viernes, 21 junio 2024 - 20:56

Hidrovía. ¿Para qué sirve una comisión parlamentaria?

Según informa la agencia estatal Télam, este martes 22 de junio se realizará una reunión plenaria de comisiones parlamentarias para analizar la creación de una “Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina”.

La noticia aclara el objetivo que tendría esa comisión señalando que “la comisión tendrá por objetivo el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la hidrovía, del sistema de navegación troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.

Es notable la naturalización de la colonización lingüística en la que se mueve el parlamento argentino que llama Hidrovía al río Paraná, convirtiéndolo de un bien común que es parte de esta tierra mucho antes de que hubiera poblaciones y “llegaran los argentinos en los barcos” en una mercancía sujeta a negociaciones capitalistas. También demuestra que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control se apresta a convalidar la reprivatización del río. Pero más allá de esta considerable sumisión en el lenguaje, y del hecho que sería otro instrumento de  aval de la nueva licitación internacional, ¿para qué otra cosa serviría esta comisión bicameral?

Foto: Telam

Según un extenso y muy bien documentado estudio de Alejandro Olmos Gaona, docente universitario, investigador y respetado denunciante sobre la estafa de la deuda externa argentina, se demuestra que nunca ningún cuestionamiento ni  recomendación de los organismos estatales de control fueron tomados en cuenta.  Dice Olmos en ese trabajo:  “Cabe mencionar que a pesar de todas las observaciones realizadas por los diferentes organismos públicos que se expidieron negativamente sobre las modalidades de la concesión, como la SIGEN, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, nunca se constituyó el organismo de control y regulación de la concesión. En las distintas renegociaciones y ampliaciones del contrato, solo se incrementaron precios y las prebendas a la sociedad concesionaria, pero en ningún momento se trató de implementar un organismo fundamental para vigilar la marcha de lo que se había concesionado. A esto debe agregarse que, a pesar de los reclamos que oportunamente efectuara la Administración Federal de Ingresos Públicos para el cobro del IVA por el subsidio anual recibido desde 1995 hasta el 2001, la empresa consiguió zafarse del tributo debido a la sanción de la Ley 26.453, el 10 de diciembre de 2008, que estableció con carácter retroactivo la exención para el pago del mismo”.

Como puede constatarse al ver las fechas, este desconocimiento cruza todos los gobiernos de todas las orientaciones y distintos nombres políticos. Así todos los presidentes, desde su privatización por parte de Menem, continuaron convalidando este saqueo: De La Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner estiraron y renovaron los contratos con la Belga Jan de Nul y la argentina Emepa S.A.

La iniciativa actual para crear la comisión, presentada por la senadora nacional del Frente de Todos por Santa Fe,  María de los Ángeles Sacnun, va en contra de la voluntad masiva de distintos sectores de la militancia que apoyan al gobierno de Fernández-Fernández de no reprivatizar la Hidrovía. Solo serviría para lavarle la cara al saqueo continuo que significa la reprivatización del Paraná. Es puro humo parlamentario que trata de tapar la entrega de soberanía, el desfalco económico y el daño ambiental que irreparablemente se está llevando a cabo en esa fuente de vida que es el río. Mientras tanto las empresas invierten enormes cifras de dinero en publicidad en los medios masivos nacionales y locales como otra pinza del ocultamiento.

Por eso para nosotros la solución a este crimen es la recuperación del Paraná para el país y que su utilización como ruta comercial vuelva a manos del Estado nacional, efectivamente controlada por los trabajadores, las comunidades y las organizaciones ambientales.

Noticias Relacionadas