nicaragua tiene matices y puntos de contacto. Un hilo conductor que los une es que sus gobiernos encabezan regímenes que en nombre de la izquierda, el socialismo y la revolución, reprimen toda oposición inclusive de izquierda, recortando derechos democráticos de opinión, reunión y protesta, encarcelando, torturando, asesinando y forzando al exilio a miles de personas. En todos los casos se invoca la política del imperialismo yanqui como causa de asfixia y privaciones. Sin embargo, también en los tres países hay variables aberrantes de desigualdad social, junto a una obscena concentración de privilegios en las élites del poder y sus entornos empresariales. ¿Cómo explicar la evolución de esos procesos? ¿Son realmente modelos de izquierda? ¿Qué hacer frente a la represión y los presos políticos? ¿Cuestionar estos gobiernos es ser funcional al imperialismo? Análisis, política, orientación estratégica y tareas desde una posición de izquierda crítica.
Eduardo Galeano decía que el miedo seca la boca, moja las manos y mutila, y que también, de alguna manera, el miedo de saber nos condena a la ignorancia. Y, por otro lado, el miedo de hacer, nos reduce a la impotencia. Las dictaduras, los autoritarismos, son activos agitadores del miedo a escuchar y del miedo a decir, sobre todo eso: el miedo a decir. Nosotros somos lo opuesto: militantes del compromiso y la conciencia de no callarnos nada. Le duela a quién le duela, y más todavía cuando, en nombre de la izquierda o el socialismo, se cometen atrocidades cuyo propósito, al final de cuentas, es garantizar privilegios y hacer negocios.
El país cárcel
En Nicaragua, después de las protestas de abril de 2018, hubo más de 1600 personas detenidas. Alrededor de 800 de ellas han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces totalmente dependientes del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vice, Rosario Murillo. En su momento, la mayoría de las personas presas políticas fueron excarceladas bajo la polémica Ley de Amnistía promulgada en junio de 2019. Sin embargo, conviene llamar la atención sobre la maniobra de esa amnistía que fue utilizada para beneficiar con impunidad a los autores de graves violaciones de derechos humanos, específicamente actores estatales y paraestatales involucrados en la represión letal de las protestas y cientos de detenciones arbitrarias.
Todos los represores y criminales involucrados siguen impunes. Y en realidad, el régimen criminalizó y judicializó a las organizaciones no-gubernamentales y organismos de derechos humanos nacionales que daban apoyo a las víctimas receptando sus denuncias, con contención psicológica o asistencia social. La Asamblea Nacional, monopolizada por el sandinismo, suprimió las personerías de todos los organismos de DDHH del país, ONG´s, obviamente organizaciones políticas, colectivos feministas, ambientales y hasta religiosos.
El asedio, las amenazas, la cárcel y la confiscación de bienes, forzaron al exilio de víctimas y referentes de organizaciones muy diversas. El régimen de Ortega-Murillo transformó Nicaragua en un país cárcel. A lo largo de estos más de 4 años desde la rebelión de abril de 2018, la dictadura tuvo que liberar en varias oportunidades presos en coyunturas particulares. En febrero de 2023 fue la liberación más significativa de 222 presos, como respuesta en parte a la Campaña Internacional que impulsamos en 2022 desde la Liga Internacional Socialista conformando una Comisión Internacional que viajó en caravana 300 kilómetros desde San José de Costa Rica hasta la frontera terrestre con Nicaragua para exigir el ingreso al país para constatar la vida y salud de las personas presas. Esa campaña, sus repercusiones, la movilización unificada de la mayoría de los colectivos de exiliados, familiares de presos y organizaciones de DDHH, forzaron una respuesta del régimen que liberó expatriando a la mayoría de los presos políticos.
