jueves, 21 noviembre 2024 - 08:20

Extractivismo, crisis climática y represión. La suma de todos los males

Esta entrevista fue publicada originalmente en el tercer número de la revista impresa mensual Alternativa Socialista.

Guillermo Folguera fue parte del ciclo Argentina en disputa: Diálogos Urgentes (1), que organizamos con diversos profesionales y académicos para analizar el momento histórico que vivimos y articular una respuesta colectiva. En la Facultad de Ciencias Exactas, donde enseña, y en el día de su cumpleaños, Guillermo nos dedicó un valioso tiempo antes de reunirse con sus estudiantes para profundizar en temas clave como el RIGI, el extractivismo progresista, el rol de la ciencia y, por supuesto, el gran desafío de nuestra era: la transición energética.

Jessi: Fuiste el primero en advertir que el RIGI había sido diseñado pensando en Chubut, Mendoza y Jujuy, contanos ¿por qué?

Guillermo: Primero, una aclaración: es evidente que la idea del RIGI es aplicarlo en todo el territorio nacional. Por eso están avanzando en Río Negro, en Tierra del Fuego, que planean introducir las salmoneras; en Entre Ríos, que buscan extender la frontera agrícola. Sin embargo, considero que el poder comprende que, junto con los grandes negocios, es necesario prevenir la repetición de lo que, a mi juicio, han sido los tres eventos políticos más significativos de los últimos cinco años.

Los levantamientos provinciales en Jujuy, Mendoza y Chubut han generado una fuerte alarma en las esferas del poder. Tanto es así que, en mi opinión, han llegado a sostener alianzas políticas sorprendentes. Por ejemplo el caso de Morales o el ex gobernador de Chubut, Arcioni, incluso en plena crisis, lo premiaron recientemente con una candidatura en las últimas elecciones. En este sentido, creo que el poder entiende que debe actuar en consonancia con un sistema represivo. Los levantamientos provinciales son un claro ejemplo de ello.
En estos últimos meses, también he observado un avance considerable en la persecución judicial, tanto en Chubut como en Jujuy. Existe un intento de judicialización, como en el caso de los jóvenes en Jujuy, a través de las redes sociales.

Jessi: Esta represión no es nueva ni exclusiva de los libertarios. Ya bajo el gobierno de Alberto Fernández se creó el comando unificado de fuerzas federales, que, con más de 250 efectivos, desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, deteniendo a siete mujeres y cinco niños mapuches. Con Milei, la represión del Estado se intensifica, reforzada por la resolución 499 de Bullrich y la creación de Unidades de Seguridad Productiva, que protegen al capital extractivo, garantizando ganancias para las corporaciones e impunidad judicial y policial contra la resistencia de las comunidades.

Guillermo: Toda la información que recibimos de Jujuy y Chubut sobre los procesos de judicialización es muy impactante. Recientemente, me contactaron con tres casos de judicialización vinculados tanto a los levantamientos en Chubut como a las protestas actuales contra el RIGI. El poder intenta adelantarse a una situación insostenible, consciente de la alta conciencia territorial en estas provincias. En lugares como Jujuy, Chubut y Mendoza, no se trata sólo de asegurar infraestructura, sino de desarticular los tejidos comunitarios.

Jessi: Los lobistas del sistema siempre nos dicen que no es posible desarrollo sin actividad extractiva. ¿Cómo concebís la relación entre ambiente y desarrollo?

Guillermo: En primer lugar, es fundamental reconocer que la estructura del capitalismo se sustenta en el saqueo territorial. Esta es una matriz común, de origen colonial o neocolonial, que se repite en la historia de América Latina, África y parte de Asia. Narrar la historia de estos territorios implica narrar la historia de su saqueo. Sin embargo, es igualmente importante identificar los equívocos y las medias verdades que acompañan ese proceso. Si analizamos la noción de desarrollo de las décadas de 1950 y 1960, por ejemplo, en el caso de Argentina, observamos cómo se construyó una narrativa basada en la agregación de valor para competir con las grandes empresas
extranjeras, con un marcado acento en lo nacional. Esta manufactura, destinada al consumo interno, se concebía como un mecanismo que eventualmente mejoraría las condiciones de vida de la población. Sin embargo, al comparar esa idea con la realidad actual, advertimos que esos tres elementos han cambiado profundamente.

