La última dictadura cívico-eclesiástica-militar implementó en nuestro país un plan de aniquilamiento que tuvo como objetivo destruir a un sector de la población civil, al que catalogaban como “la subversión”.
Este plan sistemático y generalizado de violación de los derechos humanos incluyó prácticas aberrantes ejecutadas por el Estado y sus agentes, categorizadas según el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad y genocidio: secuestros, torturas, privaciones de la libertad en centros clandestinos de detención, ejecuciones, desaparición forzada de personas, sustracción y apropiación de menores, robo de propiedades, vuelos de la muerte. En ese marco, también se cometieron delitos sexuales.
“En un instante, los militares dispararon a mi hermano a sangre fría frente a mis ojos, y nos llevaron a un sitio desconocido, con los ojos vendados y de pies y manos atados. Me dijeron que nos encontrábamos detenidos porque éramos subversivos y judíos, luego me violaron” (Débora Benchoam, 16 años).
Brutales relatos similares pueden leerse en el informe prohibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó en 1979 a la Argentina y comprobó, entre otros crímenes contra prisioneros de la dictadura, la existencia de “amenazas o consumación de violaciones tanto de mujeres como de hombres”. También el informe Nunca más, de la CONADEP, menciona a las violaciones entre los delitos más comunes cometidos “en el marco de la persecución política e ideológica” de la última dictadura. Asimismo, la sentencia de la primera causa penal contra las Juntas Militares sostiene que los delitos sexuales fueron cometidos frecuentemente durante la represión, aunque la fiscalía no los incluyó en la acusación.
“En los partos, las mismas pacientes eran forzadas a higienizar camillas e instrumental instantes después de tener a su hijo o hija, desnudas, mientras los jefes de la tortura las insultaban” (Adriana Calvo, detenida en el Pozo de Banfield).
Los delitos contra la integridad sexual de las víctimas, perpetrados por los represores, tardaron muchos años en ser visibilizados a pesar de la magnitud atroz que representaban. Durante las primeras décadas de democracia no fueron considerados parte del plan sistemático desatado contra la población, sino como hechos aislados. Violaciones, desnudez permanente, esclavitud sexual, abortos y embarazos forzados, falsas revisiones médicas, partos clandestinos, fueron algunas de las formas de tortura que durante mucho tiempo fueron subsumidas bajo la figura jurídica de tormentos y sin un tratamiento específico.
Es muy significativo que en el Código Penal argentino, hasta 1999, las violaciones se definían como delitos contra la honestidad, cuestión que vinculaba de manera implícita la relación entre la moral y la vida sexual de las mujeres, en lugar de poner el énfasis en la agresión y el ataque a la integridad de las víctimas. Y más escandalosamente machista, recién en 2012 se derogó la figura de avenimiento, que le permitía a un agresor sexual evadir una condena al proponer matrimonio a su víctima para que ésta lo “perdonara”.
La violencia sexual como delito de lesa humanidad
Recién en 2010 la violencia sexual ejercida en el marco del terrorismo de Estado fue considerada como delito de lesa humanidad: el Tribunal Oral de Mar del Plata condenó a Gregorio Rafael Molina, ex suboficial de la Fuerza Aérea, a prisión perpetua por encontrarlo responsable -entre otros delitos- de violación agravada al ser encargado de la guarda de las víctimas por cinco hechos consumados y otro en grado de tentativa cometidos contra prisioneras del Centro Clandestino de Detención “La cueva” (o “Viejo radar”), en las afueras de la Base Aérea de Mar del Plata.
Transcurridas ya casi cuatro décadas de democracia, según el registro de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad se verifica que a marzo de 2020 sólo el 13% de las sentencias dictadas abordan los delitos sexuales de manera autónoma, es decir en 31 causas sobre un total de 241. En cuanto al género de las víctimas de terrorismo sexual, ese total de 112 víctimas incluye 97 mujeres y 15 varones. Entre los 968 condenados por crímenes de lesa humanidad, 103 fueron encontrados responsables de delitos sexuales.
