Guzmán con el FMI y el Club de París. Negociando el saqueo

Analizamos las negociaciones de Guzmán, el ministro de Alberto, con el FMI y el Club de París. A espaldas de un pueblo que sufre la crisis pandémica, discuten cómo seguir pagando la deuda eterna.

La gira europea de la primera quincena de abril del ministro Guzmán es la continuidad de las reuniones con el FMI en Estados Unidos de los últimos días de marzo. El objetivo es estirar los pagos de una deuda, a todas luces, espuria. Los encuentros con funcionarios del Club de París tienen el objetivo de buscar apoyo para las negociaciones con el Fondo y prorrogar los pagos de más de 2000 millones de euros que el país tiene que pagar a esa institución en agosto próximo. Lo mismo sucede con la búsqueda de apoyo de los gobiernos de Biden, Macrón y Merkel.
Como sea que concluyan esas “negociaciones”, el resultado será una economía nacional hipotecada por las próximas décadas y atada a un diseño cada vez más dependiente, extractivo, flexibilizado y ajustado y con una proporción creciente de empobrecimiento para una población cuya pobreza ya ronda el 50% de los habitantes del país, con salarios más bajos y una mayor desatención de los sectores más vulnerables, como los jubilados. Un saqueo planificado por los organismos internacionales y que será firmado por el gobierno de los pagadores seriales.

Sin quita y con exigencias leoninas

Si algún desorientado cree que detrás del ruido periodístico por las negociaciones de Guzmán con el Fondo se oculta alguna exigencia del ministro para reducir el total de lo adeudado por su carácter totalmente ilegítimo o porque es, como señaló la vicepresidenta en un sincericidio durante un acto electoral el 24 de marzo, impagable, se equivoca. Por el contrario, a medida que transcurre el tiempo la deuda total aumenta, lo mismo que los intereses a pagar.

El aumento de la deuda se da por diversas razones, tres de entre ellas son: en primer lugar, la crisis económica mundial; luego, una nueva emisión general de Derechos Especiales de Giro del FMI (DEG, la moneda del organismo) para enfrentar la pandemia. La tercera, el aumento de los intereses.

Las deudas con el FMI se toman en DEG, el valor de esta moneda está atada a la evolución de una cesta de monedas de las que forman parte el euro, el dólar y el yen, entre otras. La crisis económica mundial profundizada por la pandemia ha provocado un enorme gasto del gobierno estadounidense para intentar sostener empresas y consumo. Esto significó un importante aumento de la inflación en ese país y, por lo tanto, una devaluación del dólar. En síntesis, los deudores del Fondo, como nuestro país, necesitan más dólares para pagar la misma cantidad de DEG.
En segundo lugar, frente a su propio pronóstico sobre la evolución de profundización de la crisis económica mundial y la creciente rebelión de los pueblos causada por esa crisis el FMI emitió 650.000 millones de dólares adicionales en Derechos Especiales de Giro, de los cuales a la argentina le corresponden por su participación en el organismo 4.400 millones de dólares, que nadie pidió y que el organismo otorga por su propia cuenta. Y que, por supuesto hay que devolver con intereses incluidos.

En tercer lugar, según está planteado en el estatuto del organismo, la tasa de intereses por los créditos otorgados crece a medida que el crédito sobrepasa la participación del país en el Fondo. En nuestro caso pagamos el triple de los intereses de referencia del FMI.

Por otra parte, el único mecanismo contemplado por el Fondo para alargar los plazos de pago que busca Guzmán, es un acuerdo llamado de Facilidades Extendidas, que tiene un máximo de 10 años de tiempo de repago. Pero este tipo de financiación exige controles directos sobre el plan y las medidas económicas que lleva adelante el país y, si este se sale de su cumplimiento estricto, puede ser sancionado con la finalización inmediata de los plazos de pago.