Fue clave la ubicación política de esa iniciativa unitaria pero desde una posición de izquierda crítica a Ortega-Murillo, aunque delimitada completamente de todo campo imperialista. La dictadura se quedó sin el argumento consabido de imputar a la Comisión vínculos con el injerencismo yanqui1. En setiembre de este año hubo 135 presos políticos liberados a Guatemala. Quedan todavía alrededor de 45 presos en condiciones infrahumanas.
Prohibido pensar, criticar, protestar: contra-revolución bolivariana
En Venezuela se desarrollaron tres fenómenos en paralelo, dialécticamente conectados:
- Enriquecimiento de la burocracia chavista asociada a negocios estatales y desfalco del patrimonio público. Es decir: enriquecimiento y elitización capitalista de la conducción política del proceso.
- Aumento exponencial de la desigualdad social junto con la pobreza obrera y popular, y salto en el descontento de masas con el gobierno de Maduro. Carestía y pérdida de base social del chavismo.
- Reforzamiento de todos los dispositivos de represión política y social, incluyendo las protestas obreras. Profundización de una deriva fuertemente autoritaria.
Con las dos oleadas de protestas de 2014 y 2017 que protagonizan sectores medios, y sobre las cuales termina cabalgando la derecha pro-yanqui, se despliega una dura represión con un saldo de decenas de muertos y detenidos. En simultáneo, las expresiones más plebeyas de acciones desesperadas, como saqueos en algunas ciudades durante este período, también fueron duramente reprimidas.
Se multiplicaron los juicios militares a civiles, como así también el uso de grupos armados paraestatales para amedrentar a manifestantes y trabajadores que luchan.
En 2018 la denuncia del chavismo de intento de magnicidio y las acciones pro-golpistas en 2019 fueron la base para justificar encarcelamientos de dirigentes políticos y la aprobación de leyes que cercenaron más libertades democráticas. Pero otra vez, no fue solamente contra la derecha más reaccionaria: protestas populares por comida, falta de servicios o reclamos obreros, fueron sofocadas de forma sangrienta.
El operativo llamado “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y tiempo después la puesta en funciones de dispositivos especiales de represión tales como las FAES, sirvieron como recurso para allanamientos de hogares, robo de pertenencias y ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, implantando virtuales estados de excepción. Esta política autoritaria y en paralelo la descomposición social fueron la base material de la proliferación de bandas delictivas operando en conexión con el propio aparato policial con números escalofriantes: más de 11.000 homicidios a manos de la policía por lo menos hasta el inicio de la pandemia.
Hay que sumar a esto la situación degradante en las cárceles, las denuncias de torturas y una profundización del accionar de servicios de inteligencia.
Posiblemente la naturaleza más reaccionaria y anti-obrera de la burocracia gobernante, sea la aprobación de la llamada “Ley contra el Odio”, utilizada en tándem por las patronales transnacionales y la justicia laboral chavista, contra el activismo obrero que reclama condiciones básicas de trabajo. Tal es caso del dirigente obrero de Masisa, Jean Mendoza, encarcelado tiempo atrás y hoy todavía perseguido, invocando esta figura legal.
El último capítulo de este giro estalinista del régimen político en Venezuela se verificó a partir de las elecciones presidenciales de julio de este año: las denuncias de fraude, la falta de información transparente y el ocultamiento, provocaron protestas de alcance masivo y base popular, más allá de la intervención oportunista de la derecha. Hubo denuncias de detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y cerca de 2000 personas presas, entre ellas 120 menores.
El exilio económico de millones de personas. El exilio político de lo mejor del activismo y la intelectualidad crítica. El monolitismo y la violencia como política permanente del Estado. Elitización burocrática y privilegios materiales. Pobreza, descontento y protestas de base popular. Agudización de la represión y estado de excepción en el país. Tal es el cuadro presente de la Venezuela de la contra-revolución bolivariana.
Esa revolución que ya no es
Las jornadas del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba marcaron un punto de quiebre en la situación del país. Por esos días se dieron las protestas más grandes contra el gobierno del país desde la revolución de 1959.