Entre 30.000, les 400 presentes
“Tenía 13 años en aquella tarde de mayo de 1976. Nosotras recién estábamos descubriéndonos, saliendo a la calle, íbamos a la plaza con otra compañera trans. El camión paró y nos subieron a las trompadas. Nos llevaron al Batallón 121, donde fui apaleada, abusada sexualmente en grupo, picaneada en mi genitalidad y quebrada. Todo era acompañado de insultos sobre mi identidad: maricón, puto, degenerado, ustedes son una enfermedad, hay que matarlos de chiquitos” (Ivanna, ex detenida en el CCD en Córdoba).
El terrorismo sexual de Estado también se ensañó con la comunidad LGBT+, que en aquella época se mencionaba como minorías sexuales u homosexuales. Eran detenides, violades, torturades, encerrades no con los detenidos políticos sino con los presos comunes, en donde volvían a ser abusades.
En el libro La homosexualidad en Argentina (1987), Carlos Jáuregui cuanta: “Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshall Meyer, miembro integrante de la CONADEP, creada durante el gobierno radical, expresó en 1985 a quien esto firma, que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas, a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.
Por presión de la Iglesia, el dato de les 400 compañeres se omitió en el informe Nunca más. Uno fue nuestro compañero Gustavo Zampichiatti, militante del PST y del FLH.
“Te pasó por no cuidar a tus hijos”
Toda esta violencia que se desarrolló de manera sistemática y generalizada merece hoy ser analizada con perspectiva de género, incluyendo además el concepto de pedagogía de la crueldad, desarrollado por la antropóloga Rita Segato.
Si la dictadura tenía como principal propósito implementar un modelo económico neoliberal de ajuste, achicamiento del Estado y endeudamiento externo, necesitaba entonces quebrar al activismo sindical y estudiantil, la solidaridad popular y aniquilar a toda una generación que luchaba por el cambio social. También, debía castigar a quienes se salían de las normas, desafiando a la moral conservadora de la familia heterosexual cristiana entendida como base de la “idiosincrasia nacional”. Por eso descargó su furia hacia las mujeres por ocupar el escenario político, oponerse al sistema y romper con los mandatos patriarcales de madre y esposa en el hogar. ¡Hasta culpaban a las Madres de Plaza de Mayo por la desaparición de sus hijos e hijas, secuestrados y asesinados por las fuerzas represivas!
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se encuadraba bajo un paradigma de explotación que incluía formas de desprotección de la vida humana, y esa modalidad requiere disminuir la empatía entre personas, que es el principio de la crueldad: “algo habrán hecho”, “no te metás”, eran las tétricas frases que escondían esa ideología individualista, culpando a la víctima y alentando el miedo.
El aparato represivo y la opresión de género hoy
En su sed de ganancias, el sistema capitalista y patriarcal es capaz de apelar a la violencia, al exterminio físico y a todo tipo de crueldades inconcebibles. La oscura historia vivida debe ser una enseñanza y una motivación para continuar fortaleciendo la enorme marea feminista anticapitalista y derrotar a los sectores conservadores aliados a las fuerzas represivas, a la burguesía y a las iglesias.
La policía y las fuerzas de seguridad, además de ser el brazo armado de la burguesía para defender su propiedad privada, son parte activa de la opresión y la violencia de género. Las “comisarías de la mujer” son inútiles, la policía no recibe las denuncias de violencia y casi uno de cada cinco femicidios los comete un agente o ex agente: son los llamados femicidios de uniforme.
Es urgente y necesario construir una herramienta política de nuestra clase, revolucionaria, que defienda todos los derechos adquiridos y que pelee por cambios de fondo económicos y políticos. Con esas banderas estaremos en las calles de todo el país este 8 de Marzo y también el próximo 24 de Marzo. Así como el patriarcado es inseparable del capitalismo, la lucha por los derechos de género es inseparable de la lucha por los derechos humanos y por un cambio revolucionario, socialista.
Sonia Magasinik