Esto es lo que explica que la política económica de Fernández y que aplica Guzmán contemple tarifazos, un nuevo sistema de cálculo a la baja para las jubilaciones y pérdida de los salarios en relación a la inflación. Mientras la recaudación impositiva en el país comparada de marzo a marzo entre 2021 y 2020 fue, este año, un 50% superior que la del año anterior a la pandemia, el gasto estatal apenas subió el 2% en el mismo periodo. Y esto ocurre como consecuencia de medidas como la eliminación del IFE y los ATP, el recálculo jubilatorio, etcétera; a pesar de que esas políticas eran completamente insuficientes.

Alargar los plazos solo sirve para profundizar la entrega

El acuerdo de Facilidades Extendidas que busca Guzmán es el único instrumento por el que el Fondo acepta financiaciones a plazos similares a 10 años. Cuando le preguntaron en una entrevista, el ministro respondió que no era posible lograr una financiación superior a esos 10 años como pidió Cristina Kirchner en el acto del 24 de marzo. Es una decisión geopolítica dijo, es decir, la tienen que tomar los que mandan en el FMI, sobre todo Estados Unidos y, en segundo lugar, Francia y Alemania. Develando, a la vez, la condición del Fondo de caja para financiar políticas del imperialismo y de instrumento para diseñar las economías menores al gusto de las corporaciones y el capital financiero.

El préstamo de 57.000 millones de dólares que el FMI le otorgó al gobierno de Macri y que este facilitó para la fuga de capitales en tiempo récord, además de estar contra los estatutos del Fondo, llegó con la condición de aplicar las políticas que Macri había prometido al gran capital y no logró hacer, entre otras la flexibilización laboral, lo mismo sucede con el acuerdo de Facilidades Extendidas que estaría buscando Guzmán. Esto ya sucedió en el país en dos oportunidades y terminó en estallido económico y convulsión social: al final de la última dictadura, cuando en su retirada hizo que el país asumiera toda la deuda de las grandes empresas privadas. Y la segunda oportunidad, cuando financió la instalación de la convertibilidad menemista que terminó en el quiebre de la misma en 2001 y la caída de la Alianza por el Argentinazo. Tras esas dos operaciones, la economía argentina pasó en 40 años de 3% de desocupación a un promedio superior de 12% con picos de 25% y de una pobreza menor al 5% en la década de los años ’70 al 49% actual.

El paso del FMI por Argentina en las oportunidades anteriores dejó un país que contaba con un desarrollo industrial mediano, elaboración científica y tecnología de primer nivel convertido en una semi factoría ensambladora y, sobre todo, un país dominado por la industria extractivista del agronegocio, la minería, la cementación urbana y todo tipo de industrias depredadoras y explotadoras, entre muchas otras, concentradas, controladas y manejadas por poco más de una decena de multinacionales. No será distinto con esta “negociación”. Esto es lo único “posible” con las “negociaciones de Guzmán”.

La alternativa es no pagar y luchar por otro sistema

Es un hecho reconocido por el propio gobierno de Fernández que el crédito del FMI que se está negociando esta fuera de toda la normativa del Fondo lo que lo convierte en una estafa. Tanto en la cantidad otorgada, la más grande de la historia del organismo, como en el uso para el que fue destinado, la fuga de capitales que aseguraron la ganancia especulativa de fondos buitres y corporaciones. Esto lo hace repudiable y no obliga al pueblo trabajador a soportar las cargas de austeridad forzada y de saqueo que el país sufre como consecuencia de acordar el pago. Al mismo tiempo y, como vimos antes la negociación, para pagar solo asegura un nuevo crack económico y un mayor retroceso del país hacia un cercano horizonte de miseria. No se trata de buscar caminos más o menos posibles, porque estamos frente a una disyuntiva de hierro. Si pagamos nos quedamos sin salud, educación, ciencia, derechos sociales y laborales y soberanía, con el país devastado por un extractivismo feroz. Por eso la alternativa es no pagar y luchar por otro sistema. Uno con nombre y apellido, socialismo.

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