La precarización de la vida del pueblo cubano, como resultado del bloqueo imperialista y las sanciones, pero fundamentalmente de la incapacidad burocrática del PC de Cuba, dueño del monopolio del poder político en el país a lo largo de décadas para resolver esas inclemencias, lanzó a miles y miles a las calles. Y 96 horas después de aquello, el Granma, órgano oficial del Partido Comunista, informó que los manifestantes habían incurrido en delitos tipificados en el Código Penal vigente tales como desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato y desobediencia.
El presidente Díaz-Canel, hablando por la TV nacional sobre las jornadas de julio, las calificó de “un intento de golpe blando” o “guerra no convencional” organizada (¡cómo no!) desde Estados Unidos y de sus participantes habló tratándolos de “revolucionarios confundidos” y “personas con necesidades insatisfechas”, manipulados por los contrarrevolucionarios. La típica justificación del régimen.
Y hay que decir que aunque las manifestaciones tuvieron carácter pacífico, sí canalizaron parte de su indignación atacando algunas patrullas policiales (emblemas de represión) y comercios estatales que funcionan en la llamada Moneda Libremente Convertible, que son comercios habilitados por la burocracia estatal desde 2019 que venden en moneda extranjera productos de primera necesidad. Esos comercios son el símbolo de lo inaccesible para las masas cubanas.
La degradación social, en contraste con el negocio millonario del turismo first class cuyos réditos acapara la burocracia estatal y no derrama al pueblo, es incentivo del enojo y el descrédito del régimen. Frente a este cuadro, los activismos por abajo se fueron amplificando, de manera molecular y semiclandestina, y con ellos un andamiaje de espionaje, amedrentamiento y represión estatal insoportable.
Por supuesto, todo esto ocurre con completa impunidad, sin garantías legales para el ejercicio de la organización, la protesta o la libre opinión. Como todo estalinismo de manual el circuito cierra con el uso de los medios de comunicación cooptados por el oficialismo gubernamental que lleva adelante campañas de descrédito contra referentes de las acciones, los vincula siempre al campo de los mercenarios gusanos y se alienta la delación premiada.
Como resultado de las protestas del 11J la Fiscalía General de la República declaró un total de 790 procesados. El pasado mes de marzo de este año hubo dos juicios por las manifestaciones de hace 3 años:
- En uno de ellos, protagonizado por cubanos de sectores populares de las zonas de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, se condenó en juicio masivo -con penas de hasta 30 años a 127 personas- ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años.
- “En el segundo, por las protestas en San Antonio de los Baños, se condenó a 17 personas con penas de hasta 10 años. El grupo de trabajo de la sociedad civil independiente Justicia 11J, por su parte, contabilizó alrededor de 1.555 arrestos como consecuencia de aquellas jornadas.
En Cuba no existe el derecho a defensa en juicio, están prohibidos los partidos políticos más allá del PC y cualquier crítica pública a la orientación del régimen en redes sociales, puede acarrear judicialización además de la supresión del acceso a Internet.
Desde 2021 a la fecha hubo expresiones de descontento más moleculares y pequeñas, con más represión, detenidos y judicializados. En las últimas semanas, periodistas independientes que actúan en la semiclandestinidad e integrantes del colectivo Socialistas en Lucha, que se definen como partidarios de la revolución pero con democracia para el pueblo fueron hostigados, llevados a interrogatorios sin abogados y amenazados por la policía revolucionaria nacional.
Así están las cosas en materia de derechos democráticos en la Cuba que alguna vez fue impulso de revolución y socialismo para varias generaciones.
