Este viernes 30 de junio a las 11 horas se realizó una audiencia pública, convocada desde las bancas provinciales del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, en el anexo de la Legislatura bonaerense ubicado en 53 entre 8 y 9 de la ciudad de La Plata.
A la audiencia asistieron familiares, amigos y vecinos de Gabriel Duarte, quien fue asesinado hace casi tres meses, crimen cuya investigación avanza a paso lento, a pesar de su gravedad. Además, en la audiencia también estuvieron presentes la madre de Facundo Astudillo Castro, de Brandon Romero, de Lito Costilla y otros emblemáticos casos; representantes de organismos de derechos humanos y del SUTEBA Multicolor de Tigre, para discutir la situación actual y las perspectivas para el futuro.
El caso de Gabriel Duarte
Gabriel Duarte fue asesinado el 4 de abril de 2023 “por un sicario del narco menudeo”, según denuncian familiares y amigos. Pero la muerte de Gabriel Duarte no es un hecho aislado, y su propio hermano, Juan Manuel Méndez, fue baleado en la puerta de su casa. Sobrevivió, pero el incidente dejó marcas permanentes en su cuerpo y memoria, y su familia afirma que ambos hechos están vinculados y fueron cometidos por agentes del narcomenudeo, quienes vendían pasta base, paco y pastillas a pibes del barrio, y juraron vengarse de ser expulsados de allí. Este tipo de conflicto entre personas vinculadas al narcotráfico y organizaciones barriales es cada vez más frecuente, ya que las comunidades se organizan para protegerse, ante la violencia de estas bandas que cuentan con la complicidad estatal.
Así, ante la impunidad que se teje sobre la investigación del crimen, el barrio de Las Tunas se ha venido movilizando para presionar a las autoridades, y así tratar de obtener algunas respuestas. Pero al mismo tiempo temen que el asesinato de Gabriel quede sin una resolución adecuada, y que quede impune como en otros casos.
La violencia policial
A pesar de vivir en democracia, después de años de una dictadura genocida, el Estado sigue siendo responsable de miles de muertes, y es necesaria una agenda permanente contra la represión estatal.
Entre las causas de muerte a manos del Estado destacan dos: la muerte en la cárcel, la comisaría y bajo custodia, y el gatillo fácil. Ambos demuestran que lejos de protegernos, como pretenden instalar en el sentido común, las fuerzas represivas actúan de forma violenta y asesina, privando a muchos del simple derecho a una justa defensa.
Según el informe 2022 de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, este año el 73% de las muertes en esta modalidad fueron bajo custodia, seguido del 18% por gatillo fácil. Y cuando miramos los datos históricos, vemos que el asesinato de personas bajo custodia es cada vez más común.
Si a este panorama le sumamos el hecho de que la población carcelaria crece cada día, en contra de la tendencia de los índices delictivos, que han ido disminuyendo, podemos observar algunas tendencias:
La privación de libertad parece estar más ligada a un intento de control social, especialmente contra las poblaciones más empobrecidas.
El aumento de las tasas de encarcelamiento no responde a un aumento de la delincuencia
Por eso, siempre debemos preguntarnos, ¿a quién sirve la violencia policial y el encarcelamiento masivo? ¿Y cuáles son sus objetivos reales?
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Nuestras propuestas desde la izquierda
La mano dura y la guerra contra las drogas fracasaron en su supuesto objetivo de reducir la criminalidad y brindar más seguridad a la población. Estos enfoques no atacan las verdaderas causas del crimen y la violencia, que incluyen:
- La desigualdad social
- La exclusión y marginalidad juvenil
- La impunidad de los poderosos, los ricos, los políticos y las personas vinculadas al poder público
- El actual modelo de «seguridad», incluida la propia policía.
Por ello, para reducir la violencia y la criminalidad es necesario actuar sobre sus causas, con medidas de emergencia y de largo plazo que fortalezcan la inclusión, la solidaridad y los lazos comunitarios.
- Disolver la policía y demás aparatos represivos, ya que la policía no previene el delito, por el contrario, forma parte de numerosas redes del crimen organizado.
- Reinserción social para jóvenes, que permita rescatar a miles de pibes que ya están involucrados en la delincuencia, así como evitar que otros entren en este camino
- Otro modelo económico-social, con inversiones masivas en proyectos para revertir la desigualdad social
- Anular todos los privilegios políticos, para que no haya abusos de poder, y que sus delitos sean castigados
- Impulsar la autoorganización local, ya que son los propios vecinos quienes saben cuáles son los problemas más frecuentes en su región
- Democratización real del sistema judicial, para que la justicia no dependa del poder político, sino de la intervención social, con elección directa y revocabilidad de jueces y fiscales
- También es necesaria la legalización de las drogas para dejar de poner el acento en los consumidores, brindando atención integral a las personas que presenten consumo problemático.
Reflexiones finales
El caso de Gabriel Duarte confirma que la militancia barrial, con sus merenderos y comedores, con el movimiento piquetero independiente del Estado es la primera pared contra la que choca la violencia narco que pretende penetrar en nuestros barrios. Necesitamos una izquierda que no le dé la espalda a este importantísimo ámbito de militancia, señalándolos de “involuntarios e inconscientes”.
Hace falta más y mejor izquierda para unir por abajo la resistencia y prepararnos para el país que se viene.
Marcela Gottschald