viernes, 21 junio 2024 - 04:00

Deuda externa. Se consolida el saqueo

Pagadores seriales. Hace pocos días Cristina Kirchner ratificó que los U$S 4.500 millones que el FMI girará al país como Derechos Especiales de Giro (que forman parte de un programa para hacer frente a la pandemia de COVID 19) se utilizarán para pagar los vencimientos que Argentina tiene con ese organismo en septiembre y diciembre de este año. De tal manera, queda al descubierto que la campaña del kirchnerismo -con votación en el Senado incluida- para que esos fondos sean utilizados para enfrentar la pandemia no era más que una simulación típica de campaña electoral, tal como lo vinimos señalando desde estas páginas. Es una muestra más de que, más allá de matices sobre tiempos y formas, es el conjunto de la coalición gobernante la que prioriza el acuerdo con el Fondo por sobre las necesidades obreras y populares. La confirmación realizada por la vicepresidenta es un baldazo de agua fría para los que sufrimos las consecuencias de una crisis social, económica y sanitaria de las más graves de las últimas décadas.

El gobierno y la derecha, del mismo lado. De todas maneras, las declaraciones de Cristina están a tono con el rumbo que viene llevando el gobierno desde que asumió. Sí, como se denunciaba en campaña, Macri le volvió a abrir las puertas del país al FMI, hay que decir que el Frente de Todos le prepara el terreno para que se quede a vivir a gusto y placer por varias décadas, reconociendo y legitimando una estafa que sirvió como mecanismo para la fuga de capitales de grandes empresas y especuladores. En lugar de investigar a fondo, como se prometía en campaña, suspendiendo los pagos mientras durase la auditoría, se priorizó la renegociación, primero con los bonistas y luego con el FMI y el Club de París. Mientras tanto, se pagaron en este año y medio más de U$S 7.500 millones, a lo que hay que agregar los vencimiento que quedan de acá a fin de año. En total, una cifra muy superior a la destinada para hacer frente a la pandemia en estos dos años. Así, los recursos necesarios para salarios, jubilaciones e IFE que cubra el costo de vida se transfirieron hacia buitres y especuladores. Las partidas que hubiesen permitido contratar el personal de salud necesario (con condiciones salariales y laborales dignas), reforzar el sistema de salud, destinar el presupuesto que requería la educación, así como la puesta en marcha de un plan de obras públicas que genere empleo genuino se fugaron del país, esta vez de la mano del Frente de Todos.

Pagar o combatir la pobreza. La firma definitiva del acuerdo con el Fondo, en todo caso, quedó para después de las elecciones. Las condiciones que exigirá el organismo no son compatibles con una campaña electoral clave para el gobierno. Porque el acuerdo de facilidades extendidas que otorgaría el FMI significa el monitoreo de nuestra economía y el cumplimiento de metas a tono con las demandas que vienen reclamando el conjunto de la burguesía y el propio organismo: reforma laboral, reforma previsional,
reforma impositiva y reducción del déficit fiscal. Por lo tanto, lo que puede esperarse para después de noviembre es un nuevo y brutal ajuste sobre el pueblo trabajador, reducción de presupuestos sociales y el intento de aumentar la precarización laboral y la edad jubilatoria. Además, cabe esperar la profundización del modelo extractivista, con nuevas ofensivas para instalar la megamiería, las factorías porcinas, el fracking y la entrega del Mar Argentino a las corporaciones petroleras.

Por el camino de la rebelión latinoamericana. De todas maneras, una cosa son los planes del gobierno y otra muy distinta es que logren llevarlos adelante. Las rebeliones que desde 2019 sacuden el continente tuvieron como detonante, precisamente, los planes de ajuste impulsados por el FMI. Así fue en Ecuador, Chile o Colombia, y nada indica que Argentina sea una excepción. Un ajuste a la medida de las exigencias del FMI en medio de la catástrofe social en la que nos encontramos puede sacudir todos los
cimientos, e incluso romper el muro de contención que la burocracia sindical ha costurado todos estos años. En última instancia, la importancia de la disputa electoral para la izquierda pasa por poner sobre la mesa esta situación y perspectiva, y al mismo tiempo fortalecerse para que ese momento encuentre un canal para la movilización y organización de la clase trabajadora y lo sectores populares capaz de terminar con los planes del imperialismo y comenzar un camino de verdadera soberanía y de respuesta a
las necesidades obreras y populares.

La única salida soberana es no pagar. La deuda externa se ha transformado en el principal instrumento de sometimiento colonial. Generada en su mayor parte bajo la dictadura, todos los gobiernos posteriores la han legitimado, reestructurado, renegociado y la realidad es que cada vez debemos más. El acuerdo de Macri con el FMI fue la frutilla del postre y el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se apresta a seguir pagando dólar sobre dólar comprometiendo el destino del país, de los trabajadores y los más humildes por varias décadas. La deuda no sólo significa una sangría del dinero necesario para solucionar las necesidades urgentes de los sectores populares, sino la subordinación de las políticas públicas a los designios de los organismos financieros internacionales. Nos hemos movilizado para suspender los pagos e investigar de manera independiente lo
que seguramente se ratificará como una estafa. La verdadera grieta que existe en Argentina es entre quienes pretenden seguir atados al FMI y quienes, como el MST en el Frente de Izquierda Unidad, planteamos terminar con esa estafa como primera medida para llevar adelante un plan que ponga las riquezas producidas por la clase trabajadora del país al servicio de las necesidades sociales.

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