viernes, 13 diciembre 2024 - 21:50

FMI. Se aprobó el nuevo desembolso y se modificaron la metas de reservas a cambio de más ajuste

El lunes 13 de marzo el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que se aprobó la cuarta revisión del programa de Facilidades Extendidas, que el gobierno del Frente de Todos negoció para pagar el préstamo Stand By tomado por el gobierno macrista. Una vez que el directorio del Fondo vote la revisión técnica, Argentina recibirá un desembolso por US$ 5.300 millones, dinero que una vez recibido se utilizará para pagarle al propio FMI.

Sergio Massa, por su parte, hace alarde de los resultados de esta revisión como una conquista propia. Centralmente por el hecho de haber logrado que el Fondo modifique las metas de reservas. Según lo que dicen desde Hacienda, lograron reducir las mismas en US$ 3.000 millones durante marzo y US$ 2.000 millones para la meta anual. Si bien es cierto que de esta forma el gobierno consigue algo de aire, la situación no se modifica en esencia. La entrada de dólares en el país, producto de la sequía, pone en discusión hasta estos acuerdos alcanzados. Ni hablar que la crisis de reservas locales se puede ver catalizada por la fuerte suba de tasas de interés que viene aplicando la FED y, además, la quiebra de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos.

Más allá de los números mencionados, que salen desde el Ministerio de Economía, lo que publicó el FMI en su documento apenas fue el siguiente párrafo referido a las reservas: “Si bien se esperan políticas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar mejorar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas de divisas, se solicita una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para 2023”. Y agregaron: “Esto acomodará parcialmente el impacto cada vez más severo de la sequía, al mismo tiempo que tendrá en cuenta los efectos compensatorios de menores precios de importación de energía y las medidas de políticas acordadas. Se solicita que la mayor parte de esta acomodación se realice a principios de 2023, en consonancia con el impacto adelantado de la sequía”.

Sea más o menos el monto nominal que haya negociado Massa, insistimos, por los grandes problemas estructurales de la economía Argentina y la crisis mundial es apenas una bocanada de oxigeno para el corto plazo.

De todas formas, el “alivio” que propagandiza el gobierno viene cargado de exigencias. Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, dejaron en claro en declaraciones públicas que la meta fiscal no se modifica un ápice. Remarcaron: “Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9% del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital”. En síntesis, una mirada crítica hacia la última moratoria, y también una exigencia para que se avance en la eliminación total de los subsidios en energía. Exigen por lo tanto un avance descomunal en el ajuste, en medio de un panorama inflacionario de 100% de suba interanual.

El kirchnerismo, particularmente La Cámpora salió a recriminar el documento del FMI. Sin embargo, no dicen nada acerca Massa, quien lo negoció y festeja. Tampoco llaman a romper con dicho organismo, y el fin de semana pasado la propia Cristina Fernández dejó en claro que las deudas se honran, más allá de la estafa que signifiquen para el pueblo.

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Mientras el drama social hacia el interior del país se recrudece, con más salarios de miseria, precarización, miseria y servicios que se cortan en medio de una ola de calor, el gobierno se sigue arrodillando ante el FMI. Pone nuestras cabezas al servicio de seguir pagando una deuda odiosa. Cambia jubilaciones, salarios y obra pública por el pago del préstamo que solicitó Macri y sólo fue utilizado para la fuga de capitales.

Romper con este organismo de crédito, dejar de pagar la misma y auditar esta estafa son tareas de primer orden para terminar con un pilar central de la crisis multicausal que está viviendo la clase trabajadora y los sectores populares del país.

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