En 1989, John Williamson, un ex asesor de organismos financieros internacionales, entre otros el Tesoro de Gran Bretaña y el FMI, presentó en Washington lo que a partir de ese momento se conocería como el Consenso de Washington. Era un decálogo de recomendaciones propuestas por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos para ser seguidas por los países “subdesarrollados”, en particular los latinoamericanos, con el fin de superar las crisis económicas generadas por la imposibilidad de pagar las deudas externas contraídas por gobiernos dictatoriales y asumidas por los gobiernos constitucionales que les siguieron.
En su discurso del 9 de julio, el presidente Milei leyó, muy mal por cierto, su propio decálogo, firmado por casi todos los gobernadores, logrando un consenso inesperado hasta hace pocas semanas. No se privó de criticar a los movimientos ambientalistas, usando términos muy parecidos a los que también emplearon los gobiernos kirchneristas. “Las organizaciones ambientalistas son financiadas por millonarios extranjeros”, similar a lo expresado por la ministra Bullrich durante el gobierno de Macri, cuando acusó a los pueblos indígenas de estar financiados por los ingleses. Comunicadores kirchneristas acompañaron estas críticas a los movimientos ambientales; las minorías ruidosas de Milei son los “ambientalistas falopa” del kirchnerismo. En su afán por el productivismo, el extractivismo y los saqueos extremos, no es un ámbito donde vayamos a encontrar grandes diferencias. La diferencia radica en la intensidad. Veamos en qué consiste:
El fomento a la inversión externa y el RIGI: punto siete del consenso de Milei
Aunque la similitud entre el Consenso de Washington y el de Milei es evidente en sus orientaciones, el de 2024 difiere en que parece escrito por un chatbot, en particular el punto 7 sobre temas ambientales. El punto 7 del Consenso de Washington proponía una mayor apertura a la inversión extranjera. El punto 7 de Milei… ¡también! Ahora encarnado en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Dejando aparte las invocaciones a Dios, que ningún liberal realizaría, este punto del nuevo decálogo es más explícito que el original. Titulado “recursos naturales”, hace mención a la necesidad de que las provincias se comprometan a explotar esos recursos.
Para Milei, al igual que para gobernadores radicales, peronistas, kirchneristas o del PRO, los movimientos ambientales nos oponemos a que los argentinos puedan “crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna”, a la “necesidad de prosperar que tienen los argentinos”. Los ambientalistas condenamos “a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados”, pero para eso propone, sin nombrarlo, la plena aplicación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, para un número todavía menor de “acomodados”.
En un tema podríamos coincidir en parte cuando dice que “el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema”, solo que, en lugar de atacar a los verdaderos acomodados, que son los que llevan desde la colonia explotando a la naturaleza y a los trabajadores, llama a ampliar y profundizar las fronteras del extractivismo. Con un discurso digno de IA, además de introducir tintes nacionalistas para fundamentar la mayor extranjerización de la historia, usa el ejemplo de la minería de cobre en Chile durante el gobierno “zurdo” de Allende. Pero ni siquiera a Pinochet, que a muchos de los asesores de Milei les sirve de ejemplo, se le ocurrió privatizar esa empresa.
Para explotar la cordillera, aunque no es allí donde está el cobre, existe un tratado de integración minera entre Argentina y Chile firmado durante el gobierno menemista en 1997. Pero como ese mismo tratado está acompañado de otro para preservar los recursos hídricos compartidos, no le sirve. Tampoco le sirven la Ley General de Ambiente, las leyes de preservación de glaciares o la de bosques. Igual que los ambientalistas, son obstáculos al desarrollo. Ahí tenemos el ejemplo del gobierno de Jujuy y otros con sus políticas de desplazamiento forzado de poblaciones campesinas y comunidades indígenas, que se van a profundizar cada vez más en nombre de esos “argentinos de bien”.
