De no cambiar la orientación política estamos frente a un nuevo pacto colonial y de pérdida de soberanía económica, productiva y alimentaria, como nunca antes visto. Mientras sectores del Frente de Todos piden a gritos mayor intervención estatal, otros se oponen. La derecha y los grupos económicos concentrados buscan cerrar la reprivatización.
El río Paraná es hoy el botín de disputa de capitales buitres extranjeros y nacionales que pretenden quedarse con el enorme negocio que deja la mal llamada hidrovía del Paraná-Paraguay. Para ese sector social no hay dudas de que el Estado debe permanecer al margen, todo lo que sucede en el río es cosa de privados.
Por el otro lado en Frente de Todos, fuerza política que gobierna el país, los debates se hacen públicos y dejan en evidencia los límites del gobierno de F-F. Sin embargo, por estas horas se dio a conocer que Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, ex empleado de la multinacional Dreyfus y actual Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, ya estaría redactando el pliego de la reprivatización por órdenes directas de Alexis Guerrera, actual ministro de transporte nacional.
Por lo tanto, es pertinente volver a preguntarnos sobre ¿quiénes son esos que quieren adueñarse del río?, ¿qué intereses tienen y que rol juega la derecha argentina en todo esto?, ¿a qué se deben las declaraciones encontradas de referentes del Frente de Todos?, ¿cuál es el mejor modo de defender el rio Paraná y nuestra soberanía?, ¿es posible y viable la estatización?
Los que pretenden quedarse con todo
El rio Paraná se encuentra privatizado desde 1995, año en el que gobierno peronista de Carlos Menem le otorgo la concesión de obra pública por peaje suscripto a la empresa Hidrovía S.A. (en manos de la belga Jan de Nul y la nacional EMEPA). Durante 25 años fueron los dueños del río y lo siguen siendo por una prórroga de 90 días otorgada por el gobierno nacional actual.
Ahora, que la concesión caduco y se están definiendo los pliegos para la nueva licitación 2020-2040, los mayores beneficiados de la falta de controles estatales hacen lobby para defender sus ganancias. Entre los principales personajes se encuentra Luis Zubizarreta, CEO de la agroexportadora anglo-francesa Louis Dreyfus Company (LCD), presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales de Argentina e integrante Concejo Agroindustrial Argentino.
Según dio a conocer la Revista Forbes, en la Argentina, LCD opera desde 1897 y comercializa en la actualidad cereales, algodón, oleaginosas, fertilizantes, agroquímicos y semillas, y ofrece soluciones financieras y logísticas a los productores. Según sus cuentas oficiales emplea a 1.300 trabajadores en todo el país y un total de 18 mil alrededor del mundo con una facturación anual de todo el grupo cercana a los 20 mil millones de dólares en el 2020.
Junto con Archer Daniels Midland, Bunge y Cargill, Louis Dreyfus forma parte del cuarteto de las principales compañías de materias primas del mundo y parte de sus enclaves de extracción los mantienen en nuestro país. De esta forma, tienen un enorme interés por dejar al Estado por fuera de todo, incluso del control.
El primer movimiento lo dieron semanas atrás a través de la carta firmada por la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina del Acero, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carsfe, Sociedad Rural de Rosario, Centro de Navegación, Cámara Naviera Argentina, Centro Marítimo Rosario, Foro Regional Rosario y Cámara de Exportadores (Cera).
En ella solicitaban al Estado apresure los tiempos para una “licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado”
En el mismo sentido, Alfredo Sesé, el secretario técnico de la Comisión de Transporte, Infraestructura e Hidrovía en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) desde el año 2006, en varias entrevistas que realizo aseguro que “Antes era manejada por reparticiones del estado nacional y los servicios eran de una menor calidad que a partir de 1995, cuando se logró que la vía navegable funcionara las 24 horas los 365 días del año… Esta es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado»
Sin embargo, los defensores de lo privado y antiestatistas omiten que la empresa Hidrovía S.A., es decir Jan De Nul y EMEPA, recibió entre el año 1995 y el 2001 alrededor de a 40 millones de dólares por año en concepto de subsidios con fondos nacionales. Pero para asombro de muchos sectores, durante el año 2010 por Decreto 113/2010, primer gobierno de Cristina Fernández, se estableció un aporte mensual por parte del Estado Nacional de USD 3.125.000, que como señalara anteriormente significaba en tres años un subsidio de USD 112.500.000 para obras de dragado en la zona que va desde Santa Fe a Confluencia.
En ese escenario, las fuerzas políticas de derecha y los grupos de liberales se han transformado en los portavoces de los dueños del comercio exterior argentino. Incluso algunos de ellos quieren quedarse con una tajada del enorme negocio que será reprivatización. Macri por ejemplo estaría realizando lobby para que el Consorcio Boskalis Dredging International, de origen holandés, se quede con la nueva licitación 2020-2040.
Por otro lado, el interés de la empresa china Shanghai Dredging Company por competir en la licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía del Paraná es un hecho. De ese modo, la compañía belga Jan de Nul y Gabriel Romero, el dueño de EMEPA e implicado en la causa de los cuadernos de coimas durante el gobierno de Cristina Fernández cuentan con enormes competidores que buscan arrebatarles el botín.
A capa y espada los buitres defienden el negocio millonario que representa la hidrovía, los futuros subsidios y todo el enclave geográfico del rio Paraná en donde se asientan unos 30 puertos y las principales agroexportadoras del país, el 90% extranjeras y defensoras del capitalismo extractivista al palo.
Muchas quejas y poca praxis
Tras la aplicación del ministro Guerrera de resolución 153/2021 el espectro de definición de la nueva reprivatización del río Paraná, se achico mucho más y es casi confidencial. Dicha cuestión, llevó a que muchos sectores políticos integrantes del Frente de Todos se pregunten ¿qué paso con aquellos anuncios de Alberto en Puerto San Martin en agosto del 2020 que vaticinaban una empresa estatal?, pero las respuestas nunca llegaron.
Uno de los máximos representantes de esa línea que se refirió sobre el tema a los medios de comunicación fue el gobernador Axel Kicillof, al respecto dijo «El Estado tiene que tener el control, la fiscalización y el cobro de los peajes de la Hidrovía«
Otro de los referentes políticos fue el senador Jorge Taiana, que manifestó en una entrevista publicada por Página 12 que la prórroga de la licitación fue un error y que “…todo eso se diluyó con la publicación del decreto 949 que no habla más de sociedad del Estado y devalúa el rol de las provincias a asesoras y no participantes de la concesión, no pone plazos de renovación y no dice cuáles va a ser el mecanismo de control…Se estima que los costos de mantenimiento, control, de mejora, con la ganancia incluida para Jan de Nul y Emepa alcanzan los 130 millones de dólares por año y la recaudación no baja de los 200 millones de dólares anuales. Tienen ganancias extraordinarias”
Otros sectores políticos como el Partido Comunista Revolucionario (PCR), Patria Grande, el Evita, Nuestra América y el resto de los integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), también se han manifestado a favor de la estatización y realizan sólo diferentes iniciativas propagandísticas en favor de esa orientación.
A esta altura del partido, resulta poco creíble que desde “adentro del gobierno” se puedan lograr transformaciones estructurales reales y necesarias para una segunda y definitiva independencia.