martes, 16 julio 2024 - 06:27

Gualeguaychú. Una enorme victoria frente a la impunidad represiva

El pasado miércoles 6 de diciembre terminaron las audiencias del segundo juicio por jurado popular, en donde el agente policial Mauricio Gómez fue declarado culpable por el asesinato de Iván Pérez, sucedido en octubre de 2019.

Luego de cuatro extensas audiencias que se realizaron entre el viernes 1 y el miércoles 6 de diciembre, se produjo un hecho importantísimo en la lucha contra la impunidad de las fuerzas represivas del aparato estatal. Esta vez en la provincia de Entre Ríos no prevaleció la impunidad de la violencia policial, sino que se hizo justicia frente a un caso de gatillo fácil, una de las causas de muerte que destacan a manos del Estado.

El caso de Iván Pérez

El 9 de octubre de 2019, el oficial Mauricio Gómez se encargó de arrebatarle la vida al joven Pérez, cuando este le disparó por la espalda en una persecución que se dio lugar en el barrio Molinari de Gualeguaychú. Iván iba corriendo desarmado y a 90 metros del agente cuando este decidió accionar el gatillo de su arma 9mm. Un hecho que dejó a la vista toda la voracidad que tiene el accionar policial a la hora de abusar de su cargo de manera injustificada.

Luego de casi dos años del asesinato de Iván, en marzo de 2021, comenzó uno de los primeros juicios por jurado popular que tuvo la provincia de Entre Ríos. El único imputado en este caso de gatillo fácil fue el policía Mauricio Gómez. Este primer juicio por falta de unanimidad del jurado quedó estancado, volviéndolo nulo y haciendo que se realice un segundo con un nuevo jurado.

Cabe destacar que este segundo juicio se materializó gracias a la movilización encabezada por los familiares de Iván, en donde pedían lo que le correspondía, una segunda instancia judicial que les diera justicia.

Un caso que no quedó impune

En esta segunda oportunidad, la suerte fue otra y se hizo justicia, demostrando que el asesinato de Iván fue un caso de gatillo fácil a manos de un agente policial, que ya contaba con un caso de violencia institucional encima, donde como condena de dicho acto tuvo un año de prisión en suspenso.

Con la unanimidad del jurado popular, el oficial de policía quedó declarado como culpable de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, al tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad en abuso de sus funciones. Un delito que le podría valer entre 8 y 25 años de encierro.

La represión estatal

El caso de Iván es uno más que se suma a la extensa lista de asesinatos por manos del Estado. Además, en esta oportunidad al caso se le suman los elementos: el de una clara criminalización de la pobreza y la falta de respuestas por parte del Estado a las personas con consumos problemáticos. En una de las declaraciones dadas por Rosa, la madre de Iván, a los medios, dejó muy en claro que en esta instancia lo que se tenía que juzgar era el accionar policial y no la vida de su hijo. Palabras que señalan que ninguna vida es descartable independientemente de la situación que le toque estar viviendo, y que no pueden seguir existiendo integrantes de las fuerzas de seguridad que arbitrariamente decidan a quien quitarle la vida.

La represión en los barrios populares, la persecución a la juventud y la mano dura fracasaron. Se demostró que estas políticas no llevan a ningún camino que conduzca a una solución frente a la crisis que estamos viviendo y que se sigue profundizando. El actual modelo de seguridad, garante de la impunidad de los poderosos, que excluye y margina a la juventud no representa solución alguna para la baja de la criminalidad y la desigualdad social. Es por esto que para terminar con todos estos males hay que atacar a las causas estructurales de estos problemas. Una educación de calidad asegurada para la juventud, la creación de puestos de empleos con salarios dignos y la atención integral a personas que presenten consumos problemáticos, serían algunas medidas que realmente cambien este panorama.

En paralelo a la aplicación de estas políticas hay que acompañar con otros cambios estructurales para que las fuerzas represivas de hoy se puedan transformar en fuerzas preventivas. La disolución de los aparatos represivos, los cuales terminan siendo parte del problema y no de la solución, ya que muchas veces se relacionan con organizaciones criminales; la real democratización del sistema judicial para así terminar con la relación directa entre el poder político y la justicia, en donde exista la elección directa de jueces y fiscales, además de que sus cargos sean revocables; y por último, la eliminación de todos los privilegios de la clase política, paraque de una buena vez se pueda sacar el manto de impunidad que cubre el accionar de estas instituciones.

Pero por otro lado, el resultado que dejó este juicio y la gran lucha que llevó adelante su familia para conseguir justicia, es una gran bocanada de aire fresco frente al panorama que se nos muestra para el futuro cercano, porque este caso nos deja un precedente, el de que se pueden frenar los hechos de impunidad del Estado.

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