El párrafo siguiente también parece tener al mismo autor, con disculpas a las IA’s, cuando dice que “llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras”. En este punto, en el planeta de Milei parece que estuviéramos en la década de 1980, cuando todavía existían la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), los astilleros y la flota pesquera nacional, pero ya lo destruyó Menem. Es cierto, nos oponemos al avance del extractivismo en la tierra y en el mar, sea pesquero, de fuentes de energía fósil o la que se viene de la minería submarina, sea estatal o privado, de capitales nacionales o transnacionales. El RIGI de Milei profundiza esta matriz ecocida, extractivista y de pérdida de soberanía, con el desguace del Estado, desmantelando las autoridades de aplicación y capacidades y recursos de control, promoviendo esta entrega.
Una lucha que se viene
Solo con una política completamente contraria a la que propone Milei vamos a terminar con la pobreza extrema. Desde siempre, desde la Red Ecosocialista y el MST, venimos confluyendo en la unidad de acción con otras organizaciones, asambleas y activistas en los territorios contra el avance de la explotación de la naturaleza y los trabajadores por parte del capital, así como con nuestras propuestas de planificación democrática del uso de la naturaleza no humana. Lo que se viene ahora, con la aprobación del RIGI en las legislaturas de Jujuy, Mendoza y Río Negro, y su presentación en Salta, Catamarca, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, nos pone en la necesidad de llevar la lucha a nuevos niveles para frenar el plan de Milei y los gobernadores, y en particular el RIGI.
La Constitución Nacional, antes y después de su reforma de 1994, aunque sea muy limitada, tiene ciertas utilidades, como por ejemplo el artículo 41, que dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Este artículo podrá ser motivo para otro debate, o el 124, que establece que “los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias en que se encuentran” o el 121, donde “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Hay antecedentes donde algunas provincias e incluso municipios no adhieren a normativas nacionales y hasta a recomendaciones de organismos internacionales o instancias como el Acuerdo de París sobre la transición y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), como sucede en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, que tiene una ley que prohíbe la minería metalífera en el área cordillerana, lo que como efecto colateral desarmó las asambleas ambientales que se oponían a esta explotación. La provincia también adhiere a los ODS, pero al menos seis municipios y comisiones de fomento no adhirieron. Aunque ahora, con el RIGI presentado en la legislatura provincial, se pone en discusión toda la legislación existente.
Por eso, la tarea urgente es movilizarnos en las calles, plazas, centros de trabajo, en todos los frentes, para parar el ajuste y las políticas de este gobierno y sus socios, y en particular en el plano ambiental y contra el RIGI, pelear para que no adhiera ningún gobierno, ni provincial ni municipal. Hay múltiples ejemplos que explican que el RIGI no trae la mejora de ninguna de las condiciones de vida de la población, ya que en Argentina y en el mundo las consecuencias de este modelo son de contaminación, saqueo y hambre durante al menos treinta años.
Debemos estar a la altura para organizar una fuerte resistencia, más necesaria que nunca, con la más amplia unidad en la acción, para proponer alternativas y aportar al debate para una salida de fondo desde y para la clase trabajadora.
Por estas mismas razones, desde hace semanas se están agrupando diversas iniciativas para organizar el rechazo a la Ley de Bases y en particular al RIGI en barrios y ciudades, en las provincias y en CABA. Hace dos semanas se constituyó la campaña nacional contra el RIGI. Esta campaña, con base en la campaña anti-extractivista del 4 de diciembre de 2023 y la coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones, agrupa organizaciones socioambientales, comunitarias y barriales, pueblos indígenas, estudiantiles, sindicatos combativos y partidos de izquierda, y está llevando adelante una campaña de adhesiones que amplían aún más la cantidad de organizaciones. Te invitamos a sumar tu adhesión a la campaña, con tu firma e integrándote con fuerza en la organización y las movilizaciones contra el RIGI. Este rechazo es imprescindible y la forma de conseguirlo es con lucha, denunciando a su vez a gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejales que vienen adhiriendo o cambiándole el nombre para que parezca algo distinto, como Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Esta campaña contra el RIGI está enmarcada en una lucha contra el plan de Milei y los gobernadores, que solo nos lleva a más miseria y a un Estado fallido donde solo el ajuste y la represión funcionan.
Ale Schweitzer, Cientifico de la Red Ecosocialista, Santa Cruz