La megaminería o minería a gran escala es la actividad extractiva que desarrollan las grandes multinacionales como Barrick Gold, Meridian Gold o Pan American Silver en nuestro territorio. En el caso de la megaminería a cielo abierto se trata de la extracción de minerales mediante la explosión de toneladas de roca.
Los impactos ambientales que provoca esta actividad en nuestro país son de dimensiones descomunales. Teniendo en cuenta los antecedentes presentes en otras provincias, la inserción de la actividad extractiva en Chubut tendría consecuencias devastadoras. Por un lado, las grandes cantidades de agua que se utilizarían en una provincia con emergencia hídrica como la nuestra, con lagos a punto de secarse y la utilización del agua del río Chubut afectaría gravemente a las comunidades cercanas, que incluso hoy se encuentran sin este bien común que, dicho sea de paso, es un derecho humano. Por otro lado, hay que sumar la contaminación del agua que se podría producir por la utilización de químicos y los escasos controles sobre la actividad.
El proyecto Navidad que pretende instalarse en la meseta chubutense, en su plan de zonificación planteaba una prohibición de la actividad a 5 km. a los lados del río Chubut. Lo que ya es una delimitación bastante insuficiente termina desapareciendo cuando en el párrafo siguiente se explicita que dicha prohibición “puede ser exceptuada oportunamente por la autoridad de aplicación”, es decir, no hay ninguna garantía de protección sobre el río. Ejemplo concreto de normativas frágiles es lo que sucedió en Jáchal, San Juan, que al día de la fecha cuenta con cinco ríos contaminados con cianuro por la multinacional Barrick Gold. Esta contaminación hizo que el agua ya no sea apta para el consumo humano y en consecuencia la vegetación y la vida acuática del río se vieron afectadas fuertemente.
Muy ligado a esto se encuentra la situación de las secretarías o ministerios de ambientes de las provincias, que en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante los debidos controles que amerita una actividad de esta envergadura, tales son los casos de Catamarca y Chubut, con sus trabajadores estatales reclamando permanentemente por salarios e infraestructura.
Otro de los ejes de contaminación de la actividad megaminera es la contaminación de los suelos y la acción directa de destrucción de ecosistemas por la sequía y la desertificación. Después del proceso de extracción del mineral, la roca fragmentada es acumulada en una escombrera, generando una montaña de roca estéril. Esto genera la degradación del ambiente, con la obvia deforestación que inutiliza los suelos. La acumulación de los deshechos en los diques de cola también implica un peligro latente, ya que la absorción de esos desechos podría contaminar las aguas superficiales y subterráneas como ocurrió en Jáchal, donde un millón de litros de agua cianurada se “escapó” al río.
Los beneficios que trae esta actividad son nulos para las poblaciones donde se realiza la extracción, por supuesto que son muy provechosos para los dueños de las multinacionales que ven las ganancias abultadas al poco tiempo de iniciada la actividad. A nivel económico las regalías que quedan en las provincias son mínimas en comparación con el movimiento de capitales que genera la industria. A nivel de generación de empleo -que es el argumento principal utilizado como las bondades de la actividad- es una mentira consciente, porque si bien generan empleo, las empresas con un mayor desarrollo tecnológico necesitan cada vez más profesionales preparados que suelen traer de sus propias regiones. La mano de obra local de pueblos como Andalgalá, Jáchal, Gastre o Telsen no tiene la preparación técnica que las empresas necesitan. Esto sin mencionar la temporalidad de los escasos empleos generados, dependientes del ciclo de vida de la mina que varía entre 10 y 20 años aproximadamente.
Por todo esto los movimientos sociales son muy importantes para la defensa de los bienes comunes como el agua y los suelos. Uno de los primeros ejemplos en nuestro país es la ciudad de Esquel, que al grito del NO ES NO en 2002 salió masivamente contra la instalación de la empresa Meridian Gold, logrando resultados abrumadores en un plebiscito donde el 80% de la población votó por el no. Como consecuencia de esto se dio también el logro de la Ley 5001 que prohíbe la actividad minera en la cordillera. Otro ejemplo más cercano en el tiempo se da en 2019 en Mendoza, donde ante la modificación de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, toda la provincia se paralizó exigiendo su continuidad, logrando retrotraer la medida y cerrando nuevamente las puertas a la megaminería. Y, por supuesto, el ejemplo más próximo en tiempo y lugar es la lucha chubutense de 2021 que logró la derogación del proyecto de zonificación minera que propuso el gobierno.
Cabe destacar que las asambleas junto a las organizaciones ambientales y los partidos políticos de izquierda como nuestro MST hemos participado activamente de la lucha antiminera durante estos 20 años en Chubut, que va por la tercer Iniciativa Popular a presentar para prohibir la megaminería en todo el territorio provincial.
No es no, porque las evidencias de estas prácticas contaminantes atentan contra nuestro ambiente. No es no, es ubicar el conocimiento científico al resguardo de nuestro suelo, de nuestros ríos, de nuestro ecosistema. No es no, no solamente es un análisis crítico sobre una rama del modelo productivo que existe en nuestro país; sino un punto de partida para pensar una forma de producción que contemple un sano metabolismo la naturaleza, sin socavarla al punto de ponerla en riesgo como lo hace la megaminería.
Emilse Saavedra