Hoy ya no se celebra la manufactura, sino las toneladas exportadas de litio, soja o cualquier otro recurso. El consumo ya no está orientado al mercado interno, sino al externo: el litio se exporta para las baterías de autos en Alemania, la soja se destina a alimentar cerdos en China. Ya no hablamos de un desarrollo centrado en el consumo local. Además, ha quedado en evidencia que la mejora en las condiciones de vida no es, en absoluto, la prioridad. En este sentido, resulta interesante señalar que, aunque se pueda ser crítico de las nociones de desarrollo de los años 60, lo que se discute hoy es algo completamente diferente, aunque no se haya reconocido explícitamente el cambio de discurso.

Jessi: Ligado con lo que me decías de los discursos de la década del 60, ¿qué opinas de las corrientes de opinión que levantan como programa la regulación estatal del extractivismo, quedarse con una parte de la renta extractiva y así financiar planes de redistribución
social? Hablo de Jóvenes por el Clima que hacen un copypaste de Garcia Linera confundiendo y dividiendo al movimiento socioambiental.

Guillermo: Ese es un lugar que necesariamente debía ser ocupado. Parte de mi análisis sobre esos grupos y otros afines es que han llegado a ocupar un espacio que quedó vacío en el centro del debate. Con Milei, esta situación se ha hecho aún más evidente, aunque ya era perceptible anteriormente. El extractivismo, como mencionamos en el encuentro en Sociales, se ha convertido en un tema central. Además, está interconectado con múltiples problemáticas: el saqueo a los pueblos originarios, la violación de los derechos humanos, el machismo y el patriarcado, así como la precarización laboral. El poder busca primero invisibilizar este lugar central y, como segunda o tercera instancia, recurre a la represión. Esa invisibilización, a su vez, plantea la necesidad de ocupar ese espacio en el discurso. En este sentido, estos grupos resultan muy funcionales. No quiero centrarme exclusivamente en Jóvenes por el Clima, pero este tipo de corrientes cumplen ese papel. El poder clama por alguien que venga a ocupar ese lugar y que lo haga desde una noción de control.

En el libro Veneno, cuando entrevistamos a Antonio Aracre junto con Pau, Aracre pasó gran parte de la entrevista abogando por un mayor control del Estado. Fue la persona que más insistió en la idea de control, pero un control moldeado por las corporaciones, con el objetivo
de perpetuar su dominación. Estos grupos también han levantado esa bandera, afirmando que el problema no es prohibir, sino regular. Este desplazamiento discursivo ha facilitado la burocratización y, sobre todo, ha permitido hacer aceptable la idea de un “capitalismo verde”, que en esencia es un concepto contradictorio.

Jessi: Exacto. Además, es sumamente simbólico que sea Aracre quien hable de regulación, siendo él parte del gobierno y de las
corporaciones.

Guillermo: Claro, esto fue dos meses antes de que asumieramcomo funcionario. Además, cuando uno habla con el SENASA, se hace evidente la relación orgánica que mantienen con las corporaciones.

Jessi: Sos uno de los pocos profesionales en el país que integra su rol de científico y filósofo con el de militante y activista de la ciencia digna. ¿Cómo ves la relación entre la ciencia y las comunidades afectadas por el extractivismo, considerando que muchas veces el discurso científico/ técnico hegemónico tiene más peso que las experiencias y sufrimientos de esas comunidades? ¿Cuál es tu crítica al rol que juega la ciencia en este contexto?

Guillermo: Aquí es donde entra en juego la figura de Lino Barañao, quien fue clave en la construcción de una narrativa aparentemente orientada hacia un proyecto nacional y popular. De hecho, él mismo reivindica su pasado vinculado a los gremios. Sin embargo, quienes lo conocíamos previamente, tanto como profesor en esta facultad (Exactas y Naturales) como en otros ámbitos, sabíamos de su rol como lobista de las multinacionales. Esto nos llevaba a preguntarnos cómo es posible que ambas facetas se complementen. Muchos compañeros, genuinamente, defendían la idea de que Barañao representaba una planificación estatal necesaria, argumentando que esto implicaba un mayor control del Estado.

Con el tiempo, se fue desarrollando una política que celebraba, por ejemplo, la multiplicación de patentes. Se aplaudió la creación del trigo transgénico mediante acuerdos entre el CONICET, la Universidad del Litoral y Bioceres, o el arroz mutagénico con el INTA y BASF. Esta idea de las patentes como norte sigue estando presente en el imaginario colectivo.

Creo que aquí surge un punto clave: en una reciente discusión en Sociales, se mencionó el impacto de la desaparición de 30.000 personas en nuestro país y cómo ha dejado un vacío que ha sido ocupado por una comunidad científica formada para el sector empresarial. En este
contexto, la discusión se reduce a cuestiones económicas, sin abordar normas ni orientaciones.