Lo que no avanza, retrocede: involución y estructura de negocios
Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tres procesos en el continente que en distintas décadas de los últimos sesenta años contribuyeron a alentar la expectativa de avances antiimperialistas, anticapitalistas e incluso, con Cuba, la revolución socialista en toda América Latina. Sin embargo, el desarrollo de los mismos, más allá de contextos particulares, tuvo puntos en común muy marcados:
- Contando con relaciones de fuerza a favor regionales y simpatía en el plano internacional, no profundizaron el curso transformador y revolucionario, ni para el caso de Cuba que de los tres ejemplos que analizamos fue el único que expropió en todo el país, tampoco se protegió extendiendo la dinámica de la revolución al resto del continente.
- Predominó la política internacional del estalinismo de socialismo en un solo país (Cuba) y la coexistencia pacífica con el imperialismo (también para Nicaragua en la década de 1980). Así se congelaron, auto-bloquearon o desviaron procesos de revolución en curso de forma consciente y planificada, no accidental y como resultado de una disputa dada y perdida.
- Ya para el caso de la Venezuela bolivariana en el contexto posterior a la caída del Muro de Berlín, la línea recomendada por Fidel Castro a Chávez en el punto más alto de la movilización social en el país, fue gestionar progresismo en el marco del capitalismo con rostro humano en la región y no alentar la radicalización regional ni tomar medidas antiimperialistas concretas. Lula también tuvo una intervención decisiva en el mismo sentido. Consejeros de la resignación y el posibilismo.
Con el correr de las décadas y los años, el capitalismo fue retomando la iniciativa y avanzando en sus planes de negocios regionales. La orientación común de las direcciones políticas del PC en Cuba, el sandinismo en Nicaragua y el chavismo en Venezuela fue la de facilitar primero y participar después, de los privilegios económicos del capitalismo para la minoría explotadora de forma directa, reconvirtiéndose propiamente en una nueva burguesía al amparo del Estado o lucrando como administradores monopólicos del poder:
- Desde la década de 1990 el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un conglomerado de empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, opera como vector de negocios de la burocracia del PC en ese país. Operaciones en el turismo, transporte marítimo (fletes), fabricación de explosivos, agencias de viajes, inversiones inmobiliarias, administración de supermercados y tiendas minoristas, estaciones de gasolina, servicios financieros y de telecomunicaciones. Además, Gaesa despliega operaciones comerciales en 11 países más. Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de dinero que controla y cuál ha sido su impacto en el desarrollo económico de la isla, el porcentaje de su participación en la economía nacional podría llegar al 40% del PBI. Sumemos a eso, el otro flujo clave de dólares en la economía nacional: las remesas que ingresan a la isla y que representaron un 6.8 % del PBI entre 2005 y 2020. El negocio es redondo porque el dinero no llega a Cuba en monedas extranjeras, sino en un soporte electrónico que solo puede ser gastado en las tiendas minoristas —las llamadas Tiendas en Moneda Libremente Convertible— que también conforman el entramado de compañías que centraliza y administra Gaesa.
- En Nicaragua el clan Ortega-Murillo es el vértice de la emergente burguesía sandinista que desplazó a la burguesía tradicional de parte de los negocios capitalistas del país. A través de la creación de varias empresas administradas por testaferros del régimen, la cúpula sandinista participó de negocios millonarios en los últimos 20 años de saqueo nacional. Los nombres son Albanisa, dedicada al petróleo; Albageneración, energía eléctrica; Albadepósitos, dedicada al almacenamiento y fletes; DNP, combustibles; Albaforestal y Albaequipos. Pero la joya de la familia Ortega es sin dudas Bancorp, institución financiera encargada de gestionar fideicomisos varios y millonarios. Esto para no hablar de las más de 100 concesiones privadas de territorio estatal a la depredación y el saqueo megaminero en el país, por lejos el gobierno que más apertura garantizó al capital transnacional imperialista en Nicaragua desde 1990.
- Finalmente en Venezuela el proceso tuvo rasgos también comunes a los anteriores. La conducción del proceso lucró con la administración cada vez más monopólica y concentrada del poder político, con la renta petrolera y los negocios anexos en cifras que sumaban al 2017, entre fugas delictivas de PDVSA y subregistros, la friolera de $ 500 mil millones de dólares en 15 años de gestión bolivariana. Solo para mencionar el ejemplo más escandaloso de corrupción estatal y desfalco lumpenburocrático.