Cuando hablamos con personas del INTA sobre el acuerdo con BASF, la respuesta fue que habían alcanzado un acuerdo sin precedentes
en términos de porcentaje. Pero mientras se celebraba el desarrollo de un trigo transgénico, al analizar en profundidad las implicancias territoriales y alimentarias, no encontramos motivo alguno para festejar. Sin embargo, se destaca que “es argentino”, lo que añade una capa simbólica a este desplazamiento.

Este fenómeno tiene elementos históricos y nuevos. En cuanto a lo histórico, Herbert Marcuse ya en los años 60 advertía que la actividad científica había perdido de vista la pregunta política fundamental: ¿para qué y para quién se realiza? Esa cuestión sigue sin plantearse en la actualidad. En términos contemporáneos, observamos cómo ciertos conceptos, como el desarrollo, han cambiado de significado.

En este contexto, se sigue promoviendo la idea de que “más ciencia” es siempre algo positivo. Sin embargo, como científico, me pregunto ¿qué tipo de ciencia estamos promoviendo? Y cuando se examina de cerca, se revela un distanciamiento absoluto entre la comunidad científica y las comunidades territoriales.

De hecho, puedo afirmar con certeza que muchos científicos sienten temor hacia las comunidades locales. He sido testigo de cómo la comunidad científica se siente mucho más cómoda dialogando con grupos empresariales que con las comunidades afectadas. Este hecho se refleja claramente en los procesos de evaluación y asignación de fondos, donde se otorgan mayores puntajes a proyectos con
convenios empresariales, mientras que los acuerdos con comunidades territoriales son ignorados.

¿Quién ha estructurado este sistema científico y en nombre de qué? Está claro que se ha hecho en nombre del negocio, de hacer caja. Mientras tanto, compañeros y compañeras siguen justificando estas decisiones bajo la premisa de que caminan con las comunidades. Entonces, la pregunta es ¿cómo revertimos esta situación? El primer paso es romper con la dicotomía entre ciencia y eficiencia, y comenzar a cuestionar para qué se desarrolla la actividad científica y a quiénes beneficia y perjudica.

Jessi: Lo que ocurre en la ciencia también se refleja en la medicina. Antes de la dictadura, el sector médico tenía un fuerte compromiso social, pero hoy ha sido moldeado por una lógica empresarial, alineándose con los intereses de los laboratorios. El sistema de salud actual, al igual que la ciencia, no cuestiona aspectos fundamentales relacionados con el extractivismo, como las enfermedades que este genera.

Guillermo: Claro, y siguiendo esa misma línea, es importante entender cómo se articulan estos distintos niveles. Por ejemplo, cuando lanzamos la campaña junto a Meche Mendez, enfermera del Hospital Garrahan, y Anabel Pomar, de la Asamblea de Exaltación Salud, reclamamos la implementación de una historia clínica ambiental. Desde varios sectores nos advirtieron que los primeros en oponerse serían precisamente algunos profesionales del sistema médico, quienes se resistirían a aceptar una historia clínica ambiental que, hasta ese momento, no existía. Y así fue: recibimos presiones y llamadas de médicos que argumentaban que ellos ya realizaban historia clínica ambiental. Sin embargo, cuando hablábamos con madres de niños afectados por las fumigaciones, muchas de las cuales habían perdido a sus hijos, nos decían que nunca el sistema médico les preguntó si estaban expuestos a fumigaciones o qué agua consumían. En cambio, las preguntas habituales se centraban en si consumían drogas o alcohol, siempre desde una perspectiva patriarcal.

Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Creo que estamos ante un desafío tanto en el presente como en el futuro. En el presente, tenemos que ver cómo revertir esta situación, pero también es crucial generar nuevos actores. El sistema ha sido extremadamente eficiente en la formación de académicos, profesionales y funcionarios que se ajustan a su lógica. ¿Cómo logramos que empiecen a pensar y priorizar la idea de que una comunidad puede autopercibirse en cuanto a su salud, en lugar de depender exclusivamente de la validación de un profesional? Y esto en un país donde, además, carecemos de datos oficiales confiables.

Jessi: La transición post-fósil no está en discusión, ya que es una urgencia científica. Sin embargo, el sistema capitalista, responsable del colapso que estamos viviendo, disputa el significado y la dirección de esa transición. Claramente, la orientación que proponen es equivocada, ofreciendo soluciones falsas, ya que creen que el problema se resolverá simplemente con cambiar el tipo de energía, sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes limpias y renovables, sin alterar el modelo productivo y de consumo actual. Vos has estado estudiando el tema del litio, ¿cuáles son tus aportes a este debate para aclarar este panorama?