En definitiva: procesos que empezaron en revoluciones, incluso expropiaciones y terminan girando a derecha de forma pronunciada y contrarrevolucionaria. Privilegios de casta burocrática o directamente de reconversión burguesa de cúpulas del proceso. En contraste, pueblos pobres, desigualdad y marginación. Y ante las reacciones populares, represión, autoritarismo y utilización amañada de una identidad de izquierda, socialista o revolucionaria, para encubrir negocios, privilegios materiales y enriquecimiento de casta, clase o personal.
No en nuestro nombre: movimiento internacional contra la represión y la libertad de las personas presas políticas
Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua invocan la política imperialista de sanciones o bloqueo económico para justificar todo lo que hacen. Categóricamente rechazamos toda política injerencista de cualquier imperialismo en esos países o en el que sea. Sin embargo, el abuso de ese recurso político por parte del estalinismo cubano, el chavismo y el sandinismo ya se transformó en coartada para encubrir las políticas nefastas antiobreras, antipopulares y pro-capitalistas e imperialistas que impulsan. Las cuales incluyen negocios compartidos con el imperialismo, ya sea a través de remesas como en los casos de Cuba y Nicaragua, o de contratos con Chevron para el caso de Venezuela. No son de izquierda, son burocracias privilegiadas, o dictadorzuelos devenidos en burgueses que usurpan esa identidad para legitimar el robo descarado a los pueblos empobrecidos. Nuestra obligación, desde una posición antiimperialista clara e indudable, es denunciar que esas falsas izquierdas no nos representan, no tienen nada que ver con los más elementales principios revolucionarios.
La izquierda que construimos y hace falta no hace negocios ni se enriquece como subsidiaria de negocios desde el poder o directamente como clase explotadora. La izquierda que representamos no coexiste ni pacta con ningún imperialismo: los enfrenta consecuentemente.
La izquierda que somos no reprime por opinar o criticar: defendemos la democracia más amplia que pueda existir, el libre choque de ideas y el empoderamiento de la clase obrera, las juventudes y los sectores populares por su autodeterminación para gobernar y desmantelar la estructura capitalista y todas sus lacras.
La izquierda no justifica estas aberraciones: las repudia, las enfrenta y las clarifica como obligación política y pedagógica de lucha cultural para contribuir a la conciencia de millones.
Izquierda que lucha por el socialismo sin burocracias ni fronteras. Eso somos. Y como tal, en primer lugar, tenemos la tarea impostergable de movilizar fuerzas en el plano internacional para luchar contra la represión también en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por la libertad de todos los presos políticos, opinen como nosotros o no.
En ese camino, la Liga Internacional Socialista de la que el MST es parte, acaba de resolver en reunión de sus organizaciones mesoamericanas reunidas en Bogotá hace pocos días, impulsar una campaña internacional por esas causas democráticas y urgentes en los tres países que mencionamos.
Se trata de poner en pie un Movimiento Internacional que articule unitariamente voluntades desde una posición de izquierda crítica y antiimperialista, distintas iniciativas contra la represión y por el fin del encarcelamiento por razones políticas en países que aparecen asociados en el imaginario colectivo a la izquierda. Retomar la experiencia de la Comisión Internacional por los presos en Nicaragua. Recuperar las mejores tradiciones democráticas y principistas del socialismo y la izquierda. Con ese orgullo. Con esa conciencia. Y decir con total convicción que esas burocracias no nos representan ni tienen nada que ver con nosotros.
Hay otra izquierda. Que se sepa por las ideas y el internacionalismo militante.
- : https://lis-isl.org/2023/07/19/informe-de-la-comisioninternacional-por-la-vida-y-la-libertad-de-las-y-los-presospoliticos-en-nicaragua/