Guillermo: En primer lugar, creo que en todas las luchas y actividades que llevamos a cabo, siempre existe una disputa inicial por quién define el problema. Quien consigue definir el problema gana gran parte de la discusión posterior. En esta definición inicial, se producen varios movimientos estratégicos. El primero es una reducción epistémica: se reduce la complejidad de factores a uno solo. No quiero negar que este factor tenga importancia, pero reducir algo como la crisis climática únicamente a la emisión de gases de efecto invernadero es un grave error. Este enfoque simplifica y lleva a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, se podría llegar a pensar que una plantación de Arauco en Misiones es equivalente a un bosque natural porque ambas consumen la misma cantidad de carbono. Pero no es lo mismo: una plantación puede expulsar comunidades y secar el territorio, mientras que un bosque permite que las personas vivan y el ecosistema se mantenga equilibrado. Así, esta reducción inicial beneficia a los poderes establecidos. Además, no hay un intento real de frenar las múltiples formas de saqueo capitalista que nos han llevado hasta este punto. Entonces, la discusión sobre la energía se torna abstracta, sin abordar la cuestión fundamental de hacia dónde va esa energía. Por ejemplo, el proyecto José María va a consumir más energía que toda la provincia de San Juan. ALUAR, por su parte, consume lo equivalente a una ciudad de un millón y medio de habitantes. Estamos hablando de enormes empresas que demandan cantidades desproporcionadas de energía. Sin embargo, no se discute cómo redistribuir la energía de manera más equitativa, sino que el foco sigue siendo cómo garantizar las tasas de consumo de estas
empresas.

Cuando se formula el problema de esta manera, se ocultan las verdaderas cuestiones: ¿Quién controla la energía? ¿Para qué se utiliza? Y, sobre todo, ¿quién se beneficia de este modelo? La respuesta siempre es la misma: se mantienen las desigualdades, tanto en el eje norte-sur como dentro de las propias sociedades. Detrás de la falsa transición están Estados y China. A su vez la Unión Europea, y en particular Alemania, cuyo rol quedó en evidencia con la rebelión en Belgrado frente a la minería de litio. Detrás de los Estados, son las Corporaciones las que ocupan un lugar central. Operan y determinan el cómo y el cuándo de la transición energética. Junto con las mineras, otro rol importantísimo lo ocupan las empresas automotrices.

Así, aparecen empresas como Volkswagen o Toyota que son fundamentales para entender cómo se construye la transición energética. Finalmente, es fundamental reconocer el papel de los grupos financieros, cuyo rol es clave en esta tríada. Entonces el debate se centra en factores superficiales, como la electromovilidad, cuando en realidad el desafío es mucho más profundo.

En lugar de reducir las emisiones mediante la mejora del transporte público o el consumo local, la narrativa dominante se enfoca en seguir garantizando las mismas tasas de consumo, perpetuando las desigualdades y los modelos extractivistas.

Jessi: Mientras nos hablan de transición energética, se disputan dónde instalar plantas de gas natural licuado y cómo avanza la extracción de petróleo en Argentina.

Guillermo: Exacto. Es interesante cómo presentan el gas como un “hidrocarburo de transición”. Argumentan que emite menos gases de efecto invernadero que el carbón y el petróleo, lo cual es cierto, pero esto también invisibiliza otros problemas. Gran parte de la energía eléctrica en Argentina, por ejemplo, se genera a partir de gas natural. A nivel mundial, este porcentaje también es muy alto. Además, para construir energías alternativas, aún dependemos de los combustibles fósiles, lo que plantea un problema evidente. No podemos hablar de transición energética sin hablar de desigualdad social, democracia o quién toma las decisiones. Como decía Marcuse, han transformado un problema político en uno técnico, y eso es un error. Preguntarse quién controla la energía, para qué se usa y quién se beneficia de ella debe ser prioritario. Sin embargo, estas preguntas se relegan en favor de un modelo que perpetúa las desigualdades y mantiene el control en manos de las grandes corporaciones. Una verdadera transición energética debe basarse en una pregunta política: ¿para qué y para quién se hace esta transición?

1- Youtube de Periodismo de Izquierda: Diálogos Urgentes: modelo productivo y extractivismos. Guille Folguera y Jessi Gentile

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